Y si ya de por sí esos adeudos podrían ahogar a cualquier gobierno, lo que se ha venido descubriendo poco a poco a medida de que jueces han venido emitiendo sentencias y apareciendo convenios de pagos con instituciones como el SAT, IPE, IMSS y otros, es escalofriante. A la fecha se han detectado otros 38 mil 458 millones 660 mil 668 pesos más que no fueron registrados en las Cuentas Públicas ni fueron incluidos en Balance, ni tampoco en Cuentas de Orden y que representan pagos de capital, intereses, multas y recargos.
Tampoco se avisó de lo anterior formalmente y por escrito en la documentación de Entrega-recepción, como era obligación de acuerdo con la ley.
Así que, en resumen, el gran boquete financiero que Yunes Linares y Javier Duarte dejaron de herencia al actual gobierno ascendió, hasta donde se ha podido investigar, a 125 mil 666 millones 20 mil 191 pesos.
Y lo peor, quién sabe qué otros adeudos puedan ir apareciendo por ahí de los cuales no se le enteró al gobierno actual, pues como señaló el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, poco o nada hicieron los exfuncionarios yunistas y duartistas por defender el patrimonio de los veracruzanos. Es decir, no se sabe qué otros arreglos más hayan quedado ocultos por debajo de la mesa que estén por ahí en algún juzgado de alguna otra parte del país y que tarde o temprano tendrán que ser liquidados; como hasta la fecha se ha tenido que hacer con los adeudos hasta ahora conocidos.
De todo lo anterior, el gobierno de Veracruz ha debido ir resolviendo y pagando una gran parte de pendientes documentados o por mandato de tribunales.
De acuerdo al seguimiento que se le ha dado durante casi tres años al comportamiento de la deuda pública de Veracruz, el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, no solo ha pagado hasta la fecha los 6 mil 300 millones 771 mil 800 pesos de la deuda registrada en balance, sino también otros casi 6 mil millones de adeudos dejados en Cuentas de Orden y un poco más de 7 mil 608 millones de adeudos ocultos, convenios no registrados y sentencias legales.
Es decir, del gran boquete de 125. 6 mil millones de pesos el actual gobierno de Veracruz ha pagado a la fecha casi 20 mil millones de pesos, los que, obvio, hubieran acelerado como se esperaba el crecimiento económico y social del Estado.
Un boquete que ha obligado a emprender medidas de austeridad a fondo y de hacer circo, maroma y teatro con acreedores bancarios, empresarios e instituciones como el SAT, IPE y otros, al mismo tiempo de llevar obra pública a los rincones más apartados y marginados del Estado.
Lo positivo del caso es que a pesar de esos casi 20 mil millones de pesos que se han pagado y que han mermado los presupuestos operativos anuales del 2018 al 2021, ha sido suplido con planeación, austeridad y disciplina financiera de la mano del titular de SEFIPLAN José Luis Lima Franco; además, claro, del combate a la corrupción y apego a los procedimientos establecidos en lo que se refiere a las adquisiciones y las obras públicas.
En resumen, claro que debe haber materia para que el gobierno de Cuitláhuac denuncie a exfuncionarios yunistas y duartistas pues como lo señaló puntualmente el gobernador y se ha informado aquí, en los expedientes de sentencias firmes se puede observar que quienes eran responsables de atender las demandas no metieron ni las manos y dejaron perder los juicios con toda la mala intención de dañar el patrimonio de Veracruz.
Es decir, el adelanto del gobernador Cuitláhuac no fue una Caja China ni nada que se le parezca, las denuncias a exfuncionarios yunistas y duartistas, ahora que se ha detectado su modus operandi, es una obligación del actual gobierno.
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