Minutos antes de que iniciara este miércoles 25 de mayo, a los padres de Viridiana Moreno les rompieron el corazón. Les mostraron fotografías de despojos humanos que –les comunicaron- correspondían al cuerpo de su hija, desaparecida en Cardel desde el 18 de mayo.
Los padres, por supuesto, se niegan a creer la versión de la Fiscalía. Saben que de ahí salió la historia de que su hija no estaba desaparecida sino “resguardada”. Si en aquella ocasión mintieron, no encuentran razones para creerles ahora. Piden que sea la Fiscalía General de la República (FGR) la que se haga cargo de la investigación, pues ya les perdieron la confianza a las autoridades estatales, a todas.
Como una bofetada de la realidad al manido discurso de la protección de la mujer, cada año de este gobierno la cifra de feminicidios crece en el país, aunque para 2022 la cifra podría aumentar de manera alarmante.
Cifras de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), muestran que en 2019 se reportaron 142 casos; en 2020 fueron 167; para 2021 aumentaron a 154, y hasta abril del presente año ya iban 157.
Pero en muchos de estos sucesos, antes de confirmarse un feminicidio, se da una denuncia de desaparición.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) detalla que, de acuerdo con información de las fiscalías de 19 entidades (las otras 13 no aportan información) de enero a diciembre de 2021 desaparecieron 10 mil 032 mujeres, niñas y adolescentes; de ellas, 2 mil 281 continúan desaparecidas, y la mayoría son menores de edad.
Entre enero y febrero de 2022 se registraron 155 feminicidios en el país y las entidades con mayor incidencia son Estado de México (22), Veracruz (15), Nuevo León (14), Ciudad de México (12), Oaxaca (11), Chiapas, Jalisco y Tabasco, con siete cada uno.
“Muchas son las tareas pendientes. Es necesario revisar las Alertas de Violencia de Género, que se cuente con mecanismos eficientes para investigar y sancionar a las autoridades que no realizan su obligación de proteger a las mujeres y niñas. Son necesarios planes de coordinación entre las diferentes dependencias del ámbito municipal, estatal y federal para cuando sea necesaria en favor de las víctimas y de sus familiares. Es, desde luego indispensable, la capacitación del personal ministerial, así como la formación integral de personal pericial y policial con perspectiva de género, así como la generación de herramientas que eviten la revictimización; contar con acciones oportunas a través del seguimiento de protocolos de atención diferenciados y con una perspectiva interseccional”, apunta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
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(DE LA COLUMNA "PUNTO DE VISTA") | 
