Este fin de semana el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Legislatura, adelantó que él, en lo personal, votará en contra del Informe de la Cuenta Pública.
Argumentó que a los actuales ediles el Orfis no les tomó en cuenta las muestras de sus protocolos de entrega-recepción; dijo que algunos ediles pretenden “cubrir” a sus antecesores y que el Informe no reporta obras que los mismos diputados han constatado que no existen.
Puso como ejemplo el municipio de San Andrés Tuxtla –gobernado actualmente por María Elena Solana Calzada, de Morena y en la anterior administración por
Octavio Pérez Garay, candidato independiente– donde se construyó una pista de tartán que costó 4 o 5 millones de pesos. “Y a los 6, 7 meses está destruida, ¿cómo van a aprobar eso y cómo no va a salir en un Informe? No vamos a tapar nada de eso”, dijo.
“Yo no voy a votar a favor de una Cuenta Pública donde no fue tomada en cuenta la muestra que presentaron de entrega-recepción los nuevos alcaldes. La mayoría de los nuevos alcaldes viene y se queja con nosotros, con las diputadas y diputados, que no fueron tomadas en cuenta las actas de entrega. ¿Y por qué lo hacen? Porque muchos de ellos cubren a los exalcaldes que desafortunadamente no hicieron las cosas bien”.
Además, explicó, hay ediles que muestran al Congreso sus pruebas para comprobar que sí entregaron la documentación, pero no se las tomó en cuenta el Orfis.
La auditora general del Orfis, Delia González Cobos, afirmó que el organismo a su cargo fue “escrupuloso” con la fiscalización de las Cuentas Públicas del 2021, pero aclaró que respetarán si el pleno del Congreso del Estado no valida los informes entregados a la Comisión de Vigilancia.
Casualmente fue ella la encargada de realizar la “nueva valoración”, en el 2019, sobre las aclaraciones y la documentación presentadas por los entes fiscalizables, luego de que fuera rechazado el informe original, emitido por el anterior titular del Orfis, Lorenzo Antonio Portilla Vázquez.
Respecto a las quejas del diputado Gómez Cazarín, la titular del Orfis aclaró que, si bien no se aceptaron algunos documentos a funcionarios o exfuncionarios municipales para validar acciones u obras públicas, esto se debió a que no cumplían con los requisitos o no estaban certificados.
Advirtió que, si los legisladores locales rechazan el informe general entregado el pasado 30 de septiembre, se generará una incertidumbre jurídica, pues se podría dejar sin sancionar a quienes cometieron faltas no graves.
En opinión del dirigente estatal del PAN, Federico Salomón Molina la actitud de algunos diputados respecto al informe del Orfis, podría obedecer más bien a “una venganza”, porque a alguien no le cumplieron sus caprichos.
Lo cierto es que, desde la Tribuna del Congreso, los legisladores deberán justificar el sentido de su voto, y ahí podremos conocer si de verdad se detectaron irregularidades tan graves como para rechazar el informe.
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(DE LA COLUMNA "PUNTO DE VISTA") | 
