Eso nunca sucedió.
El único argumento de la Comisión de Vigilancia (integrada por 15 legisladores) para disponer que el informe sea rechazado, fue –según su presidente, el diputado por San Andrés Tuxtla, Rafael Fararoni- que “al menos 20 personas, entre exediles y actuales autoridades municipales, (aseguran) que no fueron tomados en cuenta sus documentos, dentro de la muestra del organismo fiscalizador”.
No aclaran quiénes, ni a qué ayuntamientos se refiere. Esas observaciones, por supuesto, se hubieran aclarado si la Comisión de Vigilancia hubiera atendido al artículo 59 de la Ley de Fiscalización.
No tiene una sola razón de peso, pero “se les hace sano”, según el diputado.
“Se hizo una muestra, donde hay ciertas inconformidades, de varios diputados y vemos sano que lo hagamos; es algo que podemos hacer como diputados, tampoco nos vamos a extender otro año, el chiste es que se haga una buena cuenta”.
¿Es mala la presentada? ¿Por qué o en dónde?
Hace bien en aclarar que se trata, apenas, del dictamen de la Comisión, que falta su discusión y votación en el Pleno, pero es sabido que, votando en bloque, los legisladores de Morena y partidos afines, superan con creces los votos que necesitan para que dicho dictamen sea ratificado.
Una vez aprobado el dictamen, empezarán a correr los 90 días adicionales para que se presente un nuevo informe sobre la auditoría a las Cuentas Públicas del 2021. Será entonces cuando esos “varios diputados” y esa “veintena de exediles y actuales autoridades municipales”, deberán mostrar las “inconsistencias expuestas”.
Y pensar que todo esto se ha armado para proteger a un exalcalde panista…
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(DE LA COLUMNA "PUNTO DE VISTA") | 
