Rosaldo plantea una estrategia que apuesta por la presencia directa del gobierno en el territorio, a través de cuatro Centros Integrales de Servicio. No es una idea menor. La dispersión burocrática ha sido, históricamente, una de las principales barreras para que los programas sociales lleguen a quien realmente los necesita. Centralizar servicios médicos, asistenciales, de protección civil y seguridad en puntos estratégicos puede reducir costos de acceso y tiempos de atención.
Sin embargo, la pregunta clave no es dónde estarán los centros, sino cómo se sostendrán. La experiencia nacional demuestra que muchos proyectos sociales fracasan no por falta de voluntad, sino por ausencia de planeación financiera, evaluación de impacto y controles de calidad. La gratuidad, por sí sola, no garantiza eficacia ni permanencia.
El enfoque de humanismo mexicano —concepto que ha permeado el discurso político nacional— tiene una virtud: coloca a la persona en el centro. Pero también un riesgo: convertirse en consigna si no se acompaña de indicadores verificables. Erradicar pobreza exige metas medibles, padrones transparentes, reglas claras y evaluación constante. Sin eso, el humanismo se diluye en retórica.
En materia de política social, el alcalde toca los tres pilares clásicos del bienestar: salud, educación y vivienda. No hay novedad conceptual, pero sí una intención de intervención directa.
La oferta de servicios médicos básicos gratuitos responde a una realidad inocultable: la precariedad del sistema de salud para quienes viven en los márgenes. Consultas, medicamentos esenciales y atención preventiva pueden marcar una diferencia real si se ejecutan con seriedad profesional y no como botín político.
El convenio con el IVEA para combatir el analfabetismo es, quizá, uno de los anuncios más relevantes. Pocas decisiones generan mayor movilidad social que la alfabetización. Convertir bibliotecas en centros activos de capacitación es una idea sensata, siempre que se dote de personal capacitado y continuidad presupuestal. La educación no admite improvisación ni simulación.
En vivienda, el llamado a erradicar los pisos de tierra es una medida concreta, medible y con impacto inmediato en salud y dignidad. México conoce bien este programa. Funciona cuando se aplica con criterios técnicos y sin intermediarios políticos. Fracasa cuando se convierte en clientelismo.
Rosaldo insiste en la eficiencia del gasto público. Aquí conviene ser claros: la pobreza no se erradica solo con buenas intenciones, sino con administración rigurosa. Coatzacoalcos arrastra problemas financieros y de servicios básicos. La reingeniería administrativa que anuncia será puesta a prueba desde el primer trimestre.
La entrega de luminarias, la mejora estética urbana y la donación masiva de lentes son acciones visibles, de alto impacto mediático. Funcionan si se integran a una política pública coherente; se desgastan rápido si se usan como sustituto de una estrategia integral.
Gobernar con eficiencia implica algo más incómodo: priorizar, decir no, cerrar fugas de corrupción y transparentar cada peso. Ahí es donde muchos proyectos bien intencionados se descarrilan.
Erradicar la pobreza extrema en cuatro años es una meta ambiciosa. Posible, sí. Garantizada, no. Dependerá de factores internos —capacidad de gestión, disciplina administrativa, honestidad— y externos —coordinación estatal y federal, contexto económico, seguridad—.
La historia reciente de Veracruz enseña una lección dura: las promesas sociales sin institucionalidad terminan en frustración colectiva. Por eso, el verdadero examen para este gobierno municipal no será el anuncio, sino la ejecución.
El compromiso está hecho. Ahora viene lo difícil. La ciudadanía no necesita discursos conmovedores; necesita resultados verificables. Si el alcalde logra traducir su narrativa humanista en políticas públicas evaluables, Coatzacoalcos podría iniciar una recuperación social largamente postergada. Si no, la promesa se sumará al archivo de buenas intenciones incumplidas.
En política, erradicar la pobreza no es un acto de fe. Es un acto de gobierno. Y el tiempo, siempre implacable, será el único juez.
(COLUMNA "BITÁCORA POLÍTICA") |