Por un lado, se difundieron presuntas deficiencias técnicas en los contenidos, errores ortográficos, vacíos en matemáticas, así como una supuesta carga ideológica de corte comunista que, según grupos conservadores como el Frente Nacional por la Familia, busca adoctrinar y polarizar a los estudiantes, profundizando la brecha entre ricos y pobres. Incluso se habla de una narrativa que cuestiona el papel tradicional de la mujer en la sociedad.
A ello se suma la acusación de que Arriaga se habría negado a corregir materiales, a transparentar las asambleas de consulta con maestros y padres de familia, y a aceptar modificaciones sugeridas desde la propia SEP. La narrativa oficial y mediática terminó construyendo el retrato de un funcionario rígido, cerrado y políticamente incómodo.
En ese contexto, también se introdujo la supuesta influencia de Sady Loaiza, exfuncionario del gobierno de Nicolás Maduro, y presuntas conexiones con Alex Saab, como factores determinantes en la salida de Arriaga. Una carga explosiva que abonó al escándalo.
Pero existe la otra cara de la moneda.
Arriaga y sectores académicos independientes defienden la Nueva Escuela Mexicana, argumentando que el nuevo modelo busca romper con la educación tecnocrática heredada del neoliberalismo, fomentar el pensamiento crítico y reivindicar las luchas sociales e históricas del pueblo mexicano. Sostienen que los ataques responden más a una resistencia ideológica al cambio que a deficiencias reales en los contenidos.
Así, el despido de Marx Arriaga terminó politizándose en las alturas del poder, más que resolviéndose en el ámbito estrictamente educativo. El propio exfuncionario denuncia un despido injustificado y se ha atrincherado en su oficina, alegando violaciones a sus derechos laborales.
Sin embargo, el dato clave es otro.
Tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como el secretario de Educación Mario Delgado han sido claros: el proyecto educativo no cambia. La esencia de la Nueva Escuela Mexicana y los libros de texto gratuitos se mantiene intacta, con o sin Arriaga.
Es decir, el problema de fondo no son los contenidos, ni el modelo educativo, sino la figura política de Marx Arriaga.
Todo apunta a que el escándalo mediático busca elevar un conflicto laboral a crisis nacional, generando ruido, desgaste y, eventualmente, dividendos políticos para quienes más atizan el fuego.
¿Una cortina de humo?
Sí.
Pero la verdadera pregunta es: ¿de quién?
Así que no nos engañemos: el escándalo no busca mejorar la educación, sino rentabilizar políticamente el conflicto. En tiempos electorales, nada genera más ruido que tocar la escuela, la niñez y los valores. El aula convertida en ring, el pizarrón en trinchera y los libros en munición política. Triste, pero eficaz. Y peligrosamente rentable.
Porque en el fondo, no se discute pedagogía, ni libros, ni métodos educativos. Se disputa el control ideológico del aula, la narrativa del país y el rumbo de las próximas generaciones. Y cuando la educación se convierte en campo de batalla política, lo que menos importa es el aprendizaje. Lo grave no es quién diseñó los libros, sino quién decide qué deben pensar millones de niños. Y eso, pase lo que pase con Marx Arriaga, seguirá siendo la verdadera pelea.
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