Sin embargo, el hecho de que el abogado defensor y representante del exgobernador panista haya quedado a cargo de Fernando Gómez-Mont, exsecretario de Gobernación durante el gobierno de Felipe Calderón, confirma que el proceso tendrá también un inevitable toque e impacto político.
Porque una acusación puede abrir un expediente; pero sólo un tribunal puede acreditar responsabilidades.
Y debe quedar claro, en un Estado de Derecho como el que ya se presume en México, que ni la trayectoria política condena por sí misma, ni el cargo público debe blindar frente a la justicia.
(COLUMNA "FIGURAS Y FIGURONES") | 
