La controversia sobre la Modalidad 40 del IMSS coloca nuevamente esa discusión en la agenda nacional. El acuerdo publicado el 21 de octubre establece medidas temporales: para nuevas incorporaciones y quienes concluyan su periodo contratado, toma como referencia el último salario base registrado al causar baja, con posibilidad de incrementarlo hasta una UMA. Quienes ya estaban inscritos conservan sus condiciones hasta concluir el periodo contratado; además, se reconocen las semanas y salarios efectivamente pagados.
El matiz resulta decisivo: el documento modifica condiciones de incorporación y continuidad; no decreta una reducción general de las pensiones existentes. También ordena un análisis financiero en seis meses y, posteriormente, la elaboración de una propuesta normativa. Así, el diagnóstico todavía deberá precisar el impacto del esquema. Presentarlo como una quiebra demostrada o atribuirle, por sí solo, los problemas de la atención médica adelantaría conclusiones que requieren evidencia.
Tampoco corresponde convertir al trabajador en culpable por utilizar una opción legal para mejorar su retiro. Si el diseño produce desequilibrios, las autoridades deben explicarlos, cuantificarlos y corregirlos mediante reglas claras. La legitimidad de una reforma depende tanto de su sustento técnico como del trato que brinda a quienes organizaron sus últimos años laborales conforme a disposiciones previamente autorizadas.
Veracruz ofrece elementos para una discusión menos estridente. En diciembre de 2025, el Gobierno estatal informó que la reserva técnica del IPE había alcanzado 3 mil 139 millones de pesos en octubre de ese año y anunció una Ruta de Fortalecimiento 2025–2030. El propio comunicado reconoció las presiones actuariales. Hay, por tanto, avances institucionales que merecen reconocimiento, junto con desafíos que obligan a sostener el trabajo.
La lección veracruzana debe formularse con rigor: fortalecer reservas, proteger patrimonio y asegurar pagos demuestra capacidad de intervención pública; acreditar viabilidad duradera exige, además, conocer cuánto crecerán las obligaciones y cómo serán financiadas. Confundir liquidez presente con solvencia futura sería tan irresponsable como anunciar una catástrofe sin revisar los balances. La voluntad política produce resultados cuando se acompaña de administración profesional, vigilancia y evaluaciones periódicas.
Para el gobierno de Rocío Nahle, preservar al IPE significa defender un instrumento de estabilidad social. El Ejecutivo estatal debe seguir siendo garante y defensor de trabajadores y jubilados, con presupuestos responsables, aportaciones oportunas y una interlocución permanente con sus organizaciones. Esa defensa también implica informar con claridad sobre los riesgos y construir soluciones antes de que una emergencia reduzca las alternativas disponibles.
Una agenda seria debe publicar estudios actuariales comprensibles, revisar adeudos patronales, combatir simulaciones y acordar cualquier transición con las partes involucradas. El consenso no elimina las decisiones difíciles: permite distribuir sus costos con legitimidad. Alterar abruptamente la ecuación pensionaria puede provocar litigios, movilizaciones y una crisis de confianza de enormes consecuencias.
Las pensiones sostienen también la gobernabilidad. Reformarlas a tiempo exige cumplir una obligación elemental del Estado: proteger el retiro de quienes trabajaron y preservar ese derecho para quienes vienen detrás.
Al tiempo.
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