Según la Fiscalía, el esquema consistía en publicar contenido de usuarios sin su consentimiento y posteriormente exigir pagos a cambio de retirarlo de las plataformas digitales. Además, se indaga si los detenidos tenían vínculos con redes de reclutamiento de mujeres para servicios sexuales y el uso de identificaciones oficiales para suplantar identidades.
"Posible participación en la operación de cuentas en redes sociales identificadas como 'Tía Paty', utilizadas para la difusión de contenido y la presunta exigencia de pagos a cambio de su retiro".
La red "La Tía Paty" llegó a tener una amplia presencia digital, con decenas de miles de usuarios que accedían a grupos privados mediante pagos, donde se compartían rumores, denuncias e incluso imágenes íntimas. De acuerdo con testimonios, algunas víctimas eran extorsionadas con sumas elevadas para eliminar publicaciones que afectaban su reputación.
Incluso, autoridades investigan si algunos espacios digitales eran utilizados para facilitar encuentros sexuales pagados, así como campañas de difamación en las que usuarios podían pagar para perjudicar a terceros con información no verificada o manipulada.
El caso ocurre en un contexto donde la extorsión se ha convertido en uno de los delitos de mayor impacto en México. Este ilícito fue elevado a dicha categoría el 28 de noviembre de 2025, lo que implica que ahora es perseguido con el mismo rigor que delitos como el secuestro o el homicidio doloso.
De acuerdo con el Gobierno de México, los extorsionadores suelen recurrir a la violencia psicológica, amenazas o engaños para intimidar a sus víctimas. En muchos casos, obtienen información personal a través de redes sociales o bases de datos para ejecutar sus fraudes.
Las autoridades también advierten que los delincuentes pueden hacerse pasar por representantes de instituciones bancarias, empresas de telecomunicaciones o dependencias gubernamentales con el fin de obtener datos sensibles y utilizarlos en esquemas de extorsión.
Actualmente, Astrid "N" y César "N" ya fueron puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente, mientras continúan las investigaciones para determinar el alcance de sus actividades y posibles cómplices. | 
