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La impugnación carece de pruebas |
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Haciendo uso de sus prerrogativas legales, el día de ayer se presentaron ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dos solicitudes de Juicio de Revisión Constitucional en Materia Electoral respecto de la elección celebrada en Veracruz el pasado cuatro de julio, específicamente contra el Dictamen de Validez otorgado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en lo relativo a la elección de Gobernador del Estado.
Los promoventes fueron el Partido Acción Nacional y la Coalición "Para Cambiar Veracruz" integrada por los partidos Convergencia, De la Revolución Democrática y del Trabajo.
Al respecto, el Partido Revolucionario Institucional expresa lo siguiente:
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1.- El doctor Javier Duarte de Ochoa es Gobernador Electo de Veracruz, como resultado de un proceso electoral transparente, apegado a derecho y, principalmente, como resultado de la decisión mayoritaria de los veracruzanos expresada en votos. Las autoridades competentes han sancionado su elección y determinado su validez y legalidad.
2.- Cualquier intento de modificar estos hechos constituye un propósito absurdo e inmoral del subvertir la voluntad popular y traicionar el espíritu de la democracia representativa en la que triunfa quien obtenga la mayoría de votos, en este caso, de 1'356,623 sufragios legales en favor de Javier Duarte de Ochoa.
3.- Respecto de los medios legales sustentados en las solicitudes de juicios de revisión constitucional, es muy importante apuntar las siguientes inconsistencias:
La revisión constitucional prevista por nuestro sistema legal tiene el propósito de garantizar a los justiciables la protección de sus derechos. Es evidente por sí mismo que ninguna de las promociones presentadas logra probar ni en mínima forma que la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave atente o perjudique a los quejosos. En otras palabras: no demuestran ningún perjuicio en su contra.
Las promociones presentadas anoche no se ajustan a derecho, pretenden romper los procedimientos establecidos, incorporar nuevas supuestas pruebas y nuevas litis, cuando ello está expresamente prohibido en la ley.
Los argumentos presentados en ambas solicitudes repiten sin excepciones las mismas presuntas pruebas y evidencias que se ofrecieron ante el Tribunal Local, siendo debidamente analizadas y valoradas por los señores Magistrados, desechándose de plano la mayoría de ellas. Cabe decir que la mayoría son periódicos y algunas grabaciones que, por cierto, aparecen en blanco y sin registros útiles.
Las inconsistencias son extremas. Por ejemplo el día de hoy, los representantes del Partido Convergencia declararon a los medios que aportaron para su nueva solicitud 1'751 pruebas. Como se acredita en la foja 110 de su promoción, sólo exhibieron 38. Además, en esta etapa y de acuerdo con la ley, no es procedente aportar nuevas pruebas.
Ambos promoventes omitieron un mandato legal, al presentar una nueva solicitud de dictamen de impugnación de casillas, a pesar de que el término para hacerlo venció el pasado día 31.
En el colmo del absurdo y exhibiendo un profundo desconocimiento del proceso legal, el recurso presentado por el PAN no señala quién es el actor, lo que demuestra la pésima calidad del instrumento con el que buscan alterar el resultado de la voluntad ciudadana.
Ambas promociones carecen de la más elemental técnica jurídica. Se trata de instrumentos de corte político y promocional que no se ajustan a las normas procesales.
Los que firman las promociones a nombre del Partido Acción Nacional carecen de representación legal para hacerlo, lo que por sí mismo las hace inválidas.
Dentro de las promociones se confunde a la "Coalición Para Cambiar Veracruz" con la "Coalición Despierta Veracruz".
Los alegatos presentados son meras reiteraciones de lo que ya fue resuelto debida y fundadamente en el Dictamen de la autoridad judicial electoral local.
Hay pocas novedades en sus argumentaciones y las que presentan son absolutamente improcedentes, como por ejemplo la pretensión de desvirtuar la integración del órgano local de justicia electoral o sustentar que los audios que obtuvieron ilícitamente no tienen el carácter de conversaciones privadas.
El señor Froylán Ramírez Lara se ostenta como representante de la Coalición "Para Cambiar Veracruz", sin serlo ni tener la personalidad legal pertinente. Ni el Partido de la Revolución Democrática ni el Partido del Trabajo reconocen al señor Ramírez Lara y se desmarcan claramente de su promoción.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Sorprende y es de lamentarse la actitud de insolencia y falta de respeto que se percibe en ambas promociones, que -se insiste- parecen redactadas por la misma persona: el uso de términos ofensivos pretende sustituir a los argumentos de los que carecen: llaman a consejeros y magistrados "haraganes", "integrantes de la delincuencia organizada" y suponen que con ello modificarán el resultado de las elecciones.
El PRI de Veracruz lamenta profundamente que con argucias jurídicas, por cierto de muy mala calidad, se pretenda trastocar el mandato de los veracruzanos.
Lamentamos, también, los excesos del licenciado Miguel Ángel Yunes Linares, cuyas frustraciones producto de sistemáticos fracasos, cuya furia y cuya conducta oprobiosa lo han llevado al extremo de convertirse en calumniador profesional, en triste inventor de historias fantásticas que cada vez menos personas le creen, ya ni siquiera sus seguidores de antaño. Lamentamos que sus ansias de poder pretendan causar desasosiego en Veracruz.
Sabemos que no podrá lograrlo.
Tenemos plena confianza en las instituciones de México y respetamos el sistema de derecho que juntos, todos, hemos construido.
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