El robo de combustibles en el país oscila entre los 15 y los 20 mil millones de pesos al año, aseguró el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade.
"No tenemos una cifra precisa, pensamos que, en general, sumando el IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) y el valor del combustible, estamos hablando de cantidades que deben de rondar entre los 15 y los 20 mil millones de pesos al año, es un monto muy importante”, indicó el funcionario federal.
En entrevista para la Primera Emisión de Imagen Informativa, con Pascal Beltrán del Río, Meade reconoció que el robo de combustibles es un “fenómeno complejo”, que el gobierno federal enfrentará de manera integral.
“Tenemos que hace acciones desde Pemex en materia de control. Tenemos que utilizar información de inteligencia financiera, información de SAT. El robo del combustible tiene una dimensión fiscal. Necesitamos fuerza pública, necesitamos intervenciones sociales, porque es un fenómeno que corrompe el tejido social”, reconoció.
“Necesitamos combatir la oferta y la demanda. Si solamente nos concentramos en trabajar en la oferta, que es muy importante, se nos está yendo la otra mitad del fenómeno que es quienes compran la gasolina, el diésel, el combustóleo, el petróleo robado”.
Meade dijo que el gobierno federal analiza casos de éxito de otros países en el combate a este delito, como Colombia, donde al atacarlo de manera integral, lograron disminuirlo.
“En un plazo relativamente breve, se logró reducir de forma muy importante esta actividad delictiva, en parte, porque hicieron esto que nos sugirieron y que estamos haciendo nosotros: ver el problema de una forma más integral, atacar la oferta, atacar la demanda, meter tecnología, meter controles”, aseguró.
“No hay una bala de plata, no hay una solución mágica, no hay sola acción que nos ayude a resolver el problema”.
De enero a la fecha, se han registrado seis ataques con armas de grueso calibre de huachicoleros contra el Ejército, principalmente en dos municipios de Puebla: Palmar de Bravo y Palmarito; en este último, el 4 de mayo, cuatro soldados murieron en dos enfrentamientos contra ladrones de combustibles.
Días después del ataque, el presidente Enrique Peña Nieto ordenó combatir de frente este delito mediante una “estrategia integral”, enfocada en desarticular a las bandas criminales dedicadas al robo de combustibles.
El aumento al precio de los combustibles puesto en marcha por el gobierno a principios de 2017, no sólo desató violentas manifestaciones, sino que incrementó el robo organizado de combustible, ante el aumento de clientes de las gasolinas robadas.
Puebla es hoy el epicentro del fenómeno conocido como “huachicol”, en torno del cual miles de familias se sostienen. Sin embargo, en este tipo de hurtos participan grupos relacionados con los cárteles de la droga, que infligen a Pemex alrededor de dos mil millones de dólares en pérdidas anuales.
Con precios inferiores a siete pesos por litro, la gasolina de los huachicoleros es un atractivo para muchas personas del llamado Triángulo Rojo —entre ellos Quecholac, Acatzingo y Acajete— y sus alrededores, que alimentan un negocio que, según expertos, las autoridades dejaron crecer “irresponsablemente”.
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