De esta manera se establece la creación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, cuyo titular deberá reunir los requisitos que la ley requiere. No podrá ocupar el cargo quien haya sido secretario de despacho, Fiscal General, diputado local o federal, Senador o presidente municipal durante el año previo al día del nombramiento.
El Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción será nombrado por las dos terceras partes de los diputados presentes. Durará en el cargo cinco años, sin perjuicio de que pueda ser removido -a solicitud del Fiscal General del Estado o por el propio Congreso- por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes cuando se actualice alguna de las causales que se establezcan en la ley para tal efecto.
En cuanto al ORFIS se determina que realizará la revisión de las Cuentas Públicas, en un periodo no mayor de un año, conforme al procedimiento de fiscalización superior, bajo los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.
El ORFIS mantendrá coordinación con la Auditoría Superior de la Federación, para fiscalizar las participaciones federales. Los informes de auditoría que emita tendrán carácter público.
También se establece que a más tardar el primer día del mes de octubre del año de la presentación de las Cuentas Públicas correspondientes el ORFIS deberá remitir al Congreso del Estado el Informe de Resultados, el cual contendrá las conclusiones técnicas de la fiscalización y se someterá a la consideración del Pleno, para su aprobación.
De igual forma se instituye el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa como órgano dotado de plena autonomía. Tendrá personalidad jurídica y patrimonio propios, independencia en sus decisiones, y será la máxima autoridad en la materia, con la jurisdicción y competencia que determine esta Constitución, su Ley Orgánica y demás legislación relativa.
Este Tribunal será competente para dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal y municipal y los particulares; imponer, en los términos de ley, las sanciones a los servidores públicos estatales o municipales por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves, entre otros.
Los Magistrados del Tribunal serán nombrados por el Congreso a propuesta del Gobernador. Durarán en su encargo diez años improrrogables y sólo serán removidos de conformidad con lo dispuesto por esta Constitución y la ley.
El Sistema Estatal Anticorrupción contará con un Comité Coordinador, que estará integrado por los titulares del ORFIS; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; y de la Contraloría General; por el Presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; el Presidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; un representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y otro del Comité de Participación Ciudadana.
El Comité de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y serán designados en los términos que establezca la ley.
El Dictamen refiere que se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.
El Congreso del Estado emitirá las convocatorias para la designación de los titulares de los Órganos Internos de Control de los Organismos Autónomos del Estado dentro de los 70 días posteriores a la entrada en vigor de las reformas correspondientes.
En los posicionamientos y a nombre del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) el diputado Bingen Rementería Molina destacó el trabajo de las diversas bancadas representadas en el Congreso del Estado para la elaboración del Dictamen relativo al Sistema Estatal Anticorrupción. “En esta ley se tomaron en cuenta las aportaciones de los veracruzanos y se analizó en conjunto las propuestas del Ejecutivo y de los diputados”, añadió.
Por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) el diputado Carlos Antonio Morales Guevara enfatizó que esta reforma es uno de los asuntos de mayor trascendencia en la agenda legislativa, y una respuesta ante las exigencias que la sociedad demanda. Añadió que el Sistema Estatal Anticorrupción responde al objetivo de fortalecer la efectiva rendición de cuentas, “también tiene un propósito todavía más alto: regenerar la legitimidad de nuestra instituciones, a través de renovar el pacto de confianza con los ciudadanos”, abundó.
La diputada de MORENA, Daniela Guadalupe Griego Ceballos manifestó que es fundamental que el Congreso participe en la designación del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, pero –agregó- deben evitarse la intromisión de otros poderes. También destacó la inclusión del Comité de Participación Ciudadana, mismo que debe estar fortalecido para que pueda actuar.
La legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Yazmín de los Ángeles Copete Zapot indicó que el Sistema Anticorrupción debe ser útil para Veracruz y atender los intereses generales, procurar el buen uso y destino de los recursos públicos.
“La corrupción es el peor cáncer del país e hizo metástasis en Veracruz, no solo define un sistema jurídico institucional, federal y locales, severamente dañados y permisivos; una clase política insaciable y perversa; sino también, una sociedad pasiva y tolerante”, expuso la diputada del PRD.
Por el Grupo Legislativo Juntos por Veracruz, el diputado Fernando Kuri Kuri señaló que con esta modificación ya no habrá más “leyes a modo”. Esta reforma constitucional es el primer paso para que puedan presentarse leyes secundarias en materia anticorrupción que contengan sanciones severas contra quienes infrinjan la ley. Este Sistema será preventivo y reactivo, pero para lograrlo se requiere la participación de la ciudadanía, concluyó.
Al ser aprobado bajo el procedimiento especial de reformas constitucionales, este Dictamen será enviado a los 212 ayuntamientos para su consideración, y en caso que al menos 107 lo aprueben la Legislatura lo declarará aprobado en lo general y lo remitirá al Poder Ejecutivo para su publicación en la Gaceta Oficial del Estado.
En esta sesión justificaron sus inasistencias los diputados Arturo Esquitín Ortiz y Manuel Francisco Martínez Martínez. | 
