Más de 622 mil jóvenes soñadores aguardan a que la administración del presidente Donald Trump tome una decisión esta semana sobre el futuro del programa de Acción Diferida (DACA) que les permite permanecer en EU.
Una decena de gobernadores republicanos amenaza con demandar a Trump si no suspende el programa a más tardar mañana.
Actualmente hay alrededor de 790 mil jóvenes soñadores, de los cuales unos 622 mil 170 son mexicanos, informó a Excélsior el Centro de Investigaciones Pew.
La mayoría de los dreamers vive en California, con 223 mil jóvenes, seguido de Texas con la mitad de los que hay en California.
Si Trump suspende el programa o si los gobernadores recurren a partir de mañana a un juez del sur de Texas, que ya antes intentó suspender el programa DACA, quedaría sin efecto mientras se resuelve en tribunales.
Los gobernadores, encabezados por Greg Abbott, de Texas, planean continuar el caso hasta la Corte Suprema de EU.
Debido a que se terminaría su permiso legal para permanecer en EU, cada mes se quedarán nuevamente indocumentados unos 30 mil jóvenes soñadores, entre ellos 23 mil 700 mexicanos, de acuerdo con cálculos de un grupo que dirige Mark Zuckerberg, fundador de Facebook.
Ese grupo encontró que terminar con DACA tendrá un impacto mayor en la economía estadunidense, pues 91 por ciento de los dreamers está actualmente empleado.
Se trata de puestos en su mayoría para jóvenes profesionales, no ligados a manufactura o al campo.
Otro estudio, el del Center for American Progress, advirtió que terminar con el programa de los jóvenes soñadores se traducirá en una pérdida de 433 mil millones de dólares en los próximos diez años.
Tan sólo en California se perderían 188 mil puestos de trabajo, lo que se traduce en pérdidas por 11 mil 300 millones de dólares al año; en Texas las pérdidas serían por seis mil cien millones de dólares anuales, de acuerdo con ese centro.
La Casa Blanca informó, la semana pasada, que Trump anunciaría mañana su decisión sobre DACA, el cual se creó mediante una orden ejecutiva del expresidente Barack Obama en 2012 para permitir que los jóvenes indocumentados que llegaron al país cuando eran niños, en compañía de sus padres, puedan permanecer legal y temporalmente en el país, con permisos renovables por dos años.
Si los gobernadores demandan a la administración, los jóvenes ya no podrán renovar el permiso y, al vencer, quedarían en calidad de indocumentados.
De acuerdo con la bancada de congresistas demócratas latinos, el riesgo es mayor porque, al inscribirse en el programa, los jóvenes proporcionaron toda su información confidencial, que incluye datos sobre ingreso al país, su actual dirección, la de sus estudios y de su centro de trabajo.
Los diez gobernadores que exigen a Trump que termine el programa son los de Alabama, Arkansas, Idaho, Kansas, Luisiana, Nebraska, Carolina del Sur, Tennessee, Texas y Virginia. |
