En la recomendación, la CNDH señaló que si bien las autoridades ministeriales de la anterior administración iniciaron la investigación de los hechos, omitieron realizar diversas diligencias establecidas en el acuerdo 25/2011, encaminado a a acciones básicas en materia de personas desaparecida, así como omitir realizar la búsqueda inmediata de la víctima al momento de la denuncia.
Asimismo, se recrimina que no se obtuvo información que debe hacerse llegar de manera inmediata, como las imágenes de cámaras de videovigilancia y de casetas, mismas que se eliminan de manera automática si no son solicitadas; la FGE tampoco tomó como línea de investigación el activismo de la víctima.
Cabe destacar que tan solo en el primer trimestre del 2018, la FGE ha logrado 40 órdenes de aprehensión contra servidores públicos involucrados en desaparición forzada, colocando a la entidad como la más avanzada en esta materia. | 
