En su anteproyecto, la también presidenta de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, subrayó que en 2017, el primer año de ejercicio de la pasada administración pública estatal, existieron diversas observaciones dentro del Informe de Resultados a la Cuenta Pública del año en cita, contenidas en el Poder Ejecutivo y órganos autónomos.
Ejemplificó que SESVER manejó en 2017, poco más de seis mil 593 millones de pesos, y en la que en el Informe Individual de la Fiscalización Superior se encontraron 21 observaciones financieras de orden estatal y 12 observaciones técnicas de orden estatal-federal, sumando en total 33 observaciones, de las cuales 3 son de presunto daño patrimonial por un monto de 10 millones 322 mil 878 pesos referentes a pagos improcedentes.
Agregó que la SIOP, que administró 293 millones ochocientos mil pesos en el 2017, y que fue objeto de señalamientos, en el Informe Individual de la Fiscalización Superior donde se encontraron siete observaciones financieras de orden estatal y 8 observaciones técnicas de orden estatal-federal, sumando un total de 15.
De éstas, se destacan la incorrecta integración de soportes documentales de la comprobación de gastos por los trabajos ejecutados; adjudicaciones de manera directa; así como deficiencias en los procesos de supervisión y de finalización de las obras.
Expuso que la Fiscalía General del Estado, que manejó en el ejercicio 2017 más de un mil 100 millones de pesos de presupuesto, sin obtener los resultados deseados en su finalidad primordial que es la procuración de justicia. En su Informe Individual de la Fiscalización Superior, hay 6 observaciones, de las cuales 4 son financieras de orden estatal y 2 observaciones técnicas de orden federal-estatal, todas ellas presuntamente de carácter administrativo.
La integrante del Grupo Legislativo de Morena enfatizó que con la revisión a las Cuentas Públicas de estos entes se estará haciendo valer el Estado de Derecho y se garantizará que mecanismos como la transparencia y la rendición de cuentas sean parte fundamental de las prácticas de la administración pública en Veracruz.
Este anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política para su estudio y dictamen correspondiente. | 
