Antes de que a Javier Duarte de Ochoa lo forzaran a solicitar licencia para separarse de la gubernatura –lo que pese a su renuencia, para sorpresa de muchos, finalmente lo anunció el 12 de octubre de 2016 en el noticiero de Carlos Loret de Mola, en el Canal de Las Estrellas de Televisa–, el mandatario de Veracruz recién expulsado del PRI le habría planteado al entonces presidente Enrique Peña Nieto que él estaba dispuesto a dejar el gobierno del estado si se procedía también contra su virtual sucesor, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, quien ya tenía sendas denuncias penales radicadas en la Fiscalía General del Estado y en la Procuraduría General de la República por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, entre otros presuntos delitos.
Fue entonces cuando el ex candidato de la alianza PAN-PRD y a la sazón gobernador electo salió a dar una conferencia de prensa ante la versión de que pretendían anularle su triunfo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante lo cual amenazó con dar a conocer una investigación personal sobre actos de corrupción con la que iba “a cimbrar a todo México”.
La historia ya se sabe de sobra. Duarte se separó de la gubernatura dos meses y medio antes de que concluyera su sexenio y huyó a Guatemala, donde fue aprehendido en abril de 2017. Yunes asumió la gubernatura pero jamás dio a conocer la información que según mantenía herméticamente resguardada, pese a que en su toma de protesta volvió a amagar con exhibirla y prometió entregarla a la Fiscalía de Veracruz para que se iniciaran carpetas de investigación.
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Ahora, casualmente, en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador –a quien Yunes siempre acusó públicamente de ser cómplice de Duarte, imputándole que éste lo financiaba a él ya su partido Morena–, la Fiscalía General de la República (FGR) no sólo investiga por enriquecimiento ilícito y fraude fiscal por al menos 20 millones de pesos al ex mandatario veracruzano, a su esposa Karime Macías y a otras personas y familiares cercanos a la pareja, sino que la Secretaría de Hacienda rastrea también las operaciones financieras de una empresa fantasma de Poza Rica que presuntamente operó una red de prestanombres ligados al ex mandatario veracruzano, la cual habría sido utilizada por la transnacional brasileña Odebrecht para triangular 6 millones 112 mil dólares entre bancos de Panamá, la isla de Antigua, Estados Unidos y México, aparte de los 10 millones de dólares que le habría entregado a Peña Nieto en su campaña presidencial.
Pero, además, jueces federales abrieron procesos penales en contra de los ex funcionarios duartistas Tomás Ruiz y Fernando Charleston, ex titulares de la Sefiplan, y de Gabriel Deantes y Carlos Hernández, ex subsecretarios de Finanzas, por su presunto involucramiento en el desvío de más de mil millones de pesos provenientes de fondos federales, durante los años 2012 y 2014.
El ex mandatario panista debería estar feliz. Sin embargo hay un asunto que seguramente a partir de hoy comenzó a preocuparle: el del sistema fallido de las 6 mil 324 cámaras de videovigilancia, por el cual pagó mil 100 millones de pesos a la empresa Comtelsat, de Manuel Arroyo, cuyo periódico El Financiero desató desde anteayer una campaña en contra del secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, quien este martes, acompañado del secretario de Gobierno, Eric Cisneros, presentó denuncia formal ante la Fiscalía General de la República para que “se investigue el presunto mega fraude orquestado por Yunes Linares”.
Según trascendió, este martes habría llegado a Xalapa un grupo de auditores federales para revisar este supuesto atraco.
Pero nos dicen que no vienen tanto por la denuncia penal por fraude que acaba de interponer el titular de la SSP, sino por otro expediente que sobre el mismo caso mantiene abierto la Auditoría Superior de la Federación. Y ese sí que debe tener muy estresado al ex gobernante del PAN que el año pasado no le pudo heredar la gubernatura a su primogénito. |
