Llaman la atención casos como el de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), cuyo titular, Zenyazen Escobar dice haber encontrado más de mil irregularidades en las cuentas entregadas por la administración de Miguel Ángel Yunes Linares.
Entre las inconsistencias que pueden ser tipificadas como delitos, aparecen casos de “aviadores”, asignación amañada de obras y contratos, trabajos de infraestructura educativa inconclusos que ya se habían reportado como terminados, un rezago extraordinario en la regularización jurídica de los planteles escolares y negocios turbios con las cooperativas escolares.
De cada una de estas inconsistencias existen carpetas de investigación y muy pronto estarían por salir las primeras órdenes de aprehensión, especialmente contra exservidores públicos del área de Espacios Educativos, desde quien era su titular, Ignacio Alberto Barradas Soto, hasta funcionarios menores y algunos contratistas que se prestaron para incurrir en actos de corrupción.
En el Sector Salud hay también varias carpetas en proceso. Gracias a denuncias presentadas por esa Secretaría, fue que se giraron órdenes de aprehensión contra la exsecretaria de Finanzas, Clementina Guerrero, además de Bernardo Segura Molina, Adrián Viccón Basto y Luis Francisco Virués Hernández, todos exservidores públicos de Sefiplan.
No todo termina ahí. El titular de esa dependencia, el doctor Roberto Ramos Alor, reveló que el mayor hueco financiero fue localizado en el área de infraestructura para la salud, pues se encontró con 53 obras hospitalarias inconclusas, de los gobiernos de Fidel Herrera, Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes.
Dijo que durante el bienio panista fue dado de baja, catalogado como chatarra, equipo médico que aún servía, para luego ser revendido, incluso a la propia Secretaría.
Muchas de estas irregularidades fueron confirmadas por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), que detectó que fueron rebasados los porcentajes permitidos para la supervisión de las obras en el Centro de Alta Especialidad (CAE) “Dr. Rafael Lucio”, de Xalapa; en el Hospital Regional “Dr. Luis F. Nachón, de Xalapa, y en la rehabilitación integral del Hospital Regional de Veracruz y la terminación del Hospital del Niño Veracruzano en el municipio de Veracruz.
Por todo ello, otro contra el que estarían procediendo penalmente, sería el que fuera Director de Infraestructura de Salud, Alberto Javier Estévez Calvo, además de algunos de sus colaboradores y varios contratistas.
Este miércoles el propio gobernador Cuitláhuac García anunció que se habrán de reactivar las investigaciones sobre el operativo de desalojo que ordenaron autoridades del gobierno estatal en el 2015, en contra de jubilados y pensionados del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), con lo que podrían surgir indicios de responsabilidad penal para funcionarios de la administración de Javier Duarte.
Ahí está el caso de la reciente detención de dos exfuncionarios de la Fiscalía Anticorrupción que fueron contratados a pesar de que no cumplían los requisitos que establece la Ley.
No hay, pues, distinción de colores, ni de apellidos. Aquel que haya “metido la mano al cajón” o que haya violentado la ley al amparo de su cargo público, será sancionado.
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