Y a pesar de la insistente recomendación, ha habido aspirantes a cargos de elección que, desesperados, por no conseguir la ratificación de su candidatura, pasan por las más elementales restricciones plasmadas en las leyes electorales.
Ese es el caso de Román Bastida Huesca, alcalde con licencia de Vega de Alatorre, quien se ha empeñado en brincar de esa posición a la diputación local y no sólo eso, sino que, además, pretende “heredar” la alcaldía a su esposa.
Producto de esa ambición desmedida, Román Bastida ha incurrido en errores propios de alguien que incursiona por primera vez en la política (a pesar de que él ha sido en tres ocasiones presidente municipal y tiene más de tres décadas viviendo del tesoro público). Todo ello ha quedado documentado y ya se abrieron carpertas de investigación en la Fiscalía especializada en temas electorales.
Entre las más graves pifias cometidas por Bastida Huesca, destaca aquella en la que convocó, mediante un oficio emitido por el ayuntamiento a su cargo (en ese entonces aún no pedía licencia) a una reunión con alcaldes y actores políticos del Distrito VIII, para “presentarles su proyecto, con miras a la contienda electoral del 2021”, lo que –como es evidente- se encuadra en el delito de actos anticipados de campaña, además de que habría utilizado recursos públicos para la promoción de su imagen y su proyecto político.
Y eso no fue todo.
Alguien le hizo creer que por el hecho de haber solicitado licencia a su cargo como Presidente Municipal, ya podría lanzarse a hacer proselitismo sin imitación alguna, y por ello volvió a incurrir en actos de ilegalidad.
En calidad de alcalde con licencia y aspirante a la candidatura para la diputación local, Román Bastida realizó un recorrido por diversas dependencias de los gobiernos estatal y federal, con el fin de “realizar gestiones en beneficio de la población”, pero además las difundió en sus redes sociales lo que, según la denuncia presentada, significa que él y los servidores públicos mencionados en sus publicaciones “realizaron actos con el fin de posicionar al ahora denunciado Bastida Huesca ante el electorado como precandidato a la Diputación por el Distrito 8° Local, actualizando las hipótesis contenidas en las fracciones III y IV del artículo 11 y 14 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales”.
La carpeta iniciada por estos hechos asienta, además, que los servidores públicos que aparecen en las imágenes, “se encuentran proporcionando servicios a favor de Bastida Huesca para sus intereses y proyectos personales y éste a su vez realiza dichas públicaciones para generar ante el electorado un condicionamiento de los beneficios a que pueden acceder en caso de sufragar a su favor, lo que a todas luces es una conducta, típica, antijurídica y punible, en agravio de la función electoral y de mi patrimonio jurídico”.
Y para rematar, hay –dicen- una denuncia adicional, ya no en contra de Román Bastida, sino de su esposa, quien también estaría operando de manera irregular su precampaña por la alcaldía.
Justo eso es lo que ha querido evitar la 4T con sus candidatos.
A Román Bastida Huesca hoy no sólo le pesa su caída vertical en las encuestas que se han realizado en su distrito, sino, además, el desaseo con el que se ha comportado.
En Palacio de Gobierno tienen muy presente que él fue uno de los patrocinadores de la movilización que realizó Gonzalo Vicencio a la Ciudad de México, cuando busca aferrarse a la dirigencia estatal de Morena.
Sus errores hoy lo están condenando.
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