Cortesía del periodista Irineo Pérez Melo.- Marcos Salas a nombre de la Sociedad Mexicana de Industriales y Transformadores de la Construcción (SMITC) denunció públicamente a funcionarios de SICT Veracruz por presunto daño patrimonial a la federación por unos 40 millones de pesos por diversas prácticas corruptas.
Además, de lo anterior por el cobro de moches que llegan al 25% por cada asignación de obras que se otorgan en la dependencia federal, por si eso fuera poco, Marcos Salas Contreras denunció también que se quedan con el recurso derivado de la escalada de costos por cuestiones inflacionarias.
Entre los integrantes de la Sociedad Mexicana de Industriales y Transformadores de la Construcción (SMITC) hay una gran preocupación por la corrupción imperante en la Dirección del Centro SICT Veracruz, en la que funcionarios de la dependencia federal incurren en daño patrimonial por un monto estimado de más de 40 millones de pesos.
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Lo anterior fue denunciado por Marcos Salas Contreras, presidente de esta organización empresarial, quien dijo que aunado al cobro de “moches” del 25% que aplican para la asignación de obras a las empresas constructoras y ahora por la escalada de costos por cuestiones inflacionarias aprobaron 25 proyectos, donde se les está exigiendo cantidades que van de 1 millón a 1.5 millones de pesos, los cuales no ingresan a las arcas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En conferencia de prensa, el dirigente constructor dijo que se tuvo conocimiento de esta situación irregular por la denuncia que un exfuncionario de la SICT Veracruz presentó a la Dirección General el pasado 31 de mayo del año en curso, en dónde da cuenta de dicho cobro a favor de la empresa origen, pero que se deslinda de cualquier compromiso monetario.
En estas acciones de corrupción se evidencian que están comunidad las Subdirecciones de Obras Pública, de Obras, de Recursos Humanos y Financieros, así como la Residencia General de Conservación de Carreteras, al cobrar las cantidades mencionadas y que ocasionan daño patrimonial a la federación, al no ingresar ese recurso al erario federal.
Ante esta situación, dijo que exigirán a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública se investiguen esas corruptelas en las que participan servidores públicos.
Citó como ejemplo que, por un simple chapeo, contratado por un monto de 5.7 millones de pesos y le pagaron por ajuste de costos 700 mil pesos, ahí se desprende el negocio flagrante que realizan estos funcionarios, por lo que, de llevarse a cabo las investigaciones pertinentes, en la SICT se quedaría prácticamente sin funcionarios, porque todos están “enlodados”, concluyó.
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