También elimina el Consejo de la Judicatura Federal y en su lugar establece un órgano administrativo especializado con independencia, autonomía técnica, de gestión y emisión de resoluciones, funcional y separado de la Corte.
Por otra parte, prevé un Tribunal de Disciplina Judicial que constará de cinco magistraturas elegidas mediante el voto, lo que le otorgará legitimidad democrática e independencia en el pronunciamiento de las sentencias.
Dicha instancia tendrá la facultad de recibir denuncias, investigar conductas y sancionar a servidoras y servidores públicos del Poder Judicial, a fin de asegurar el acceso a la justicia, el interés colectivo y el combate frontal contra la discrecionalidad y la corrupción.
El dictamen instruye que las autoridades judiciales, federales y estatales, no recibirán remuneración superior a la del o la titular de la Presidencia de la República.
Cuando se trate de delincuencia organizada, el órgano de administración judicial podrá disponer las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras conforme a los procedimientos de ley. | 
