Para evitar que quede en libertad, la Fiscalía General de la República (FGR) utiliza dos argumentos: que el exgobernador de Veracruz no ha mostrado una buena conducta en el reclusorio, y que están aún sin resolverse señalamientos de las autoridades de Veracruz en su contra.
Para ello presentó a seis testigos, incluyendo a cuatro funcionarios de la Fiscalía de Veracruz.
Denisse Moreno Córdova, fiscal auxiliar de la Fiscalía Especializada en Denuncias por Personas Desaparecidas de Veracruz, señaló que en 2021 no se realizó la audiencia inicial contra de Javier Duarte por el delito de desaparición forzada, debido a que el imputado las entorpeció en seis ocasiones.
En una de ellas, el 16 de noviembre de 2022, Javier Duarte -quien se había retirado de la audiencia alegando malestares estomacales, náuseas y vómito- tuvo que ser regresado por la fuerza y atado a una silla.
En respuesta, el abogado Pablo Campuzano acusó que en esa diligencia su cliente fue “víctima de tortura” ya que fue obligado a comparecer luego de que se le bajó la presión y le inyectaron adrenalina para regresarlo a la sala de juicios.
“Esos seis intentos de retrasar la audiencia inicial evidencian la actitud del procesado, que impacta en el tema de la buena conducta”, alegó Manuel Granados Quiroz, titular de la oficina de asuntos relevantes de la Fiscalía General de la República (FGR).
El funcionario federal alega que la posible liberación anticipada de Javier Duarte ha generado “inconformidad” entre colectivos de personas desaparecidas, quienes demandan que también sea investigado por las miles de desapariciones forzadas registradas durante su administración.
Alega también que su salida dejaría impune un fraude millonario cometido contra las finanzas públicas del estado, pues tan sólo en la Auditoría Superior de la Federación existen 70 denuncias por el desvío de más de 60 mil millones de pesos, aunque nada más 14 han sido judicializadas y 44 siguen en integración desde hace una década. Ninguna de ellas señala directamente al exgobernador.
Javier Duarte respondió:
— La Fiscalía General y en particular el fiscal Granados Quiroz, tiene el propósito de hacer un circo mediático, un show. Es una falta de respeto para usted, para la institución que representa y para mí.
El abogado Pablo Campuzano afirmó que el exgobernador reúne los requisitos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, entre ellos haber cumplido un porcentaje de la condena de al menos 70 por ciento y tener buena conducta.
Dijo, además, que existen sobreseimientos en otros dos casos penales en Veracruz, uno por desaparición forzada y otro por usar un helicóptero del estado cuando ya no era gobernador. “No hay manera de que se revoquen, por lo que no hay más señalamientos en su contra”, aclaró.
El diagnóstico más claro sobre la situación jurídica de Javier Duarte la dio el abogado penalista Tomás Mundo, quien dijo su eventual salida de prisión se debe a errores de la Fiscalía de Veracruz, cuya falta de capacitación e investigación mantiene altos niveles de impunidad en el estado.
“Muchas veces la impunidad es por ignorancia legal, falta de capacitación de las instituciones de seguridad pública, de la Fiscalía, del Poder Judicial, o por complicidades”, afirmó.
El abogado sugirió que la discusión pública se centre en la necesidad de fortalecer a las instituciones de justicia en Veracruz, pues las deficiencias actuales permiten que casos de alto perfil continúen en riesgo de quedar sin sanción.
Este viernes la jueza Ángela Zamorano Herrera decidirá si le concede la libertad anticipada a Javier Duarte. De resultarle favorable la decisión, el exgobernador de Veracruz saldría este mismo día. De lo contrario, tendrá que esperar hasta abril del 2026, cuando se haya cumplido la totalidad de su sentencia.
(DE LA COLUMNA "PUNTO DE VISTA")
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