Los denunciantes señalan que algunos percibirían entre 15 mil y 25 mil pesos mensuales, mientras la población reclama deficiencias en servicios públicos. Lo peor es que el asunto ya fue llevado al ÓIC, la Unidad de Transparencia, ORFIS y la Contraloría General del Estado y no hay la atención debida dando pie a los rumores y al tema político.
Y ahí es donde aparece el dato que prende la luz amarilla:
La denuncia fue recibida el 18 de agosto y, según los promoventes, el plazo de respuesta ya habría transcurrido sin que se les informe qué ocurrió con su petición. Por ello, el tema ya no es solo si hay o no familiares en la nómina municipal, si se dan casos de nepotismo o no.
La pregunta de fondo es: ¿Quién los contrató, bajo qué criterios, ¿cuánto cobran y qué dicen las autoridades fiscalizadoras?
Porque si todo está en regla, que se diga y se documente. Y si no lo está, que se sancione conforme a la ley. Así que el balón ya escaló el nivel de quienes presuntamente violan la ley sino en la cancha del Órgano Interno de Control y de las autoridades fiscalizadoras.
La nómina puede hablar. Ahora falta que alguien la escuche. | 
