Este par de atentados no han sido los únicos sucedidos en ese municipio sureño. Tampoco han sido dirigidos sólo a personal de la Fiscalía General del Estado (FGE). A finales de mayo del año pasado, por ejemplo, un grupo armado atacó a tiros una base de la Subdelegación sur de la Fiscalía General de la República (FGR) en esa misma cabecera municipal. Afortunadamente no hubo víctimas, sólo rafaguearon una camioneta oficial Amarok, con placas de circulación NAA5090.
En Xalapa, a mediados de octubre, el fiscal distrital Francisco Hernández Morales fue nuevamente amenazado de muerte por presuntos miembros de la delincuencia organizada, quienes colgaron un par de narcomantas en el bulevar Arco Sur, a escasos 150 metros de su oficina ubicada en la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado (FGE). Dos semanas antes, el 30 de septiembre, le habían llevado una corona de muerto rotulada con su nombre a las mismas oficinas, al sur de la ciudad capital.
Las narcomantas colgadas en el puente peatonal le advertían: “Te pasaste (…) sigues recibiendo tu cuota mensual y no cumples los acuerdos pactados, date por muerto”.
El gobernador Cuitláhuac García ha reiterado que no habrá ningún tipo de acuerdo, pacto o intimidación por la delincuencia organizada. “Ya les dejamos muy claro que en esta administración no hay pactos, se acabó con la impunidad”, dijo.
El Ejecutivo estatal ha reprochado, además, que varios jueces, por interés o por incompetencia, han dejado en libertad a varios presuntos delincuentes. Esa misma queja replicó el secretario de Seguridad Pública (SSP), Hugo Gutiérrez Maldonado, quien fustigó el “poco criterio” de jueces veracruzanos.
Ahora, tras el atentado de Oluta, García Jiménez desmintió de inmediato a su correligionaria, la diputada Martínez Rivera, quien había asegurado que el ataque armado se debía que el proyecto de Morena “ha causado una gran molestia en políticos de la región”.
Pero los adversarios de la 4T también han estado expuestos a la lluvia de plomo. A mediados de noviembre, hombres armados balearon la casa del presidente municipal de Acayucan, Cuitláhuac Condado Escamilla, del PRD.
En esa región del sur de Veracruz, el principal cártel generador de violencia es el Jalisco Nueva Generación (CJNG), el cual se ha extendido al centro y norte de la entidad, donde compite con Sangre Nueva Zeta, Grupo Sombra, La Vieja Escuela (Z) y el grupo local de Los Piña, entre otros grupos de huachicoleros y bandas de asaltantes a transportistas.
‘VAMOS POR TODOS’: L. CACHO
La detención del ex gobernador priista de Puebla, Mario Marín, causó revuelo en el país y obviamente en Veracruz, donde el libro “Los Demonios del Edén”, de la periodista Lydia Cacho, fue repartido como pan caliente en las campañas a la gubernatura de 2010 y 2016 por los adversarios del panista Miguel Ángel Yunes Linares.
Ayer, al ser informada directamente por las Fiscalía General de la República de la aprehensión del “Gober Precioso” en Acapulco, las primeras palabras de la periodista y escritora fueron “Vamos por todos”.
“Llevo 14 años buscando justicia por haber sido torturada por este cómplice de redes de #Pornografía Infantil. Vamos por todos”, publicó en su cuenta de Twitter.
El ex gobernador poblano fue detenido en Acapulco y trasladado a Cancún, Quintana Roo, donde deberá enfrentar las acusaciones que se le formulan como parte de la causa penal 26/2018.
En el libro “Los Demonios del Edén” se menciona que Mario Marín brindaba protección a empresarios involucrados en una red de pederastia y pornografía infantil en la que además de Kamel Nacif, el famoso “Rey de la Mezclilla”, se señala a Jean Succar Kuri, otro empresario actualmente preso en Cancún, al cual se le llegó a vincular también con el ex gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, desde que el ex priista fue funcionario de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) bajo la dirección del político hidalguense Humberto Lugo Gil, en el sexenio del ex presidente Miguel de la Madrid (1982-1988).
Tras la publicación de su libro, Lydia Cacho fue acusada de cometer los delitos de difamación y calumnia, siendo detenida el 16 de diciembre de 2005 y trasladada por agentes de la policía poblana a la entidad gobernada por Marín Torres. Durante el trayecto, la periodista denunció haber sido objeto de tratos crueles y de tortura.
PRECISIÓN
En el texto de ayer mencionamos erróneamente que el perredista Fredy Ayala González era alcalde de Playa Vicente, cuando el aspirante a diputado federal por el distrito electoral de Minatitlán, de la alianza “Va por México” (PAN-PRI-PRD), es presidente municipal de Sayula de Alemán.
Gracias a los lectores que nos hicieron ver esta imprecisión que obviamente fue involuntaria. |
