De hecho también politizó el asesinato al afirmar que “mucho menos” su gobierno va a permitir que “alguien insista, quienes crean que puedan enrarecer el tema electoral y ser cubiertos por la impunidad”. “Eso ya se acabó”, afirmó de manera contundente.
Pero entonces se fue contra “el régimen anterior”, en clara alusión al gobierno panista de Miguel Ángel Yunes Linares. “Que no se confundan, ya no están aquí con los que podían pactar impunidad, ya se fueron; que quede claro, este gobierno tiene la moral alta y no va a pactar con ningún grupo que esté pretendiendo dañar el ambiente electoral”.
Dijo que los “cacicazgos de Cosoleacaque están muy claros y el pueblo lo sabe… un pueblo ya consciente que sabe perfectamente qué está pasando ahí… no va a permitir cacicazgos políticos que fueron solapados y auspiciados por el régimen anterior… ellos ya se fueron, tampoco están ya en la Fiscalía General del Estado”.
Advirtió que van a ir tras los responsables, los autores intelectuales y materiales. “Quería dejar ese mensaje muy claro, que quienes crean que aquí estaban los anteriores con los que podían pactar, se equivocan, ya no están, ya no hay impunidad. Vamos tras los responsables”.
Grupos familiares caciquiles hay en todo el Estado
El viernes pasado, al comentar amenazas por parte de hombres armados en contra de aspirantes a un cargo de elección popular, que ha hecho que algunos mejor se retiren, preguntaba si se trataba de la delincuencia organizada o de hombres al servicio de grupos caciquiles regionales.
Narré una amenaza, hace tres años, en contra de la entonces candidata a diputada local por Pánuco, Octavia Ortega, y que la sospecha había recaído sobre un grupo caciquil local, pero nunca se investigó ni se actuó.
Ahora el tema se centra en Cosoleacaque, por lo ocurrido ayer, pero grupos familiares caciquiles políticos existen en toda la geografía estatal y prácticamente han convertido en un patrimonio personal todos los cargos de elección popular. El jefe del clan reparte alcaldías y diputaciones, siempre entre sus esposas, hermanos, sobrinos y toda la parentela, quienes en cada proceso se intercambian las posiciones. Cuando algún ciudadano, cansado de los mismos, pretende participar, entonces actúan contra él.
En el caso de Cosoleacaque, en el sur hay apellidos señalados como de familias que han tenido y ejercido algún cacicazgo. ¿A cuál de todos se refirió el gobernador? ¿Por qué fue tan contundente? ¿Qué información tenía y tiene? Si es cierto que habló en serio y va en serio, el de ayer es el mejor pretexto para empezar a combatir a grupos que se han enquistado y que tienen secuestrado el poder político distrital y municipal.
Pero para ello su gobierno tiene que garantizar la protección y la seguridad personal de quien intente participar y no responda a malsanos intereses; atender con prontitud y eficacia cualquier denuncia que se presente, y resolver los casos pendientes.
Más vale que su gobierno y la Fiscalía (son lo mismo) actúen a tiempo, esclarezcan lo ocurrido y castiguen a los responsables, porque podemos estar ante el inicio de una serie de venganzas que va a dejar un reguero de muertos y un Veracruz todavía más ensangrentado. El gobierno es el único que tiene el monopolio de la policía y de la autoridad ministerial. Lo que pase, indirectamente se le cargará a su cuenta.
Reacciona un exgobernador
El exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares reaccionó así ayer, ya casi sobre la hora de la comida, al hecho ocurrido en la mañana en Cosoleacaque:
“El asesinato de Gladys Merlín y de su hijita Carla Enríquez es un hecho brutal que debe ser condenado por todos. Debe convocarnos —también a todos— a exigir a las autoridades que actúen con seriedad y decisión para encontrar y castigar a los culpables con la finalidad de frenar la grave ola de violencia que enfrentan las mujeres en Veracruz. Abrazo con mucho cariño a toda la familia Merlín Enríquez. Nuestras oraciones están con ustedes”.
La Fiscalía filtró fotos de las víctimas
Es tan condenable el crimen como el hecho de que la Fiscalía General del Estado haya filtrado, para ser publicadas, las fotos de la escena del crimen donde se ven los cuerpos de las víctimas tiradas en el piso, como observé en las cuentas de las redes sociales de un medio.
Con toda razón el Organismo Nacional de Mujeres Priistas Veracruz (ONMPRI), publicó en las redes sociales: “La Fiscalía General del Estado debe resguardar de manera inmediata la confidencialidad de cadena de custodia, evitar a toda costa se difundan imágenes de los cuerpos de Gladys y Carla, no solo sufrieron un brutal asesinato, ahora el Estado las revictimiza. ¿Qué pasa en Veracruz?”
Sí qué pasa. El señalamiento es directo contra la Fiscalía porque los únicos que pudieron haber tomado las fotos fueron los policías de los servicios periciales, nadie más. Es totalmente condenable que una institución al frente de la cual está una mujer (Verónica Hernández Giadánz) se haya ensañado así en contra de dos mujeres inertes, que al menos merecían descansar ya en paz.
Será grave incluso, y preocupante, que a la Fiscalía la haya movido, para tan condenable proceder, que las víctimas eran de un partido político ajeno o contrario a Morena. Si no guardan respeto para víctimas mortales y sus familiares (¿nadie en la Fiscalía pensó en el daño que se le causa a los familiares?), que nos podemos esperar el resto de los veracruzanos.
Esa es la triste realidad en Veracruz. |
