En Palacio de Gobierno no sólo disgustó que ante la embestida de la Secretaría de Seguridad Pública del estado contra la policía municipal de Orizaba, el alcalde Igor Rojí López acudiera directamente con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sino que además debió molestar también que el munícipe priista de Pluviosilla se negara a que sus elementos policiacos fueran evaluados por la SSP estatal. 

¿Por qué la reticencia de Rojí hacia el Centro de Control de Confianza de la SSP, si acaba de certificar a Jorge Miguel Rodríguez Ramírez, por lo que el pasado viernes el alcalde panista del puerto de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, le tomó protesta formal como Comandante de la Policía Municipal, cargo que desde hace más de un año el abogado yunista ya venía ejerciendo en calidad de “encargado”?

Sorprendió que hasta ahora el jefe policiaco porteño haya aprobado el examen de confianza, pues en la administración del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, padre de su jefe, se había desempeñado casualmente como director Jurídico de la SSP. En dicho puesto fue implicado en graves casos de abuso de poder en perjuicio de la entonces diputada local ex panista Cynthia Lobato y su esposo Francisco Hernández Toriz, actuales dirigentes del nuevo partido político estatal Unidad Ciudadana.

A finales de julio de 2018, Lobato Calderón –quien una semana antes de la desaseada designación de Marcos Even Torres Zamudio como Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción había renunciado a la bancada del PAN para incorporarse al grupo legislativo de MORENA– tuvo que dar una conferencia de prensa para desactivar un presunto operativo mediante el cual, presumiblemente, Rodríguez Ramírez y otros funcionarios yunistas coludidos con camaradas de su ex partido pretendían “sembrarle” fosas clandestinas en un cementerio xalapeño de su propiedad.

Entre ellos se mencionaba también al entonces presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LXIV Legislatura, Sergio Hernández –actual precandidato del PAN a la alcaldía de Xalapa–, a quien Cynthia había acusado públicamente por la opacidad y despilfarro de los recursos del Congreso, que usaba para satisfacer sus caras adicciones y promover sus intereses políticos personales.

Lobato Calderón denunció además al ingeniero químico Francisco Aguilar Rizo, quien se desempeñaba como jefe del Departamento de Vigilancia Sanitaria de la Secretaría de Salud, el cual se habría coludido con Jorge Miguel, ya que horas después de su renuncia a la bancada blanquiazul montaron un operativo para clausurar un bar de familiares de su esposo. La legisladora mostró videos en los que se observaba la forma burda en que policías de la SSP “sembraban” droga en el interior del establecimiento.

Aguilar Rizo, quien estuvo al mando de la brigada del operativo en el bar “Hunter”, es tío del diputado local Sergio Hernández, ya que es primo de la señora Reynalda Hernández Aguilar, madre del legislador panista. Y una de sus subordinadas, Rosa Aurora Azamar Arizmendi, fue la que como directora de Protección Contra Riesgos Sanitarios de la SSA se encargó de firmar las actas de suspensión del lugar el 20 de julio de 2018.

Aguilar es miembro activo del PAN y padre de Israel Aguilar Hernández, el cual militaba también en las juventudes panistas y se desempeñaba como chofer y auxiliar de su primo Sergio en el Congreso local.

Y en julio de 2017, casi un mes después de que la diputada Lobato cuestionara al fiscal yunista Jorge Winckler en su comparecencia ante el Congreso local –en la que, por cierto, su compañera Marijose Gamboa intentó intimidarla para que no incomodara al aún titular de la FGE–, sospechosamente, de forma artera, dos delincuentes hirieron de bala a un empleado del mismo bar propiedad de los familiares del esposo de la legisladora xalapeña, lo que sirvió de pretexto para que el director Jurídico de la SSP llegara con un grupo de policías que igualmente pretendieron “sembrar” municiones y un arma en el interior del local. Pero desafortunadamente para el funcionario, todo quedó videograbado. Sin embargo, la Fiscalía jamás procedió contra los agresores pese a que al menos el rostro de uno de ellos fue identificado claramente en el video grabado por las cámaras del negocio. Tampoco llamaron a declarar a Jorge Miguel Rodríguez, quien encabezó el malogrado operativo.