Trascendió este fin de semana en varios portales de noticias en internet, que la Auditoría Superior de la Federación resucitó el caso del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa con un nuevo proceso penal ahora por el desvío de $3 mil 500 millones de pesos, con ello se cierra la posibilidad de salir de la cárcel este año como pretendía el ex mandatario estatal, luego de cumplir la mitad de la sentencia.
Con este nuevo proceso penal todo se le complica, y además falta aún el resolutivo de Guatemala por “tortura”.
Y si pudiera pensarse que este nuevo proceso por el desvío de $3 mil 500 millones son muuuchos, pero muchos millones de pesos, hay que recordar que de acuerdo a la misma Auditoría Superior de la Federación, el desfalco de recursos federales en el sexenio de Javier Duarte, fue de más de 61 mil millones.
Hay que recordar que en un informe especial de los auditores, revela que se detectaron más de 1,700 anomalías en el manejo de partidas federales en Veracruz, de 2011 a 2016.
No hay que olvidar tampoco, que ese saqueo de más de 61 mil millones de pesos, fue lo que motivó que en las últimas elecciones federales, los veracruzanos acudieran a votar por un cambio en la estructura del poder federal, estatal y hasta municipal, pero hasta la fecha más que un cambio fue un retroceso en las políticas públicas.
Bien dice Pancho López el filósofo de mi pueblo, que en política nada es casualidad.
Como no es casualidad, que en este año de elecciones de diputados federales, locales y presidentes municipales, ahora la Auditoría Superior de la Federación esté desenterrándole los desvíos millonarios de Javier Duarte.
Como tampoco es casualidad que le hayan negado el amparo a su esposa Karime Macias para evitar ser deportada desde Londres, donde lleva una vida de princesa de la abundancia.
No hay que olvidar tampoco el “incidente” en el aeropuerto de Toluca, Estado de México, donde fue interceptado un funcionario que llevaba 25 millones de pesos -que se afirmó eran para aportar a la campaña del entonces candidato a la presidencia Enrique Peña Nieto- pero que luego se borró con la versión de que eran para pagar la publicidad del carnaval y las fiestas de Tlacotalpan, y hasta la Procuraduría General de la República se la devolvió con su respectivo “usted disculpe”.
Entonces, ahora que el posible pacto de protección mutua parece haber sido roto, no sería extraño entonces, que Javiduarte decidiera contar la otra versión de la historia, declarando que en efecto ese dinero era para patrocinar las campañas electorales del PRI.
Todo ello, porque seguramente como en una serie de NETFLIX, habrán de ser los protagonistas de un espectáculo que bien podría titularse El Estado de Veracruz que Sequié.
Porque de seguro, al mismo tiempo que avancen los procesos electorales, habrán de ir resucitando nuevos episodios de lo que hasta el momento es el máximo ejemplo de malos manejos atribuible a un gobierno estatal perpetrado de 2011 a 2016 en Veracruz.
Por lo pronto, para no dejar morir el caso, este fin de semana, se reveló que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició un nuevo procedimiento penal contra el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por un presunto desvío de recursos de $3 mil 500 millones de pesos en agravio de la Tesorería de la Federación (TESOFE) en el año 2015 cuando todavía gobernaba con total impunidad saqueando a Veracruz.
Actualmente, Duarte de Ochoa cumple una condena de nueve años de prisión por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero (cuando debía de ser por Delincuencia Organizada) en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.
La ASF procedió con dicho procedimiento penal el pasado 17 de febrero de este año tras el resultado de la Auditoría 1475-DS-GF.
De acuerdo a los resultados resucitados, de la Auditoría del ejercicio 2015, un total de $3 mil 525 millones de pesos no fueron comprobados a la TESOFE, los cuales debían ser reintegrados desde hace 6 años.
El monto pertenecía a los fondos de los programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zonas Urbanas, Tratamiento de Aguas Residuales; para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable en Veracruz; sin embargo, este no fue declarado ante la Tesorería de la Federación, precisó la dependencia.
Los faltantes también alcanzaron los fondos de Regionales, Metropolitano y de Contingencias Económicas.
Tras percatarse del desvío de recursos, la ASF decidió iniciar un nuevo procedimiento penal en contra de Javier Duarte de Ochoa y quiénes resulten responsables.
En el año 2014 el gobierno federal de México entregó a Veracruz un total de $4 mil 704 millones 564 mil 500 pesos, de los cuales el gobierno encabezado por Duarte de Ochoa sólo pudo comprobar el gasto de mil 179 millones 512 mil 700 pesos.
Tan solo en el año 2015, el 74 por ciento del dinero no fue comprobado por la administración de Duarte de Ochoa y hasta el momento se desconoce dónde se encuentra el dinero.
Pero la buena o mala noticia, es que también un tribunal liberó las cuentas de Jesús Antonio Macías Yazegey, suegro del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, luego de 5 años de permanecer bloqueadas debido a una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).
La liberación de las cuentas aseguradas en octubre del 2016 como parte de una indagatoria por delitos fiscales, financiero y de lavado de dinero, se dio a través de la orden de un Tribunal Colegiado.
Tampoco se informó a cuanto ascendían los montos de las cuentas aseguradas.
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