Prefacio.

A partir del acuerdo al que el Gobierno de México y la empresa brasileña Odebrecht, con el que se modifican los términos del contrato para la producción de etileno en Nanchital, el Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo referencia de su decisión de acabar con todos aquellos “contratos leoninos” en los que, a través de sobornos, empresas privadas se llevan ganancias estratosféricas a costa del tesoro público. *** “El propósito nuestro ha sido no permitir la corrupción, no permitir la impunidad y procurar recuperar todo lo que se pueda, que se repare el daño. Por eso hemos revisado contratos que se hicieron que consideramos leoninos, que se firmaron para que particulares -nacionales y extranjeros- hicieran jugosos negocios al amparo del poder público, a costa del presupuesto, que es dinero del pueblo; nos robaban a todos los mexicanos”, afirmó el Presidente. *** “Hemos optado por hablar con todas estas empresas y decirles: Hubo un tiempo en que les permitieron cometer atrocidades, abusos, actos de corrupción; eran los tiempos del soborno, del moche. Ya eso terminó y, en ese tiempo, tú firmaste un acuerdo con el gobierno, leonino, es decir, perjudicial para el pueblo de México y lucrativo para tu empresa. No se puede llamar ni siquiera negocio, no se trata de una ganancia razonable, sino de una apropiación indebida de presupuesto”. *** Y fue más allá: “Entonces, hay que castigar a quien te permitió que hicieras eso, y lo estamos haciendo; y hay denuncias y la Fiscalía va a resolver, pero al mismo tiempo vamos a llegar a acuerdos, reparar el daño y puedes seguir con tu empresa en condiciones de justicia, de legalidad”. *** En Veracruz, además del caso de Etileno XXI, que fue de índole federal, hay otro caso que se encuadra en esos términos y que impacta las finanzas del estado: La Asociación Pública Privada (APP) que fue conformada para la construcción de las Ciudades Judiciales. *** Si el gobierno de Veracruz quiere trabajar en concordancia con la línea marcada por el Presidente, deberá ir al fondo de ese caso de corrupción, castigar a los culpables y obligar a las empresas involucradas a replantear los términos de sus contratos.

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En el Congreso local no parecen tomar muy en serio el tema del juicio político solicitado en contra de la magistrada Sofía Martínez Huerta.

Este miércoles estaba programada, por parte de la Comisión Instructora, una audiencia para la presentación de pruebas y alegatos, a la que sólo llegó uno de los tres diputados que deberían estar presentes. El encuentro tuvo que ser diferido para este jueves a las 10 de la mañana.

El 23 de octubre del año pasado la magistrada Sofía Martínez Huerta fue relevada de su cargo como Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, a partir del argumento de que desfalcó más de 80 millones de pesos del presupuesto del Consejo de la Judicatura. En su lugar fue designada la magistrada Isabel Romero Cruz.

El 04 de noviembre del año pasado, el juez de control José Clemente Zorrilla Rostro presentó ante el Congreso del Estado, una demanda de juicio político contra la magistrada Sofía Martínez, acusándola de usurpación de funciones.

Según la denuncia, la magistrada habría instruido que se sustituyera al juez en varias audiencias y se realizara un informe de los expedientes judiciales a su cargo.

A los pocos días de haber realizado ese trámite, el juez fue “premiado” reasignándolo a Pacho Viejo.

Al margen de la responsabilidad que le pudiera resultar a la magistrada, lo cierto es que los legisladores están metidos en un verdadero brete, toda vez que los argumentos jurídicos que analizan son de muy bajo nivel y en caso de declarar procedente el juicio político, de manera automática se estaría abriendo un camino para que otras solicitudes contra servidores públicos estatales, también sean aprobadas.

Las Comisiones Unidas de Gobernación y de Puntos Constitucionales fueron las que recibieron la solicitud de juicio político contra Sofía Martínez, y luego de conocer y analizar el expediente, los seis diputados integrantes de dichas comisiones, consideraron válidos los argumentos para iniciar el trámite.

El expediente fue turnado a la Comisión Instructora para que ésta elabore y presente su dictamen al Pleno Legislativo, órgano que se encargará de votar si procede o no la denuncia.

Sin embargo, aunque fueron seis los legisladores responsables de estudiar la denuncia, sólo cuatro firmaron el dictamen.

La diputada presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Mónica Robles Barajas, y la legisladora Josefina Gamboa Torales, integrante de la Comisión de Gobernación, decidieron no firmar el dictamen porque consideraron que se violentó el procedimiento legislativo.

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Epílogo.

Pepe Yunes está convencido de que su participación en el próximo proceso electoral (competirá por la diputación federal en el Distrito IX, con cabecera en Coatepec y que alcanza hasta su natal Perote) tiene que ver con la urgencia de generar equilibrios a nivel nacional, para lo cual se requiere un Congreso federal que sirva de contrapeso. *** Este miércoles Pepe Yunes se sentó a charlar con periodistas y analistas políticos, a quienes detalló su propia visión de lo que sucede en el país y, en particular, de lo que sucede en Veracruz. Advirtió –por ejemplo- que el actual gobierno estatal sigue sin abatir el déficit que se viene arrastrando desde hace varias administraciones. *** ¿Por qué no se nota? Porque están “pateando el bote”, esto es, que mediante créditos a corto plazo y adelanto de participaciones, han ido cubriendo esos hoyos, “pero llegará el momento, al final del actual sexenio, que ya no puedan pedir más adelantos, que ya no tengan espacio para gestionar nuevos créditos, y entonces terminará apareciendo, como en otros gobiernos, la famosa ‘licuadora’, esto es, que desviarán recursos etiquetados para rubros específicos, para destinarlos a cubrir nómina, pensiones y otras obigaciones”. *** A propósito del Congreso federal, de contrapesos y de los Yunes, este miércoles fue aprobada en San Lázaro la solicitud de licencia de Héctor Yunes Landa quien, por esa razón, dejará de fungir como Vicecoordinador y Vocero del Grupo Parlamentario del PRI. *** La licencia le fue concedida por un periodo de 90 días (del 7 de marzo al 7 de junio) y tiene como fin cumplir con los requisitos de elegibilidad para participar en el actual proceso electoral local. Esto es, que el objetivo de Héctor Yunes es saltar (como buen chapulín) del Congreso federal al Congreso local. *** Lo delicado de esta licencia es que su suplente era el doctor Edmundo Martínez Zaleta, quien falleció en fecha reciente, por lo que su curul se quedará vacía. Todo sea por mantenerse en la jugada política. ***  Una sensible pérdida, la de un eficiente servidor público, pero aún mejor ser humano. Este miércoles fue confirmado el fallecimiento –víctima del Covid 19- de Jorge Luis Pescador Tirado, quien fuera director de la Fuerza Civil de Veracruz, grupo de élite de la Secretaría de Seguridad Pública, de diciembre de 2018 a abril de 2020. *** Miguel Ángel Díaz Pedroza, con amplia experiencia en el servicio público y en la política, rindió protesta como presidente de la Comisión de Justicia Partidaria del PRI en la entidad. La ceremonia realizada de manera presencial, tuvo lugar en las instalaciones del Comité Estatal tricolor. *** En las últimas 24 horas se confirmaron 857 nuevos fallecimientos por Covid-19, con lo cual el registro nacional subió a 188 mil 44 personas que han perdido la vida por esta causa. En tanto, la tendencia de nuevos casos se mantuvo en la semana 7 (del 14 al 20 de febrero) con una disminución de 9%. *** Ricardo Cortés Alcalá, director de Promoción de la Salud, informó sobre el avance de la vacunación contra Covid-19 e indicó que este miércoles se aplicaron 38 mil 072 dosis, con lo que la cifra acumulada asciende a 2 millones 633 mil 580, desde el 24 de diciembre cuando empezó la inoculación en el país.

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