Si el informe de la revisión de la Cuenta Pública del gobierno federal arroja irregularidades constitutivas de posible daño patrimonial por más de 65 mil millones de pesos, la respuesta “mañanera” es amenazar al titular del órgano fiscalizador, obligarlo a desdecirse de uno de los aspectos señalados en el informe e incluso relevar de su cargo al servidor público que, como él mismo demostraría después ante diputados federales, llevó a cabo su trabajo de acuerdo con los criterios técnicos aplicados regularmente en este tipo de auditorías. Es decir, los datos son correctos.
Esas pseudoconferencias a las que van cada vez menos periodistas y más “paleros” con preguntas a modo que ni siquiera son capaces de plantear sin tener que leerlas, funcionan como megáfonos de una estrategia cuyo objetivo siempre ha sido evidente, pero que está tomando niveles altamente riesgosos: intimidar a los críticos, amenazar a quien desvele las corruptelas de un gobierno absolutamente opaco y ahora, hasta resquebrajar los de por sí frágiles equilibrios entre los poderes de la endeble democracia mexicana.
La andanada lanzada por López Obrador en sus conferencias del pasado viernes y de este lunes en contra del juez de distrito Juan Pablo Gómez Fierro por haber concedido una suspensión provisional –que es muy diferente a un amparo definitivo- contra la aplicación de la nueva Ley de la Industria Eléctrica, es una prueba contundente de la absoluta falta de respeto del titular del Ejecutivo a la independencia del Poder Judicial.
En lugar de impugnar el resolutivo por las vías legales correspondientes, el presidente brama porque se “investigue” la actuación del juez Gómez Fierro sin presentar ningún argumento jurídico que sustente sus señalamientos, que no son otra cosa que las especulaciones y prejuicios que acompañan su discurso desde siempre, aunque con un agravante que lo pinta de cuerpo completo.
En la carta –que no tiene valor como recurso de impugnación- enviada este lunes al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, López Obrador afirma que “sería lamentable que después de todo el daño que la oligarquía ha causado al país, sigamos permitiendo el abuso y la prepotencia, bajo la excusa del estado de Derecho”.
Para el presidente que juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ésta emanen –y entre las cuales se encuentran varios argumentos para detener la aplicación del bodrio de Ley de la Industria Eléctrica-, invocar el estado de Derecho es una “excusa”. Ampararse ante actos abusivos de los servidores públicos es equivalente a ser “reaccionario”. O lo que es lo mismo, si las leyes me contradicen, las ignoro. Y si alguien intenta hacerlas valer, recibirá un ataque con todo el peso del aparato del Estado.
Lo peor ha sido la respuesta timorata del presidente de la Corte, Arturo Saldívar, quien en lugar de defender sin cortapisas la independencia judicial, respondió igual, con una “cartita”, en la que le dijo a López Obrador que su “queja” –que no cumple con el mínimo de requisitos técnico-jurídicos para ser recibida- sería remitida al Consejo de la Judicatura para que “de existir elementos para ello, se abra la investigación que en su caso procediera”. Sobre la cabeza del juez brilla el filo de la guillotina. Para que aprenda a respetar.
Imagine lo que harán si ganan las elecciones legislativas del próximo 6 de junio.
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