Acude a la Fiscalía General del Estado, Rogelio Mendoza Barrales, Precandidato a la Presidencia Municipal de Ayahualulco, por el Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), a presentar denuncia en contra de quien resulte responsable por amenazas de muerte, extorsión y lo que les resulte a los responsables que lo han amenazado por medio de su muro de Facebook, personas desconocidas, en donde le decían que podría amanecer baleado en cualquier día y otras palabras altisonantes, posteriormente en su teléfono particular de su domicilio en donde le hablaron y lo siguieron amenazando vía telefónica, además en otra página de Facebook, para hacerme llamadas para intimidarme, pero de nuevo no le hice caso, pero a los pocos minutos me llega un mensaje vía Inbox a mi cuenta en lo cual me solicitan 80 mil pesos a cambio de que me dejen de molestar, entonces cuando ya vi la cuestión de la amenaza, intimidación y la extorsión, y la verdad la tomé con más seriedad y bloquea a la persona, Mendoza Barrales indico que es un ciudadano que está preocupado por su familia y su vida, señalando que la aspiración que tengo, creo que no merece este tipo de extorsiones a la mejor de dejar de contender y a la mejor a dar un dinero a cambio de algo, además expuso le soy sincero tengo un agradecimiento a la fiscalía en virtud una vez recibida mi denuncia elementos de la secretaría de seguridad pública del estado de Veracruz (SSP), han estado patrullando mi domicilio particular, y elementos de la policía ministerial han estado en comunicación con un servidor para dar seguimiento a mi caso y están llevando la investigación correspondiente eso me tiene tranquilo y de alguna manera seguro en mi integridad física personal y de mi familia…
El Dirigente de Antorcha Magisterial en Veracruz, Juan Carlos Ventura Rosas dijo que se pronuncia en contra de la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde estableció que el cálculo del tope máximo de la pensión jubilatoria de los trabajadores adscritos al servicio del Estado se calcule con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y no con base en el salario mínimo, indicando que el salario mínimo, hasta el 2016, se había convertido en la unidad de referencia para imponer sanciones, cuotas, impuestos, créditos, etc., es decir, funcionaba como parámetro para calcular dichos montos, por tanto, para permitir que el salario mínimo pudiera incrementarse sin que al mismo tiempo se incrementaran los montos de dichos pagos, había que desindexarlo y crear una nueva unidad de referencia, un nuevo parámetro, fue por ello que se realizó una reforma constitucional que modificó el artículo 123 de nuestra Carta Magna a efecto de desindexar el salario mínimo y crear la UMA como nueva unidad o índice de referencia para determinar la cuantía de pago de diversas obligaciones, reservándose el uso del salario solo para cuestiones de naturaleza laboral, más sin embargo, el pago de la pensión jubilatoria de los trabajadores al servicio del Estado no es el pago de una sanción o un impuesto, sino que es una prestación de seguridad social derivada de una relación de trabajo que tiene su sustento en el pago de un salario, es una pensión que se constituye de las aportaciones que el trabajador tributa permanentemente al descontarle parte del salario y que acumula durante toda su vida laboral activa. De manera que el pago de la pensión jubilatoria debe realizarse utilizando al salario mínimo como referencia o parámetro en virtud de que se trata de una prestación de naturaleza laboral, por lo que pretender utilizar un factor económico, como la UMA, ajeno a la prestación de seguridad social, distinta al salario y diferente a la pensión, es un hecho inaceptable porque afecta los derechos adquiridos de los trabajadores, indicando que el valor actual de la UMA es de 89.62 pesos diarios (2,742.45 pesos mensuales), mientras que el salario mínimo general es de 141.70 pesos diarios (4,307.68 pesos mensuales). ¿Cuál es la afectación directa a los trabajadores al servicio del Estado por la cuantía de su pensión en UMA y no en salarios mínimos? La drástica disminución en el pago de dicha pensión dado el valor que tiene la UMA con relación al salario mínimo, señalando que por estas razones, la determinación de la SCJN, en cuanto a que afecta los derechos adquiridos por los trabajadores, es violatoria de los derechos humanos y de los principios de progresividad e irretroactividad que establecen los artículos 1° y 14 de nuestra Carta Magna, mismos que las autoridades, incluida la propia SCJN, están obligadas a respetar, proteger y garantizar; de igual manera viola el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Apartado V, relativos a la seguridad social y prestaciones de vejez; y va en sentido contrario a lo que ha determinado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por lo que Antorcha Magisterial considera que la determinación de la SCJN está violando principios rectores de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de tratados internacionales que garantizan los derechos y libertades de las personas. Asimismo, hacemos un llamado a todos los ciudadanos progresistas para que se unan a la causa de defender el derecho de recibir una pensión jubilatoria justa; solo con una participación activa y una movilización sostenida lograremos que las autoridades se desistan de esta injusta medida y reparen las violaciones a los derechos de los trabajadores…
Se lleva a cabo la inauguración de las oficinas del Comité Municipal del PRI en el Municipio de Chocaman, en donde el anfitrión fue Víctor Pérez Trejo, quien fue acompañado de su Señora esposa y amigos de su Municipio, así como una Líder de hueso colorado de Coscomatepec, Beatriz Ramos una líder y luchadora social de la CNC, quien siempre ha dado la cara en contra de todos los adversarios de su Instituto Político al que siempre ha pertenecido desde siempre, por medio de su sector campesino que ha representado dignamente esta gran mujer luchado en busca de beneficios para los que menos tienen…
Líder Estatal de Antorcha Campesina en el Estado, Samuel Aguirre Ochoa, da su opinión con respecto a la represión del Gobierno del Estado en contra de los Dirigentes Opositores a su Mandato, exponiendo que desde hace más de un año los antorchistas veracruzanos hemos venido denunciando una serie de acciones represivas por parte del Gobierno del ing. Cuitláhuac García Jiménez, en contra de sus integrantes y de otras corrientes políticas del Estado. Hemos sostenido que se recurre a la represión administrativa, a la represión policiaca e incluso al uso de sicarios que han intimidado con llamadas telefónicas a los activistas del Movimiento Antorchista, a los integrantes de los grupos culturales y a los deportistas antorchistas, y que han hecho secuestros virtuales y reales en contra de los activistas de nuestro Movimiento. También hemos sostenido que tales acciones están operadas desde las oficinas de Palacio de Gobierno, pues quienes las llevan a cabo actúan con toda libertad y cinismo en las calles de las ciudades, y si se les denuncia ante los funcionarios estatales, éstos en lugar de investigar, se molestan, indicando que ninguna corriente distinta a la nuestra ha respaldado tales denuncias. Nos han dejado solos bajo el fuego de la represión del Gobierno de Cuitláhuac García, por lo que bien pudiera quedarme callado ahora que se presenta el caso de Rogelio Franco, ex Secretario General del PRD y candidato plurinominal a Diputado Federal por dicho Partido, sin embargo, creo que es un deber de todo revolucionario no callar ante hechos como los que se están viviendo en el Estado en estos días, y en particular al último hecho, E l Líder Social indico que para mí la detención y encarcelamiento, de Rogelio Franco Castán, el pasado 13 de marzo en Tuxpan, es un acto de represión política por parte del Gobierno de Veracruz. Es obvio que la razón que se esgrime para detenerlo es un invento, pues se le acusa de ultrajes a la autoridad, al intentar detenerlo porque estaba acusado de otro delito por el cual se encontraba amparado por un juez. Pero no se demuestra que Rogelio Franco haya agredido a los policías, simplemente es una afirmación que se ha difundido en los medios de comunicación y por este mecanismo lo han convertido en verdad. Es una acusación falsa para poder detenerlo, pero más ridícula es la causa por la cual le impusieron la prisión preventiva, ya que lo acusan de haberle rasgado la camisa y causarle daños psicológicos a uno de los policías que intentó detenerlo; una camisa de 330 pesos y los daños psicológicos que requieren de cuatro sesiones de 400 pesos cada una, lo que da un total de mil 930 pesos. Repito, es ridículo porque ¿quién comprobó que dicho policía realmente tiene daños psicológicos a consecuencia de la agresión de Rogelio? Es claro que, también se trata de inventos para mantenerlo recluido durante los ocho meses que ordenó el juez de control, pero además el delito de ultrajes a la autoridad, conforme a la ley, hasta hace 5 días, no ameritaba prisión preventiva, como se la dictaron, pero el Congreso de Veracruz, de mayoría morenista modificó el Código Penal para aumentar la gravedad de este delito. Por lo que todos debemos estar preocupados pues se ve que el Gobierno utilizará como garrote para golpear a los opositores, como se observa en este caso, es muy claro que en Veracruz la Ley no importa, lo valioso para el Gobierno es sacar adelante sus ambiciones de poder y dinero, situación muy peligrosa para todos los veracruzanos, pues la sociedad va en retroceso, nos enfilamos hacia una dictadura en la que se impone la voluntad personal del Gobernante, pero además debo aclarar que nunca estuve de acuerdo con muchas de las decisiones de Rogelio Franco Castán cuando fue Secretario de Gobierno, en particular con el uso de la fuerza pública en contra de la movilización de las organizaciones sociales que pedían se les resolvieran las necesidades básicas de sus pueblos o colonias, pero sin embargo, lo que le está haciendo el Gobierno de la 4T a él, es una acción represiva, igual a la que comúnmente llevan a cabo en contra de todos aquellos que no se someten a las arbitrariedades y caprichos del actual Gobierno. Que viene actuando como si los veracruzanos no pensaran y se dieran cuenta de lo contradictorio entre su decir y hacer, así mismo me entero que la policía del estado detuvo a golpes al vocero de la Unión de Concesionarios de Centros de Verificación quien se encontraba en una movilización en la Secretaría del Medio Ambiente de Veracruz (Sedema). ¿En dónde queda el derecho a la libre manifestación? ¿el diálogo para qué es? … |
