Estamos en el umbral para que seis millones de paisanos elijan 212 presidentes municipales, 20 diputados federales, 50 legisladores locales y más de 600 regidurías, el Cártel de Jalisco Nueva Generación y Los Zetas presionan a autoridades municipales, a precandidatos de diversos partidos y a corporaciones policíacas locales para obtener su “coto de poder” en los comicios de junio próximo, ha admitido en diversas entrevistas el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
El secretario de Gobierno, Éric Cisneros, va más allá. Dice que ya hay varios regidores y alcaldes bajo “investigación”, por lo que no descarta que se libren órdenes de aprehensión en las siguientes semanas.
El 15 de febrero la precandidata del PVEM a la alcaldía de Cosoleacaque, Carla Enríquez Merlín, y su madre, la exdiputada local priista Gladys Merlín Castro, fueron asesinadas en su domicilio. Por este doble homicidio han sido detenidos dos policías interbancarios encargados de vigilar la residencia, hecho que el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió así en la mañanera del pasado miércoles 10. “Se acabó el influyentísimo”, dijo, aunque todavía no se detiene al autor material del crimen, sus clásicos anuncios que resultan mentiras en las que la gente pensante ya no cree, las toma como parte de un tremendo circo montado por la 4T sobre una estructura electoral que se sostiene con programas sociales: dinero a cambio de votos y amenazas de “si no votas por Morena este apoyo se terminará”.
Por otro lado el aparato intimidatorio a todo lo que da amenazando con cumplir órdenes de aprehensión contra connotados personajes de la política local, conocidos como rateros y corruptos a quienes no se tocaba ni con el pétalo de una flor, hoy toman relevancia como el caso de Tomás Ruíz González, exsecretario de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, quien es buscado por las autoridades por su participación en delitos federales, fue el Juez Decimoséptimo de Distrito libró la orden de aprehensión en contra de Tomás Ruíz González por el delito de peculado, dentro de la Causa Penal 1/2020 de su índice, proceso penal en el que también se emitió una orden de arresto en contra del también ex funcionario duartista Gabriel Deantes Ramos.
La Fiscalía General de la República (FGR) es quien solicitó al Juez Federal la captura del exfuncionario por su participación en el desvío de recursos federales mientras se desempeñó como secretario de SEFIPLAN del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, quien cumple una condena de prisión por lavado de dinero y asociación delictuosa.
Entre 2010 y 2013, Tomás Ruiz González se desempeñó como Secretario de Finanzas en la administración del exgobernador Javier Duarte de Ochoa. Posteriormente, durante ese mismo gobierno, estuvo al frente de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP).
En el 2019, Tomás Ruiz González fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de la comisión del delito de peculado, por el desvío de 261 millones de pesos del Fondo Regional (FONREGION), mientras se desempeñó como Secretario de Finanzas. El 12 de agosto del 2020, Ruíz González fue nombrado Director General Corporativo de la empresa española OHL, dedicada al ramo de la construcción en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Desde el 2019 en que fue denunciado Tomás Ruiz, apenas hoy le sacan su expediente y lo echan a andar. Otro caso, más escandaloso por las irregularidades legales en que incurrió la Fiscalía del Estado, es la detención del dirigente perredista y ex Secretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán, a quien de esta manera, dándole ocho meses de cárcel por “rasguñar” a un ministerial lo bajan de una diputación federal plurinominal que ya tenía amarrada; no ganan nada los autores de este acto de represión pero hacen sentir su poder, lo que debiera ser de otra manera dentro de la legalidad que no conocen y recurren al circo…Triste momento el que nos tocó vivir.
No más pluris artificiales decide el INE
La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un proyecto de nuevos criterios con los que distribuirá las diputaciones plurinominales, para evitar que partidos y coaliciones vuelvan a construir una mayoría artificial en la Cámara de Diputados.
El planteamiento busca prevenir que se asignen curules a un partido con candidatos que ganaron la elección disfrazados como abanderados de otro instituto político.
Además, se establece que el INE asignará curules de representación proporcional (o plurinominales) verificando que no se rebase el 8% de sobrerrepresentación no sólo por partido, sino también por coalición.
Así, se propone regular el término “afiliación efectiva”, que consiste en la asignación partidista que le será reconocida a un candidato, según el Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos al corte del domingo 21 a las 20 horas.
En agosto, el INE deberá asignar las 200 curules de representación proporcional según la votación alcanzada por cada partido, decisión que ha sido polémica, pues en 2015 y en 2018 el organismo asignó curules y verificó que no se sobrerrepresentaran los partidos en lo individual, pero permitió que las coaliciones sí excedieran el límite constitucional.
Tres ejecuciones por cobro de derecho de piso
Con la ejecución de un hombre, asesinado de al menos siete balazos en la Plaza Clavijero en el centro de la ciudad, el pasado sábado por la noche, cuando los locatarios se preparaban para cerrar sus puestos, van tres los asesinados a manos de la delincuencia organizada por el cobro del “derecho de piso”, extorsión a la que tienen sometidos a los comerciantes de la mencionada plaza. La víctima sería el hijo del líder de los comerciantes de este tianguis.
Luego de ocurrido el asesinato, hasta la zona centro de la ciudad de Xalapa se trasladaron elementos de la Guardia Nacional y Seguridad Pública del Estado, quienes acordonaron las calles y bloquearon la avenida Clavijero. Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:15 horas y hasta el momento no hay información precisa, ante versiones que indicaban que la víctima era hijo del dirigente de comerciantes, y que el crimen estaría relacionado al pago de cuotas al crimen organizado. El sonido de las detonaciones de arma de fuego provocó temor entre los transeúntes y los clientes que en ese momento se encontraban dentro de la plaza comercial.
Años atrás, el viernes 8 de febrero de 2019 Ricardo Alberto Delgado García y María del Carmen Ruiz Hernández, comerciantes de “mercancía pirata” en la capital del estado fueron ejecutados por sicarios en un lapso de ocho horas en zonas céntricas de Xalapa. En ambos casos, sus victimarios huyeron con total impunidad. Delgado García de 18 años, fue acribillado por un sicario en el mercado Rendón la noche del jueves, de acuerdo con versiones recabadas por la policía y presuntamente fue ejecutado al negarse a pagar el derecho de piso al crimen organizado. Comerciantes del mercado ubicado junto a Plaza Museo señalaron que un comando irrumpió en dos vehículos.
En la escena del crimen fueron embalados 15 casquillos percutidos calibre 9 milímetros, un plomo encamisado, dos proyectiles deformados, todas de un arma de uso exclusivo del Ejército y Fuerzas Armadas. Testigos dijeron a la policía que el sicario y los delincuentes que lo acompañaban huyeron a bordo de una camioneta color negro y otro vehículo no identificado. De este crimen, la Fiscalía General del Estado abrió la carpeta de investigación 571/2019.
El mismo día por la tarde, María del Carmen Ruiz Hernández, líder de comerciantes de plaza Clavijero fue ejecutada al interior del inmueble en presencia de un centenar de comerciantes y compradores de fayuca, discos pirata y ropa, quienes salieron despavoridos del lugar. La ejecución solitaria ocurrió el jueves a las dos de la tarde, a dos cuadras de Palacio de Gobierno y a tres de la Torre de la Secretaria de Seguridad Pública. En años anteriores fue ejecutado el antecesor de la líder de comerciantes, Fidel Guerra, quien fue “levantado” en la Plaza Clavijero en febrero 2015 y abandonado muerto días después en la periferia de la ciudad. El violento homicidio de ayer causó caos en los comerciantes del centro histórico y de peatones y curiosos que circulaban en la plaza.
¿Y las autoridades municipales y estatales, y la policía preventiva que vemos pasear todos los días por distintos rumbos de la ciudad cotorreando a bordo de la camionetas artilladas, gastando gasolina y vehículos que los ciudadanos les compramos para que cumplan con su tarea de prevenir actos de violencia?... Dicen que no saben nada de estos asuntos. Curiosamente cuando hicieron su arribo para recorrer el interior de la plaza y advertir a los comerciantes sobre la obligación que tenían de pagar cuotas a la delincuencia organizada, mientras realizaban esta acción las calles aledañas fueron bloqueadas por policías estatales, quienes protegieron e impidieron que se molestara a los sicarios en su criminal actuación: ¿En manos de quién estamos?, de la delincuencia y de un gobierno que, a más de dos años de distancia no sabe ni de qué se trata la responsabilidad que adquirieron.
REFLEXIÓN
Desde que Hipólito Rodríguez Herrero tomó posesión del cargo como Presidente Municipal de Xalapa, hasta el pasado mes de diciembre, en el rastro municipal se estuvo sacrificando puro ganado robado que les surtía la delincuencia organizada a quienes manejan ese millonario negocio del rastro. Obviamente Hipólito no sabía nada, nunca supo nada, hasta que autoridades estatales se percataron y enderezaron el asunto tratando de impedir que los medios difundieran la información y se sumara un escándalo más a la cuenta de Polito. Escríbanos a mrossete@yahoo.com.mx | formatosiete@gmail.com |
