Todavía no tiene lugar la elección para elegir diputados locales, ni siquiera hay candidatos en campaña, pero ayer se tuvo un adelanto de lo que puede ocurrir si se modifica la composición de las bancadas representadas en el Congreso local, lo que podría dar lugar no solo a un sano equilibrio político sino también a un contrapeso necesario que frene el uso y el abuso de poder que tiene el Poder Ejecutivo y su bancada en el Poder Legislativo, que cuentan, además, con la complicidad de algunos diputados de “oposición”.

Un total de 18 diputados locales (del PAN, del PRI, del PRD y de MC), uno más del que era necesario, firmaron un recurso de acción de inconstitucionalidad que presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se derogue la reforma que se hizo al Código Penal del Estado de Veracruz el 11 de marzo, para aumentar las penas a las conductas de ultrajes a la autoridad, que ipso facto utilizó el gobierno para detener, en forma arbitraria, a un político opositor, a un empresario crítico, a unos pacíficos jóvenes xalapeños y, recientemente, a otros de Orizaba, violando la propia ley pero justificándose que cometieron ultrajes a la autoridad.

Los diputados que promovieron el juicio fueron: Omar Miranda Romero, Jenny del Pilar Trinidad Herrera, Jorge Moreno Salinas, Enrique Cambranis Torres, Judith Pineda Andrade, María Josefina Gamboa Torales, Montserrat Ortega Ruiz, María Graciela Hernández Íñiguez, Erika Ayala Ríos, Ivonne Trujillo Ortiz, Rodrigo García Escalante, Ricardo Arturo Serna Barajas, Bingen Rementería Molina, Nora Jessica Lagunes Jáuregui, María de Jesús Martínez Díaz, Sergio Hernández Hernández y Carlos Alberto Triana García. No se adhirió el diputado Gonzalo Guízar Valladares, del PES, no obstante que declaró que no había leído la “letra chiquita”, esto es, que no leyó el contenido de la reforma que se aprobó. 

Es de tal severidad la norma legal modificada y da carta blanca al gobierno para que la use y abuse de ella en contra de la población, que la prensa crítica la bautizó, y ya se le conoce así, como la “ley garrote”, ley que, como bien ilustró ayer la diputada local Maryjose Gamboa, implica que nadie pueda mirar siquiera feo a un policía. “Con mirarlo feo basta para que sea usted privado de la libertad y encarcelado”, por “ultrajes a la autoridad”.

El 17 de marzo, los prestigiosos integrantes de la Academia de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, entre otros órganos de especialistas, pidieron, mediante un desplegado público, al Congreso y al gobernador, derogar la reforma y fundamentaron con amplitud de detalles porque contraviene la legalidad, pero fueron ignorados. Ese escrito lo firmaron los maestros y doctores en Derecho: Sidney Ernestina Marcos Escobar, Rosa Hilda Rojas Pérez, Esperanza Sandoval Pérez, Erick Cabrera Nieto, Luis Manuel Lara Hernández, María Eugenia Castillo Reyes, Enrique Córdoba del Vall, Daniel del Ángel Pérez, César Martínez Rámila, Rebeca Contreras López y Austria Paola Barradas Hernández. 

Lo cierto es que algunos de los 18 diputados que impugnan ahora la reforma se prestaron para su aprobación, pero lo importante es que han decidido corregir su error y buscan echarla abajo, lo que puso de manifiesto que se rebelaron y rompieron el control que tenía sobre ellos el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, esto es, que optaron por la autonomía a que tienen derecho y que han decidido hacerla valer, lo que hace esperar que en lo que resta de la LXV Legislatura no le aprobarán al gobernador ningún decreto o iniciativa de ley que no atienda el interés de los veracruzanos, y que menos lo harán si en la elección ganan la mayoría.

A finales del mes pasado, en una reunión de los dirigentes del PAN, del PRI y del PRD con sus diputados locales y federales, les hicieron ver la urgente necesidad de derogar la reforma pues, les recordaron, amenaza no solo a la población sino también a ellos mismos y la pueden utilizar en su contra una vez que dejen la representación que tienen y no gocen ya de fuero, dentro de seis meses. Los ilustraron mejor con la detención del exsecretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán.

Al gobernador Cuitláhuac García Jiménez ya solo le restan tres años para dejar el cargo, pero de todos modos son tres años, y hasta ahora, abusando (no se puede utilizar otro término) de que su partido tiene mayoría en el Congreso local, y que tienen el poder y los recursos para cooptar a diputados que le ponen precio a su dignidad, han hecho lo que han querido aprobando decretos e iniciativas de ley que solo sirven a sus intereses particulares y que atentan contra el interés de la ciudadanía.

El equilibrio y los contrapesos en el ejercicio del poder son sanos pues obligan a la toma de decisiones por consenso, previo diálogo, negociación y acuerdo, y evitan la tentación del autoritarismo, que es propio de las dictaduras, pero no de un gobierno democrático.

Por los indicios que se van teniendo, se advierte que en la próxima elección el partido en el poder ya no va a arrasar y tampoco va a obtener la mayoría abrumadora de curules en el Congreso local que logró en 2018, y si no pasa a ser minoría, al menos podría quedar en igualdad de fuerza con la oposición, lo que obligaría al Ejecutivo a refrenarse ante la tentación de promover leyes atentatorias contra la seguridad, la integridad y los derechos humanos de los veracruzanos.

Al final, si se advierte, la última palabra para lograr ese equilibrio y ese contrapeso, a todas luces saludables para la vida pública y democrática del Estado, la tienen los ciudadanos, quienes irán a votar. De ellos, y de nadie más, dependerá que se intenten y prosperen más leyes “garrote” o que prevalezca el Estado de derecho y se garantice la justicia para la población. Hay caminos legales, sin violencia, para corregir. La larga lucha por la democracia en el país ha dotado a la ciudadanía del instrumento del voto para defenderse de gobiernos autoritarios, arbitrarios, persecutores contra todo el que le incomoda porque le dice la verdad o denuncia sus abusos. Ya veremos el 6 de junio que quiere la mayoría.

Escritora y compositora, “mujer tormenta”

Previo al arranque de su campaña el domingo pasado, desayuné con Edith Cervantes, escritora, compositora, guionista, conferencista y defensora de los derechos de la mujer, y ahora candidata diputada federal por el distrito XII de Veracruz por el partido Fuerza por México.

Autora, entre otras obras, de La mujer de las tormentas, es, sin duda, una buena novedad en el escenario político del Estado, y ve su participación en el proceso electoral como una proyección de su interés por cambiar el estado de cosas en la vida pública y fortalecer los derechos de la mujer.

Es la primera vez que incursiona en política y por lo mismo no es una política tradicional, pero la animan los mejores propósitos y, por lo que advertí, posee la sensibilidad necesaria para sentir las necesidades de la población, para captar bien sus inquietudes e interpretar sus deseos de mejoría, suficientes, eso creo, para llevar su voz al Congreso federal.

El domingo inició sus actividades en Manlio Fabio Altamirano, continuó en Medellín de Bravo y concluyó con un evento en modalidad mixta (presencial y transmisión en línea). En sus actos participaron sobre todo mujeres y jóvenes, escuchó a los electores, respondió a todas las preguntas que le hicieron y los invitó a participar de manera razonada para elegir a quienes verdaderamente representen sus intereses y no usen el poder que les dé el electorado para negociar para su provecho personal.