Prefacio.

Fue hace escasos cinco meses, en noviembre del 2020. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno reabriría la investigación por el asesinato de la periodista Regina Martínez. *** “Estoy totalmente de acuerdo en que se busque el procedimiento para reabrir el caso, es un compromiso. Conocí a Regina, me acompañó en el éxodo por la democracia, cubrió todo el andar, toda nuestra trayectoria en Veracruz en 1990-91, como reportera de Proceso. Entonces la conocí muy bien, una periodista incorruptible, profesional. Si vemos la forma legal de que se reabra el caso si es que está archivado, yo no sabía que se hubiese cerrado el caso, pero si es así lo reabrimos y se hace la investigación a fondo. Tenemos ahora condiciones distintas porque no hay contubernio, entonces podemos conocer toda la verdad”, dijo en aquella ocasión el Presidente. *** Este miércoles, cuando se cumplieron nueve años del asesinato de Regina Martínez, reporteros “de a pie” y miembros de la sociedad xalapeña hicieron un severo llamado al gobernador Cuitláhuac García y a la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández, para que reabran el caso y den con los autores intelectuales del crimen. *** El 28 de abril de 2012, el cuerpo sin vida de Regina Martínez fue hallado en su casa. La versión del gobierno estatal fue que el móvil había sido el robo. Jorge Antonio Hernández Silva fue detenido y sentenciado por “homicidio y robo agravado”, a pesar de que denunció que su confesión fue obtenida bajo tortura.

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“The World Justice Project” (“Proyecto de Justicia Mundial, sería su traducción al español) es una organización independiente e internacional, que trabaja para avanzar el Estado de Derecho en el mundo.

“Un Estado de Derecho efectivo reduce la corrupción, protege a las personas de hechos injustos y combate la pobreza. El Estado de Derecho es el sustento de comunidades de igualdad, oportunidades, y paz, y funge como la base del desarrollo, de gobiernos transparentes que rinden cuentas, y del respeto a los derechos fundamentales”, señala esta organización en su presentación.

En cada país en donde World Justice Project (WJP) tiene representación –México es uno de ellos- realiza una evaluación de la eficiencia de sus instituciones para garantizar un positivo Estado de Derecho.

En su más reciente evaluación, el estado de Veracruz fue ubicado en la posición número 26, de las 32 entidades del país, cuatro posiciones abajo de su anterior calificación.

El Índice de Estado de Derecho mide, entre otros factores, los límites al poder gubernamental, la ausencia de corrupción, la garantía a los derechos fundamentales, la justicia civil y penal, así como el orden y seguridad, el cumplimiento regulatorio y el gobierno abierto.

Según esos parámetros, Veracruz se ubica en el último lugar nacional en cuanto a poner límites al poder gubernamental, en cuanto al respeto a los derechos fundamentales y en lo que se refiere a la justicia penal.

Además, está en el lugar 30 en justicia civil, el sitio 24 en ausencia de corrupción y su mejor calificación –el lugar número 12- lo obtiene en materia de Gobierno Abierto.

Lo que World Justice Project nos muestra en cifras y con gráficas, los veracruzanos lo sabíamos ya, a partir de múltiples experiencias de abuso de autoridad y una aplicación tendenciosa de la justicia.

En este deplorable desempeño de Veracruz juega un papel fundamental el organismo “autónomo” conocido ahora como Fiscalía General del Estado (FGE), convertido en un órgano represor contra organizaciones y actores políticos adversos al gobierno estatal.

Las arbitrarias detenciones de tres candidatos del frente opositor y su irregular vinculación a proceso, son testimonios irrefutables de esa connivencia entre los tres poderes del Estado, que deberían funcionar como contrapeso, como factores de equilibrio en beneficio de la sociedad.

Policías, fiscales y jueces de consigna, son noticias cotidianas en Veracruz.

Así, por supuesto, no podemos aspirar a tener buenas calificaciones en un tema fundamental para la gobernabilidad, como es el Estado de Derecho.

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Epílogo.

Este miércoles elementos de la Policía Ministerial detuvieron a cinco elementos de la Policía Municipal de Lerdo de Tejada, señalados del delito de desaparición forzada. Entre los oficiales detenidos se encuentran el director de la corporación y el primer comandante, además de otros tres elementos. *** Mientras tanto, los ocho elementos de la Policía Municipal de San Andrés Tuxtla que también fueron detenidos por facilitar la fuga de un reo, ya fueron vinculados a proceso y trasladados al penal de Pacho Viejo. *** El candidato de la alianza “Va por México” a la Diputación Federal por Xalapa Urbano, Américo Zúñiga, se dijo convencido de que el próximo 6 junio los jóvenes acudirán a las urnas para derrotar al abstencionismo, “porque las nuevas generaciones están comprometidas con el rescate de nuestro país y nuestra ciudad”. *** Américo Zúñiga indicó que, una vez electo, una de sus prioridades será la atención a los jóvenes de México: “Por eso, queremos que se revise el marco educativo, pero también los fondos que se destinan para la juventud, el deporte, el arte y la cultura. Además de involucrar a los jóvenes en el sector productivo”. *** Por su parte, Adolfo Mota, candidato de la coalición PRI-PAN-PRD a la diputación federal por Xalapa Rural, visitó Acatlán yu atestiguó la toma de protesta a la nueva dirigencia municipal del PRI. *** Adolfo Mota se refirió a las falsas promesas de la campaña de Morena y apuntó que la  coalición Va por México propone que “unidos somos más fuertes y yo me apunto para ayudar a reconstruir el país, ahora que está en riesgo por los desaciertos de Morena”. *** Pepe Yunes, mientras tanto, sigue recorriendo los municipios que conforman el Distrito IX, con cabecera en Coatepec En cada uno de ellos son visibles las obras y acciones que él gestionó a su paso por el Congreso federal y el Senado de la República, lo que le reconocen los pobladores. *** Desde el inicio del Plan Nacional de Vacunación contra Covid-19 se han aplicado 16 millones 985 mil 391 dosis, de las cuales 6 millones 390 mil 272 son personas que ya tienen el esquema completo con una o dos inyecciones. El martes se administraron 292 mil 988, informó Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. *** Entre los adultos mayores, 5 millones 063 mil 415 ya tienen la protección completa contra el coronavirus. También 815 mil 696 trabajadores de la salud y 511 mil 161 integrantes del sector educativo. *** Entre martes y miércoles se confirmaron 371 fallecimientos para llegar a un total de 215 mil 918.

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