La política y el ejercicio del poder en México jamás se van a sanear si los gobernantes, los partidos y sus dirigentes no establecen filtros más eficaces para impedir el acceso a cargos de elección popular de candidatos con antecedentes criminales o vinculados a grupos delincuenciales.

Y es que, como nunca antes, en el actual proceso electoral se han venido ventilando varios casos graves. Este miércoles nos enteramos, por ejemplo, que el candidato de Morena a la alcaldía de Huetamo, Michoacán, Rogelio Portillo Jaramillo, es uno de los más buscados por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). El abanderado morenista, de 41 años de edad y originario del estado de Guerrero, es relacionado por las áreas de inteligencia de EU con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

La ficha de la DEA, que está vigente, lo señala como uno de los objetivos prioritarios. ¿Lo ignoraban en el gobierno federal? ¿Y si lo sabían no pudieron haber avisado y prevenido a los dirigentes de su partido?

En el estado de Nuevo León, el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, Samuel García Sepúlveda, quien actualmente encabeza las encuestas, acaba de ser exhibido también por sus vínculos familiares con el capo del Cártel del Golfo, Gilberto García Mena, (a) “El June”, a quien negó conocer… hasta que aparecieron fotografías y videos de una fiesta de un hijo del narcotraficante, quien es primo hermano de Samuel Orlando García Mascorro, padre del abanderado del partido naranja que fundó y lidera el ex gobernador y senador veracruzano Dante Delgado.

En Veracruz, el diputado local con licencia Rubén Ríos Uribe, aspirante de Morena a la alcaldía de Córdoba, acaba de promover ante el Tribunal Electoral del estado un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, pues argumentó que los dirigentes de su partido no mostraron encuestas ni fundamentaron los criterios en los que basó la asignación de las candidaturas municipales.

El ex presidente de la mesa directiva de la LXV Legislatura local fue desplazado por el doctor Juan Martínez Flores, diputado federal con licencia que ya fue candidato a la alcaldía cordobesa en 2017. En aquél proceso electoral municipal, que perdió ante Leticia López Landero, del PAN-PRD, fue apoyado por su amigo Jesús Aíza Kaluf, (a) “El Sirio”, quien en el gobierno de Fidel Herrera Beltrán fue delegado de la Secretaría de Seguridad Pública en Fortín y luego, en la administración del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, se desempeñó como subdirector de Operaciones de la SSP.

De Veracruz, Aíza Kaluf se fue al municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, donde hasta 2014 fungió como secretario de Seguridad Pública.

Actualmente, según investigaciones de inteligencia del gabinete de seguridad, “El Sirio” es accionista de tres empresas y abogó ante la Fiscalía General de la República a favor de Florian Tudor (a) “El Tiburón” o  “Rechinu”, señalado como jefe de la mafia rumana dedicada a clonar tarjetas bancarias de turistas, al tráfico de personas para explotación sexual y a la extorsión a comerciantes. A él y a Adrián Cosmin, su principal socio, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda les congeló 79 cuentas bancarias en febrero pasado.