El licenciado Patricio Chirinos Calero era gobernador del estado cuando el 26 de noviembre de 1996 otorgó la autonomía, plena y absoluta, a la Universidad Veracruzana, para responder a la necesidad de asegurar su permanencia y su trascendencia como una institución de prestigio, defensora de la riqueza histórica y cultural, y abierta a los avances del pensamiento y de la ciencia.
“Por más de medio siglo, la historia de Veracruz ha estado íntimamente vinculada con su universidad, pero sobre todo con el compromiso de la comunidad que la conforma y el aporte a los intereses fundamentales y el progreso material y cultural de toda la sociedad”, escribió don Patricio ese memorable día.
Para que fuera “con el esfuerzo de todos, la institución universitaria que requerimos para avanzar hacia el futuro y, por ello, de cara al próximo siglo, debemos impulsarla hacia el porvenir”, presagió Chirinos Calero.
El doctor Emilio Gidi Villarreal, rector de la institución, participó en la consumación de tan importante evento histórico, que ha logrado continuar con el avance del proceso evolutivo institucional de Veracruz.
Días más tarde, a propuesta del gobernador, la legislatura y el rector, fueron presentados los aspirantes a miembros de la Junta de Gobierno de la UV y, en sesión solemne, el Consejo Universitario General eligió por votación a los nueve miembros que conformaron la primera Junta, la cual fue integrada por reconocidas personalidades de la academia, el 14 de febrero de 1997.
A partir del año 2002 se iniciaron las transformaciones de la Junta de Gobierno, la cual ha logrado ir intercambiando personajes de diversas corrientes de estudio, logrando una representatividad de especialistas distinguidos y honestos.
Actualmente el órgano colegiado está integrado por Leticia Mora Perdomo, como presidenta; y Genaro Aguirre Aguilar, como secretario. También lo conforman Alfredo Sánchez Castañeda, José Luis Morán López, Laura Verónica Herrera Franco, Enrique Ramírez Nazariega, Alma Gloria Vallejo Casarín, Jorge Martínez Contreras y José Antonio Seade Kuri; cuyo cargo es honorífico y conseguido a pulso por ser considerados como personas honorables y de reconocido prestigio académico.
La Junta de Gobierno, entre algunas de sus atribuciones más importantes, se ocupa de la designación del rector, de los secretarios académico y de administración y finanzas, y del contralor general; propone ternas al Consejo Universitario para nombrar a nuevos integrantes de la propia Junta; ejerce vigilancia y control del presupuesto y patrimonio de la universidad; analiza y aprueba el informe de sus estados financieros: y observa la correcta aplicación de los recursos.
En los días por llegar, a finales del mes de junio del presente año, los junteros universitarios deberán publicar la convocatoria para elegir al próximo rector; harán la auscultación en la comunidad universitaria para integrar las propuestas de candidatos a ocupar el cargo, mediante instancias y mecanismos apropiados; realizarán los procedimientos necesarios para conocer la opinión de los universitarios; y ofrecerán espacios dignos para que los candidatos expongan sus programas y acciones para avanzar en el desarrollo de la casa de estudios.
Llegado el tiempo, el rector elegido habrá de tomar posesión el primer día hábil del próximo septiembre y permanecerá en el cargo durante cuatro años, periodo que podría prorrogarse por una ocasión, si fuera el caso.
La autonomía ha significado reconocer y garantizar la capacidad de la comunidad universitaria para tener sus propias normas internas, sus formas de gobierno y sus autoridades, y cuidar de su régimen patrimonial, en beneficio de la sociedad a la cual debe servir y es su razón de ser, dentro del marco del orden jurídico general que valida y sustenta la libertad interna de la vida universitaria.
La Junta de Gobierno deberá hacer respetar la autonomía de la Universidad Veracruzana con honorabilidad y probidad.
AMLO ordena ocultar contenido de contratos
El Gobierno de México ordenó ocultar entre dos y cinco años el contenido de los contratos para adquirir las vacunas contra el Covid-19, con el argumento de que hay acuerdos de confidencialidad suscritos con las farmacéuticas para no divulgar sus secretos industriales y comerciales, según diez resoluciones oficiales que analizó Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Entre la información secreta está el precio pagado por cada dosis.
Las cláusulas de confidencialidad establecen que en caso de que la Secretaría de Salud reciba una orden judicial para dar a conocer información comercial contenida en los contratos de las vacunas, deberá dar aviso a las farmacéuticas para que soliciten un amparo o medida cautelar y así mantener los datos en secreto, según sostienen las resoluciones que revisó MCCI en el marco de un trabajo conjunto de la alianza “Vigila la Pandemia”, realizado junto con periodistas de Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá y Argentina, que han solicitado en los últimos meses acceso a las condiciones de contratación de vacunas. Las respuestas de las autoridades en todos los países han sido la negativa a abrir la información o incluso el silencio.
Además, el Gobierno mexicano ordenó reservar hasta diciembre de 2025 la información relativa a los expedientes, archivos y bases de datos en torno a la campaña de vacunación, argumentando que podría ser utilizada por grupos de la delincuencia organizada para “desestabilizar y afectar la operación del programa de vacunación, ya sea sustrayendo las vacunas o ejerciendo algún tipo de violencia”, según se lee en la resolución de la Secretaría de Salud consultada por MCCI.
REFLEXIÓN
Durante un mitin celebrado en Naranjos, Javier Herrera Borunda, delegado nacional en Veracruz del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), tomó el micrófono, y mientras las mujeres del presidium se abanicaban insistentemente para sortear el calor que golpea, anunció una nueva fidelidad para Veracruz. Escríbanos a mrossete@yahoo.com.mx | formatosiete@gmail.com |
