Medios locales informaron que el cadáver del reportero fue abandonado a la altura del kilómetro 167 de la carretera Sonoyta-Caborca, en el ejido Morelia, junto a su vehículo, una camioneta Pick Up GMC Sierra, todavía con el motor encendido, con varios impactos de bala, así como un mensaje cuyo contenido no fue revelado.
Otra víctima más de la inseguridad que vive la población en general, pero los periodistas en particular. Si bien todas las instituciones se cimbran con la muerte de un periodista, la que más resiente en su estructura, o por lo menos así debería ser, es el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que pertenece a la Secretaría de Gobernación, encargada de la política interna y de buena parte de la Seguridad en México.
La intención de esta oficina fue la de prevenir que la integridad de los comunicadores se viera alterada y no hace nada, ni siquiera ante los reiterados homicidios de los periodistas que dice proteger.
Para empezar, es un Mecanismo poco democrático porque para cubrir los requisitos que exigen para ser protegido son tediosos y tardados, es más rápida la muerte que la posible incorporación a este Mecanismo que no debería ser un ente burocrático sino una dependencia ágil, con la dinámica propia del periodismo que exige acción, pero esa oficina es un grupo de burócratas reumáticos que no hacen nada.
Desde el primer día en el poder del actual sexenio hubo un homicidio contra un periodista en Nayarit, Jesús Alejandro Márquez Jiménez, exactamente el 1 de diciembre de 2018, del medio Orión informativo.
De ahí siguieron 16 comunicadores más. El Mecanismo empezó a funcionar desde el sexenio de Peña Nieto y los funcionarios encargados de proteger a los periodistas son los mismos. Los resultados nulos también son los mismos. La negligencia es cada vez mayor.
Hasta el momento ni la secretaria de Gobernación, ni el presidente de la República muestran interés por transformar la estructura de este Mecanismo que se ha convertido en una oficialía de partes de obituarios de comunicadores.
La Junta de Gobierno del Mecanismo inició actividades con Aarón Mastache, que Andrés Manuel López Obrador envió después a Conagua, nada ha cambiado. Ahí están los mismos funcionarios públicos que se dedican a vigilar que los periodistas protegidos lleven correctamente la administración de los recursos facilitados, pero nunca se preocupan por la integridad de los comunicadores, por cambiar de estrategia, asumir su responsabilidad.
La muerte de otro periodista lastima a la sociedad y hace frágil a la democracia que intentan darle vida en vísperas de elecciones. Pero no pueden celebrarse comicios en medio de una violencia política y con muertes de periodistas que nunca fueron protegidos por las autoridades encargadas de guardar la integridad de los defensores de derechos humanos y de los periodistas, que son pilares en cualquier democracia que se pueda llamar así.
Cada asesinato de un periodista significa que la sociedad está desprotegida no sólo de la información que se genera en cada rincón donde los desaparecidos trabajaban sino porque se rompe un engrane de toda la sociedad. Porque no hay evolución con la muerte de periodistas ni transformación con la impunidad de sus asesinatos.
El descuido de este Mecanismo es tan grande que a pesar de que Mastache dejó de trabajar ahí desde hace varios meses, desde el 6 de octubre del año pasado, la página del Mecanismo por internet todavía lo muestra como titular del Consejo Consultivo. La falta de actualización de la página de esa oficina muestra el descuido de esa área que carece de presupuesto y, por si fuera poco, concesiona a particulares desde las armas hasta las patrullas y los vehículos, encareciendo los costos de dicha oficina.
Se trata de una oficina de actividades innecesarias que deberá refundarse de raíz para que tenga eficiencia, en sus manos está la vida de los periodistas y pareciera que su responsabilidad es únicamente administrativa y contable porque sólo hay papeleo inútil que arroja más crímenes de periodistas, que en su mayoría quedan impunes.
No son capaces ni de fortalecer investigaciones ni de facilitar evidencias, simplemente son burócratas que cobran por sentarse en sus escritorios sin resultados positivos. Se dice que la 4T es una transformación en todos los sentidos y erradica la corrupción, pero no realizar sus tareas dentro de la administración pública es también corrupción que debe castigarse. PEGA Y CORRE. - En este 10 de mayo, más importante que la celebración de las madres es guardar la sana distancia, evitar salir, cuidar las aglomeraciones, porque de esos cuidados depende la salud y la vida de millones de mexicanos… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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