En su discurso inaugural de la 47 sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Bachelet expuso: “México mantuvo sus mayores elecciones este mes con varios desafíos. Me preocupó la violencia política en el contexto electoral. Como mínimo 91 representantes y miembros de partidos, entre ellos 36 candidatos electorales, fueron asesinados durante el periodo electoral que comenzó en septiembre de 2020”.
La diplomática chilena también denunció ataques y amenazas contra políticos, sus partidarios y funcionarios de “los partidos de todo el espectro”, por lo que manifestó su preocupación y exhortó a las autoridades mexicanas a “asegurar la rendición de cuentas por estos actos y garantizar que no se repetirán”.
En su séptimo y último informe de Violencia Política en México 2021, la agencia Etellekt Consultores –en cuyos datos se basó el discurso de Bachelet– reportó que tras la jornada electoral del pasado 6 de junio, el balance final de la violencia en contra de políticos durante el proceso electoral 2020-2021 registró un total de 1,066 delitos globales (agresiones) en contra de personas políticas, de las cuales 102 fueron víctimas de homicidio doloso, 36 de ellas aspirantes y candidatos a cargos de elección popular.
Resumió que la violencia se extendió a los 32 estados y abarcó 576 municipios (29 ciudades capitales incluidas). Y señaló que aun cuando los ataques mortales en este proceso electoral disminuyeron, el número total de agresiones se incrementó en un 38% respecto del proceso electoral 2017-2018.
Además puntualizó que “uno de los datos centrales que marcará a este proceso es que la violencia afectó mayoritariamente a políticos y candidatos opositores a los gobiernos estatales en el 75% de los casos, pero no menos importante es que el 75% de los aspirantes y candidatos a puestos municipales agredidos eran al mismo tiempo opositores a los alcaldes de los mismos municipios en donde competían”.
Y detalló que con 152 y 19 delitos contra políticos, respectivamente, Veracruz y Campeche registraron incrementos del 280 y 204%, los más altos a nivel nacional, respecto al proceso electoral 2017-2018.
¿SE ‘BAILAN’ EN SESVER AL GOBER?
A ver, a ver, a ver, ¿cómo está eso de que el Gobierno del Estado de Veracruz pagó más de 6 millones 446 mil pesos, ya con el IVA incluido, a una empresa ubicada en Boca del Río de un presunto prestanombres de la familia Yunes Márquez, la cual, sin licitación, les proveyó de más de 130 mil pijamas quirúrgicas?
Ayer circuló en redes sociales un documento que detalla que cada pieza tiene un supuesto costo de 42.24 pesos más impuestos y que los pidieron en tres partidas: el primero de 34 mil 50 piezas; el segundo de 63 mil piezas y el tercero de 38 mil 550 piezas.
El material, según la versión que circuló, tuvo que entregarse a más tardar en mayo de este año y es la compra más onerosa que, de abril a la fecha, ha hecho la Secretaría a cargo del doctor Roberto Ramos Alor.
La compra la hicieron de manera directa, sin licitación pública pese al monto.
Según el contrato de emergencia SESVER/DA/C-109/2021, la transacción la realizaron apenas en el pasado mes de abril con la empresa VAXARI Comercializadora, S.A. de C.V.
Esa compañía es de reciente creación, no tiene otro contrato con el gobierno estatal, más que el actual y está ubicada en la avenida Bulevar del Mar, número 415, del Fraccionamiento Costa de Oro, en Boca del Río.
En dicho edificio se localizan varias oficinas de otras compañías, pero al averiguar la propiedad de dicha empresa o sus socios, se pudo comprobar que ahí, en esa dirección, están dadas de alta varias empresas donde José Ricardo Medina Hernández, quien iba como candidato suplente de Miguel Ángel Yunes Márquez, está dado de alta como socio y propietario en la misma dirección.
A los que difundieron esta información les parece “increíble que al gobernador Cuitláhuac García, quien tanto combate la mafia del Clan Yunes, le estén ocultando los millonarios negocios que se están haciendo con estos personajes a sus espaldas desde la Secretaría de Salud del estado”.
Y es que quizá muy pocos lo recuerden ya, pero a principios de mayo de este año, el diputado federal Julio Carranza interpuso ante la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en el estado de Veracruz una denuncia penal en contra de Miguel Ángel Yunes Márquez por delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y defraudación fiscal.
Según el legislador federal, Yunes Márquez así como sus prestanombres y operadores financieros: José Ricardo Medina Hernández, Román Corrons Chávez, Karen Collado Yunes y Gabriel Garzón Velázquez, lavaron dinero por más de 300 millones de pesos durante los años 2017 y 2018 mediante empresas que recibieron contratos millonarios (a dedazo), por parte de la Secretaría de Salud (SS) estatal durante el bienio del gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares, padre del ex candidato a la alcaldía porteña.
De acuerdo con dicha denuncia, por estos millonarios contratos se pagaban sobornos a funcionarios estatales de la Secretaría de Salud, que depositaban los recursos a las empresas constituidas por los prestanombres de Yunes Márquez, José Ricardo Media Hernández y Román Corrons Chávez; esos recursos en dichas empresas se movían a través de una sofisticada red de evasión fiscal y lavado de dinero, para finalmente caer en cuentas de empresas fantasmas donde figuraban el propio Medina Hernández y Corrons Chávez, quienes a su vez los dispersaban a cuentas y empresas desde donde Karen Collado Yunes y Gabriel Garzón Velázquez movían los recursos para finalmente hacerlos llegar a manos de Miguel Ángel Yunes Márquez.
El diputado Carranza señaló directamente a la empresa Redari Constructor SA de CV, cuyo Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es RCO101215KF0, la cual ingresó en el año 2017 como proveedora de los Servicios de Salud del Estado de Veracruz (Sesver) para dar el servicio de limpieza y sanitización a los hospitales y oficinas administrativas durante el bienio yunista, ganando millonarios contratos que les fueron adjudicados de manera directa, con un beneficio superior a los 300 millones de pesos.
Los prestanombres que según el legislador federal figuran al frente de dicha empresa o fachada yunista son Román y Ricardo Corrons Chávez, quienes sirven a los intereses de José Medina Hernández, operador del Clan Yunes, así como suplente de Miguel Ángel Yunes Márquez y también del diputado federal yunista Carlos Alberto Valenzuela González.
Por cierto, ¿alguien sabe qué pasó con esta denuncia que el diputado federal de Morena presentó ante la Delegación estatal de la FGR? |
