No, no bastó con que el gobernador prometiera –en su remedo de “mañanera”- que ordenaría a sus policías “retirarse” cuando en un enfrentamiento con delincuentes se pusiera en peligro la vida de personas inocentes.
La población de Amatlán de los Reyes está indignada y exige se haga justicia “caiga quien caiga”.
La muerte de dos niños -Jonathan, de 13 años y Eduardo, de 14- es ya noticia internacional y ocupa el espacio principal en la versión para Latinoamérica del periódico virtual español “El País”.
Según la familia de los menores, el pasado 2 de julio los dos muchachos acudieron a casa de su tío, Alberto Jiménez, quien les encargó que lavaran su camioneta, eran cerca de las 2 de la tarde.
El propio tío de los muchachos ha narrado que de pronto escuchó ruido de disparos. Él, junto con su esposa y un bebé, estaban en el interior de su casa, mientras que sus sobrinos estaban en el patio.
En plena balacera, policías irrumpieron en su casa y le preguntaron a gritos que dónde estaban las armas y las drogas. Él respondió que no sabía de qué le hablaban y quiso salir al patio. Los policías no se lo permitieron. Afuera, en el patio, yacían los cadáveres de los dos muchachos.
La versión inicial de los policías señala que sus elementos atendieron un aviso sobre la presencia de hombres armados. Dijeron que al llegar los recibieron a tiros y ellos respondieron. La versión de Seguridad Pública afirma que los agresores huyeron y dejaron abandonados dos vehículos, donde los agentes encontraron droga, armas y cadenas con picos que el crimen suele usar para detener a los policía. Los dos vehículos que menciona la policía, son los de Alberto Jiménez y que había encargado a sus sobrinos que lavaran.
La versión oficial ha sido desmentida, punto por punto, por los familiares de los dos menores abatidos.
“Elementos de la Fuerza Civil allanaron un domicilio particular en el centro de nuestra comunidad, disparando, rompiendo puertas y candados, resultando en la muerte de estos dos adolescentes en el interior de la vivienda”, explicaron en una carta abierta.
Sobre los carros decomisados, Jiménez aclaró que no eran robados, como informó la policía estatal y sobre el hallazgo de drogas y un arma en su interior asegura que es mentira. “No hay reporte de robo, los vehículos fueron extraídos de mi propiedad cuando estaban siendo lavados por mis sobrinos. Además, es algo ilógico. Si estaban lavando los coches y los tapetes estaban afuera, ¿por qué los ponchallantas estaban adentro?”.
Esta es una actuación más de la policía estatal, a cargo de Hugo Gutiérrez Maldonado, en la que los “buenos” se convierten en criminales.
Cuando se le cuestionó al gobernador sobre este caso, respondió: “Vamos a hacer una revisión de la actuación en estos casos, cuando hay una agresión en una zona urbana, hay que afinar la actuación policial, quizá es mejor marcar cierta retirada”.
Lo cierto es que ha pasado una semana y no ha sido presentado nadie como responsable de la muerte de estos dos menores.
¿Esa es la justicia que deben esperar los veracruzanos?
* * *
Epílogo.
No es que el secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco, haya descubierto el hilo negro. Desde este espacio y en trabajos de otros comunicadores se ha dado cuenta de los montajes que organizó Miguel Ángel Yunes Linares para presumir la “recuperación” de bienes que supuestamente habrían sido robados al gobierno estatal. *** Hace año y medio, el 23 octubre del 2019, publiqué en este mismo espacio: “Declaraciones de exservidores públicos de la administarción de Javier Duarte, quienes admitieron haber sido víctimas de extorsión por parte de Miguel Ángel Yunes Linares, a través de sus operadores Leopoldo Domínguez Armengual, Jorge Armando Lince de la Peña y Daniel Ortiz Peña, aseguran que el gobernador del bienio y sus secuaces se quedaron con más de la mitad de los bienes y el dinero que les arrebataron con amenazas. No sólo eso. Lo poco que fue registrado como ‘propiedad del gobierno estatal’ se hizo mediante la figura de ‘donación’, un mecanismo jurídico incorrecto, que además no deja claro el origen de los bienes, ni la voluntad plena de los donatarios”. *** E informé, además: “La extorsión la realizaban los notarios públicos Leopoldo Domínguez Armengual y Jorge Armando Lince de la Peña, quienes se acercaban a los exfuncionarios estatales con el cuento de que tenían ‘un grueso expediente’ en su contra, que los llevaría irremediablemente a la cárcel, pero que a cambio de una ‘donación voluntaria’ (lo que en el argot político se conoce como ‘vómito negro’) podrían dar ‘carpetazo’ al asunto. Una vez que ‘convencían’ a su víctima, la llevaban a la notaría pública número 10, de Veracruz (la de Domínguez Armengual) para protocolizar la ‘donación’. Pero en los documentos no se establecía que el propietario de esos bienes le donaba al gobierno estatal, sino que lo hacía a un ‘gestor oficioso’, que en todos los casos fue Daniel Ortiz Peña, primo hermano de Jorge Winckler Ortiz y quien, además, se desempeñaba como titular del Registro Público de la Propiedad en Boca del Río”. *** Contra ninguno de ellos, por cierto, ha procedido el gobierno de Cuitláhuac García. *** Interesante, el comentario publicado este martes por el analista del periódico El Financiero, Darío Celis: “La nueva titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, Verónica Hernández, llega a la dependencia con una buena noticia: hay avances en el proceso legal contra la presunta defraudadora del magisterio veracruzano y de Financiera Maestra, que dirige Oliver Fernández, pues se logró su vinculación por los delitos de suplantación de documentos y falsificación de firmas en un caso que es de alto interés para la sociedad jarocha. Los controles internos de la financiera fueron fundamentales para demostrar que Auria Cristel “N” condicionaba los créditos otorgados a la contraentrega de un porcentaje del monto depositado en las cuentas de nómina de los maestros. El peritaje en grafoscopía y dactiloscopia de la Dirección General de Servicios Periciales ya corroboró la falsificación, por lo que es cosa de tiempo para que se haga justicia a los afectados”. *** Como consecuencia del crecimiento de contagios de coronavirus en Xalapa y su regreso al color rojo en el Semáforo de Riesgo Epidemiológico, el ayuntamiento capitalino ordenó el cierre de bares, cantinas, albercas, centros de recreación y salones de fiesta en el periodo del 05 al 18 de julio. *** Los restaurantes podrán laborar con un 25 por ciento del aforo total, y los que tienen en la licencia de funcionamiento el permiso de bares y cantinas tendrán que cerrar. *** El Reporte Técnico Diario sobre el estado de la pandemia registra 40 mil 480 contagios con síntomas en los últimos 14 días. La Secretaría de Salud señala que son 11 estados los que concentra el 84 por ciento de estos casos. Casi 14 mil contagios activos se concentran en la Ciudad de México; otros 3 mil 216 se detectaron en el estado de México; 2 mil 557 en Tabasco; 2 mil 491 en Baja California Sur; 2 mil 110 en Quintana Roo; en Yucatán se detectaron mil 966; y Veracruz, con mil 838; le sigue Sinaloa con mil 672; Tamaulipas, con mil 534; Nuevo león, mil 484; y Sonora, con mil 412. *** Los casos confirmados se incrementaron en 7 mil 989, para un total de 2 millones 549 mil 862, mientras que los decesos se elevaron en 269, para un acumulado de 233 mil 958. *** Por lo que respecta a la actualización de la Estrategia Nacional de Vacunación, ayer se inmunizaron 421 mil 785 personas, para un acumulado de 47 millones 739 mil 783 dosis aplicadas de diciembre pasado a la fecha. *** De los 33 millones 2 mil 466 personas inmunizadas contra la Covid-19, 19 millones 937 mil 22 han completado su esquema, lo que representa el 60 por ciento de quienes han recibido el antígeno. Con medio esquema de vacunación se reporta a 13 millones 85 mil 444 personas. En la actualización de los embarques de vacunas programados del 4 al 10 de julio, la dependencia informó que se prevé recibir 2 millones 296 mil 990 dosis, de las cuales 232 mil 830 son Pfizer-BioNtech; 910 mil 900 de AstraZeneca; 153 mil 260 de CanSino; y un millón de SinoVac.
filivargas@gmail.com |
