Sin embargo, el problema no es tan sencillo de resolver como simplemente decidir afectar la administración de justicia y reducir las percepciones de la dorada burocracia judicial. Hay claramente un mal uso de los recursos que bien puede calificar como un desfalco. Y del cual deben existir responsables.
El presupuesto aprobado para el Poder Judicial de Veracruz en el ejercicio fiscal 2021 asciende a mil 614 millones 280 mil 299 pesos. De esa enorme cantidad, al Consejo de la Judicatura le corresponden mil 76 millones 534 mil 196 pesos y al Tribunal Superior de Justicia 425 millones 814 mil 946. El resto se reparte entre el Tribunal de Conciliación y Arbitraje y el Centro Estatal de Justicia Alternativa.
En el Presupuesto de Egresos del Estado de Veracruz 2021 se establece que el importe asignado al Consejo de la Judicatura “considera la disponibilidad para cubrir el monto mensual de las obligaciones derivadas por la celebración de contratos de asociación público-privada para llevar a cabo la construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de las Ciudades Judiciales”. Y ahí podemos encontrar la punta de la madeja de un hilo de corrupción en el que varios están enredados y que ya les da la vuelta al cuello.
Es precisamente el tema de las Ciudades Judiciales el que provocó la ruptura entre la anterior presidenta del TSJEV, Sofía Martínez Huerta, y el círculo de poder de la “4t” veracruzana encabezado por el propio gobernador Cuitláhuac García Jiménez y el secretario de Gobierno Eric Cisneros Burgos.
Como se mencionó en la Rúbrica del pasado 9 de marzo, en febrero de 2020 Sofía Martínez suspendió los pagos a las empresas encargadas de la construcción de las Ciudades Judiciales, mismos que ascienden a 17 millones de pesos mensuales por un lapso de 25 años, luego de detectar las irregularidades que provocaron, entre otras cosas, que el costo original proyectado en cinco mil millones de pesos se elevara a 15 mil millones. Un robo en despoblado.
Como la propia Sofía Martínez denunció –y lo cual le costó su destitución como presidenta del TSJEV y su inhabilitación como magistrada-, Cuitláhuac García estaba enterado de esta situación y desde que llegó le pidió no lanzar una “cacería de brujas” contra el anterior presidente, el yunista Edel Álvarez Peña, quien seguramente ya se había “puesto a mano” con la “cuarta transformación”.
Apenas llegó al cargo Isabel Inés Romero Cruz en sustitución de Sofía Martínez, le pagó a la Agrupación de Compañías Constructoras de Veracruz S.A. de C.V. -consorcio encargado de las obras de las Ciudades Judiciales en el que participa, entre otros, el empresario Carlos Nachón García, hermano del actual secretario de Desarrollo Económico estatal Enrique Nachón García- los 187 millones de pesos que se les dejaron de entregar durante los 11 meses que duró la suspensión decretada por su antecesora. Y les ha continuado pagando.
Pero ahora que ya se acabó el dinero en el Poder Judicial, pretenden que sean los ciudadanos quienes paguen los platos rotos de un desfalco gigantesco. De esos que “ya se acabaron” desde que llegó la “cuatroté”.
El “quién es quién de las aportaciones”
Y en la mentira no de la semana, sino del siglo: la “honestidad” del lopezobradorismo.
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