Incluso se habla acerca de la actitud del presidente Miguel Alemán Valdés, primer presidente de la República que no era militar, luego de la Revolución Mexicana, que regaló estaciones de servicio a los generales como muestra de agradecimiento por acompañar un gobierno civil y asegurarse, al mismo tiempo, de que había una buena relación entre los militares y la burocracia que nacía en los años 50 del siglo pasado.
Ahora, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación para dentro de tres meses de una distribuidora de gas licuado de petróleo de bajo costo, dependiente de Pemex, para llevar el producto a la población con tarifas bajas, porque aseguró que recientemente ha subido de manera “injustificada”.
Comentó que en la primera etapa se llevaría el combustible a zonas populares de la Ciudad de México, porque el mercado está controlado por cinco empresas privadas que comercializan con un margen de utilidad muy alto.
Aseguró que la Comisión Federal de Competencia Económica “es un cero a la izquierda”, motivo por el cual anunció “algo parecido” para el gas natural, a partir de los excedentes por las “transas existentes en ese ámbito…”
En junio el precio del gas LP se incrementó 34.23 por ciento respecto del mismo mes en 2020, según datos de la Profeco.
Así, la imposibilidad de que la Profeco pueda tener acceso a gasolineras y poner orden en la cantidad de mililitros vendidos en las estaciones de servicio debe hacer que los propietarios de las gasolineras pongan sus barbas a remojar, porque al gobierno le conviene tanto económica como políticamente tener gasolineras a precios más bajos que los que ahora existen.
La terca postura de los gasolineros para que no haya control sobre la cantidad y calidad del producto que venden, tiene ahora un llamado de atención que puede convertirse en foco rojo para más de uno de los muchos que juegan con fuego.
La realidad del país es que la práctica del huachicol no ha terminado, sólo que ahora no son aquellos campesinos que abandonan la parcela para abrir un ducto arriesgando sus vidas, sino que los del nuevo huachicol son delincuentes de cuello blanco.
Ahora, como antes, puede apreciarse en las carreteras del país a vendedores clandestinos de gasolina que son producto de este proceso de saqueo impune a Pemex y a los mexicanos.
Así como a las cinco compañías gaseras se les puede acabar el negocio, es posible que sea también la denuncia de anomalías de Profeco lo que pudiera motivar una competencia desde el gobierno federal, más ahora que contará con el producto de la refinería de Deer Park.
El encarecimiento, que afecta a los más necesitados, así como la poca calidad de la gasolina se convierte en un tema que deberán tomar en cuenta los involucrados, quienes nunca pudieron tener una relación acorde con la Profeco.
En esta guerra entre gasolineros y Profeco hay otra víctima indirecta que muchas veces sucumbió ante los intereses de los empresarios dueños de las estaciones de servicio que fue Pemex, empresa mexicana de por sí saqueada, ahora muestra mayor fortaleza ante la concentración de sus tareas.
En días recientes la Profeco denunció públicamente que al menos nueve estaciones de servicio de gasolina en el país presentaron irregularidades en la venta del combustible, al no vender litros completos. Es decir, es un buen negocio y hacen falta porque en el país sólo hay 12 mil 500 estaciones de servicio, una estación por cada 10,500 habitantes.
La Comisión Reguladora de Energía aprobó nuevas marcas de gasolina recientemente, otorgando la libertad de ofrecer los precios según sus criterios en sus respectivas estaciones de servicio, tales como: Oxxogas, con 448; Grupo Gasored, con 249; Petro -7, con: 233; Hidrosina, con 198; BP, con 160; entre otras.
En total son muchas gasolineras en pocas manos. Hay viejos empresarios de la gasolina a lo largo y ancho de todo el país.
Lo que ahora se hace con el gas puede hacerse con la gasolina, incluso con la energía eléctrica, hasta lograr que haya precios bajos de estos servicios que son indispensables en la vida diaria de todos los mexicanos. La necedad de algunos empresarios podría terminar por quebrar las empresas que ahora les otorgan no sólo poder económico sino político, pero todo tiene un fin. PEGA Y CORRE. -El ministro Fernando Franco González Salas, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, negó suspender la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que habían solicitado los consejeros electorales del INE y funcionarios del Inegi, con lo cual los funcionarios de ambas dependencias deberán cobrar sus sueldos por debajo del asignado al presidente de la república… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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