Como el que se compró una residencia de 10 millones
En la Plataforma Nacional de Transparencia, la Contraloría General del Estado a cargo de Mercedes Santoyo Domínguez, dio a conocer un nuevo listado de 22 servidores y ex servidores públicos sancionados, en el primer trimestre de este año, aunque la mayoría son directores de Institutos Tecnológicos y no figura tampoco ningún funcionario de primer nivel.
También es cierto que las sanciones aplicadas, aún pueden ser combatidas por los servidores públicos en cuestión, para la Contraloría se concluyó la etapa de emitir sanción y hacerlas públicas.
En la lista de funcionarios sancionados, no figura ningún pez gordo, de los nuevos funcionarios de la Cuarta Transformación, que hasta apenas antes de llegar al gobierno, tenían un modesto nivel de vida, pero que en tan solo dos años y medio, ahora han cambiado totalmente su patrimonio personal.
Posiblemente la Contraloría Estatal, no ha podido detectar aún, a esos funcionarios que no han entendido ni aplicado la norma moral de la Cuatro T, de “no engañar, no robar y no mentir.”
Hay quienes en dos años y medio, han comprado casas, terrenos y departamentos de lujo, sin ni siquiera tratar de ocultar su nueva fortuna.
Tal es el caso, de un funcionario que posiblemente para que no le apuntaran los reflectores directamente, como responsable de la administración en una de las más importantes secretarías, fue “promovido” hacia un puesto más modesto, pero desde donde sigue operando las compras millonarias.
Si la Contraloría quisiera investigar ese veloz e injustificable enriquecimiento, podría buscar la información de un neo funcionario público, que acaba de comprarse una residencia en uno de los fraccionamientos más exclusivos en la capital veracruzana, con un costo de diez millones de pesos, pero esa no es la única adquisición, hay otra muchas más.
Por lo pronto en la lista de funcionarios inhabilitados o sancionados por la Contraloría aparecen: el exdirector del ICATVER Alfredo Grajales, con una inhabilitación de 3 años para ocupar algún cargo en la función pública.
Noé López Torres, subdirector administrativo del Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan, inhabilitación por 7 años
Mario Alberto Hernández García, Jefe del Departamento de Recursos Financieros del Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan, inhabilitación por 7 años
Ricardo Antonio Mondragón Ramos, director general del Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan, inhabilitación por 7 años.
Rosendo Enrique Álvarez Lazano, subdirector administrativo del Instituto Tecnológico Superior de Zongolica, inhabilitación por 6 meses.
Ramiro Sánchez Urganga, director general del Instituto Tecnológico Superior de Zongolica, inhabilitación por 6 meses.
Ramiro Herrera Meza, subdirector administrativo del Instituto Tecnológico Superior de Zongolica, amonestación pública.
Francisco Javier Hernández Luna, director general del Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca, amonestación pública.
Amadeo Bustos Sanmartín, subdirector administrativo del Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca, amonestación pública.
Ricardo Mondragón Ramos, director general del Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan, inhabilitación por un año.
Noé Rodrigo Hernández Hernández. subdirector administrativo del Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan, inhabilitación por un año.
Raúl Rosario Fernández, jefe del Departamento de Recursos Financieros del Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan, inhabilitación por un año.
Mario Alberto Hernández García, jefe del Departamento de Recursos Financieros del Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan, inhabilitación por un año.
Alfredo González Gutiérrez, director general del Instituto Tecnológico Superior de Perote, apercibimiento público.
Jesús Martínez Fentanes, director general del Instituto Tecnológico Superior de Perote, apercibimiento público.
Enrique Pérez Galindo, subdirector administrativo del Instituto Tecnológico Superior de Perote, apercibimiento público.
Jesús García Robelo, jefe de Oficina Operadora de la CAEV, inhabilitación por 6 meses.
Gelsy López Beltrán, analista jurídico de la SEFIPLAN, amonestación pública.
María del Pilar González Tenorio, Jefe de Departamento del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz, amonestación pública.
Alfredo Valente Grajales Jiménez, director general del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz, inhabilitación por 3 años.
Osvaldo Villalobos Montes, director administrativo del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz, amonestación pública.
María Ileana Sánchez Hernández, jefa del Departamento Administrativo del Instituto Veracruzano de Bioenergéticos, amonestación pública.
Rodrigo Castillo Preciado, administrador de hospital de los Servicios de Salud de Veracruz, inhabilitación por 7 años y sanción económica por 415 mil 253 pesos.
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