De acuerdo con el Derecho internacional, el espionaje es una actividad delictiva, y suele estar tipificado como delito de especial gravedad merecedor de máximas penas, especialmente cuando afecta a la seguridad del Estado. Tal es el caso de España, cuyo Código Penal sanciona su comisión con la reclusión mayor en su máximo grado. No obstante, la gran mayoría de los países cuentan con organismos oficiales, encargados de la consecución de información valiosa para su gobierno, que suelen ser denominados servicios de inteligencia del Estado.
El funcionamiento y los métodos del espionaje internacional son ilimitados. Pese al romanticismo que le han otorgado las novelas de ficción y los medios de comunicación, el espionaje generalmente está intrínsecamente unido al engaño, el fraude y, muy comúnmente, la violencia. El espionaje requiere la adhesión de agentes en naciones extranjeras y precisa de la deslealtad de los que poseen información privilegiada. Emplea micrófonos y, en la actualidad, un conjunto de modernos aparatos fotográficos, así como sensores, drones, detectores y otras técnicas para descubrir y conseguir información secreta.
Lo anterior viene a cuento ahora que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, reveló el pasado miércoles en la conferencia de prensa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que al recibir la UIF, encontraron un archivo llamado “Los Maléficos”, personajes u objetivos que el gobierno de Enrique Peña Nieto espiaba para saber qué hacían, con quiénes se reunían, de qué hablaban, que negocios sostenían.
El primer investigado se llamaba “El Gallo” y era el actual mandatario mexicano, además de otros funcionarios como la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el ahora gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo.
También estaban periodistas como Carmen Aristegui, Víctor Trujillo y Carlos Loret de Mola.
Nieto explicó que también se encontró en la lista a la actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y al ex secretario de Seguridad Alfonso Durazo. “Encontramos ahí a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aparecía en la lista Alfonso Durazo”. El gobierno de Enrique Peña Nieto intervino las comunicaciones de miles de activistas, periodistas y figuras públicas, según lo reveló una reciente investigación. Y según un reporte internacional, alrededor de quince mil números telefónicos fueron espiados en el sexenio del priista, criticado por defensores de derechos humanos y activistas. En 2017 se habían identificado 25 víctimas de estas prácticas de espionaje en México, quienes eran principalmente periodistas, activistas y defensores de derechos humanos.
Loret y Brozo se botan de la risa
Esto del espionaje, las llamadas labores de inteligencia de los gobiernos, son muy necesarias para mantener un control social adecuado que abone a la gobernabilidad. Un Presidente o un Gobernador que no cuente con esos servicios está literalmente frito, no tiene el pulso de lo que sucede en el territorio bajo su responsabilidad.
De lo que recordamos, que nos provocó curiosidad y que tiene que ver con estas actividades ilícitas, son las líneas privadas de los funcionarios públicos. En tiempos de don Rafael Murillo Vidal ya había el teléfono rojo, una línea privada a través de la cual se comunicaban los principales servidores públicos, especialmente con el gobernante o presidente.
Cada titular, de las más importantes dependencias, tenía un número y junto al teléfono en una tarjeta los nombres y los números. Ese aparato telefónico rojo solo lo podían levantar o contestar los jefes, ni las secretarias y menos los particulares tenían permiso para hacerlo, la comunicación entre funcionarios era muy cerrada.
El trabajo de espiar no solo a adversarios políticos sino a periodistas, líderes sociales, sindicales, estudiantiles, se ha hecho a lo largo de la historia de distintas maneras. Hubo un tiempo en que meseros de los restaurantes más concurridos eran contratados por el gobierno para que informaran sobre los comensales que acudían al restaurante donde trabajaban, les pedían que con discreción se acercaran y trataran de escuchar lo que platicaban, y apenas concluían esos encuentros y a pasar la información a la oficina donde les daban una lana por hacer esas chambas; vinieron los micrófonos ocultos; los fotógrafos que captaban personajes que trataban de ocultarse pero caían en la lente de esos experimentados trabajadores; los orejas que se hacían pasar como periodistas para apuntar declaraciones y antes de que se convirtieran en notas y al día siguiente circularan en los medios, pasaban la información que en ocasiones servía para parar una publicación.
En las oficinas de Gobernación, federales y estatales, se hacía el trabajo de inteligencia y ahí estaban las fichas de los periodistas que más interesaba al gobierno tener bajo control: domicilio, estado civil, cuántos hijos y de qué edades, preferencias sexuales, adicciones, amistades frecuentes, lugares que visitaba con mayor periodicidad, amantes y todo lo que tenía que ver con la vida privada del comunicador estaba a la mano “por lo que se ofreciera”.
Pienso que por eso Víctor Trujillo y Carlos Loret se botaron de la risa cuando les dijeron que en el sexenio de Enrique Peña Nieto los espiaban porque esa es una costumbre de los gobiernos que data de hace muchos, pero muchos años, nada nuevo. Y es tan natural para un periodista saberse espiado, que sus conversaciones telefónicas, por una línea normal, son casi usando puras claves, y si se trata de echar desmadre hasta recordatorios maternales se mandan a quienes nos están escuchando y grabando. No es muy fácil que un comunicador acepte aventones, a menos que sea de alguien de mucha confianza, y procura acudir a comidas en sitios donde hay privados y que se sabe que están limpios, es decir sin micrófonos ni cámaras. En fin, el gobierno de la 4T se muestra muy ingenuo con estas revelaciones. Lo que sí está cañón es que se descubra que por este trabajo de espiar hay empresas fantasmas que cobran cantidades millonarias.
Hipólito cobra por hacer fiestas
Con el pretexto de que en Xalapa los contagios de Coronavirus están en el momento más crítico, quienes realicen reuniones o fiestas en salones de eventos tendrán que solicitar el permiso a la Dirección de Protección Civil y la Subdirección de Comercio del Ayuntamiento de Xalapa, como parte de las medidas Covid-19. Esta medida será aplicada hasta el 1 de agosto próximo, de acuerdo con el decreto publicado en la Gaceta Municipal que establece medidas derivadas del semáforo epidemiológico que mantiene al municipio en color rojo de riesgo máximo ante el covid-19, según dice el voraz alcalde de Xalapa (ya falta menos) Hipólito Rodríguez Herrero, quien según uno de los inspectores de la Subdirección de Comercio, con cinco billetes de mil se puede hacer la pachanga donde sea y a la hora que sea, eso sí, ni un centavo menos porque una milanesa es para el empleado y cuatro para el jefe. El acuerdo señala que además se deberá pagar los derechos correspondientes a la Tesorería del Ayuntamiento y que esto se deberá hacer por lo menos con 7 días de anticipación de la realización del evento, con eso el alcalde justificará los ingresos, aunque el monto no sea el real.
Eso sí, se deberá vigilar el cumplimiento de las medidas básicas de higiene consistentes en estornudar o toser cubriendo boca y nariz con un pañuelo o con el antebrazo; saludar aplicando las recomendaciones de sana distancia (evitar saludar de beso, de mano o abrazo, y ya estando bien jarras procurar evitar gritos, hacer coros o echarse un “palomazo” con el grupo musical contratado.
Los establecimientos tendrán la responsabilidad de desinfectar de manera permanente los espacios y mobiliarios de uso común para las personas usuarias y mantener las áreas de uso frecuente con ventilación óptima. Que tranquilidad inspiran las medidas dictadas por el flamante presidente municipal de la capital del estado, siempre preocupado por la salud de sus gobernados y su bienestar en general. Hipólito construyó una ciclovía para hacer ejercicio, bloqueó el mirador del parque Juárez para que nadie se asome, concesionó el servicio de parquímetros a un particular, conocido empresario xalapeño quien adelantó cinco millones para garantizar la prestación del servicio y hace todo lo imposible (Hipólito) por cargarse bien previniendo su futuro.
REFLEXIÓN
La famosa consulta que promueve AMLO se está haciendo de acuerdo a la Ley Federal Electoral para que sea vinculante y tenga validez jurídica. Por eso la está organizando el INE. Para que la consulta sea vinculante, es necesaria una participación mínima del 35% del padrón electoral. Por eso AMLO está tan desesperado pidiéndole a la gente que participe en esa consulta. Si no es vinculante, no importa el resultado, la consulta
Si participas, aunque sea para anular tu voto, aunque sea para contestar "NO" a la respuesta, estás avalando la consulta y se abre el precedente para que el gobierno federal siga desperdiciando dinero haciendo consultas en el futuro. Si no estás de acuerdo con la consulta: NO PARTICIPES. Escríbanos a mrossete@yahoo.com.mx | formatosiete@gmail.com |
