El 26 de marzo de 2020 Yolli concluyó su ejercicio de siete años como consejera del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. A unas horas de concluir su gestión fue detenida por policías ministeriales acusada de abuso de autoridad, coalición y ejercicio indebido de funciones.
La excomisionada del IVAI enfrenta la causa penal 101/2020, derivado de las carpetas de investigación FGE/FECCEV/357/2019 y la acumulada FGE/FECCEV/372/2019, ambas radicadas en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Durante su cargo como presidenta del ente, Yolli “N” percibió un sueldo neto mensual de 58 mil 396 pesos. De esta manera, percibió 700 mil 752 pesos anuales, es decir, una cantidad insuficiente por sí sola para liquidar el pago de todas sus propiedades.
Esto, sumado a los excesos en las cuentas de restaurantes “de autor” en Ciudad de México. En mayo de 2017, García Álvarez presentó gastos por 945 pesos por un esquite mexicano con pollo, de un negocio con domicilio fiscal en Coyoacán.
Yolli se mostraba como una verdadera misógina ante el maltrato a las subordinadas, de tal suerte que no podía hablar de derechos humanos que es parte esencial de los trabajos de toda comisionada de estas entidades de transparencia.
Entre 2017 y 2018, visitó Zacatecas, Ciudad de México, Coahuila, Tlaxcala, Guerrero, Jalisco, Baja California Sur, Hidalgo, Tabasco, Oaxaca, Guanajuato, Querétaro, Yucatán, Morelos, Sinaloa, Estado de México, Puebla, Tamaulipas, Durango, Quintana Roo y Chiapas, todos esos viajes con cargo a las finanzas del IVAI.
El Contralor del IVAI denunció un presunto desvío de recursos públicos por una presunta "aviadora" en el IVAI, Mildred Guevara, auxiliar administrativo, lo cual habla de la falta de transparencia en la entidad veracruzana que también arrojó otros delitos como otro aviador, Rogelio Torres, director de Transparencia, que cobró entre septiembre del 2018 a mayo del 2019, más de 17 mil pesos mensuales.
La limpia en los órganos garantes comenzó en 2019, en Tlaxcala, con la destitución de los tres comisionados del instituto local, porque comprobaron contubernios instigados por Yolli. En Chiapas, Durango y Baja California, su injerencia causó divisiones.
Yolli García Álvarez es maestra en Derecho Electoral, y saltó a la fama pública en 2013, cuando en calidad de Magistrada de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, invalidó el intento del PAN-PRD de formar una alianza contra el PRI.
En marzo 2014, el entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa, la incluyó en la terna de potenciales candidatos a consejeros del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. Solo 36 de los 50 diputados avalaron su nombramiento.
El mal de la corrupción es nacional dentro de los organismos encargados de la transparencia, en Hidalgo surgió otro caso en enero de este año cuando la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo avaló la designación de Lucero Calderón Hernández para el periodo 2021-2026, quien tendría conflicto de interés al ser esposa de Raúl Kennedy Cabildo, comisionado del Instituto de Transparencia de ese estado.
Lucero Calderón cometió un conflicto de interés al ser en ese entonces funcionaria de la Contraloría de Hidalgo, teniendo cinco días hábiles para presentar su declaración patrimonial, fiscal y de interés y no lo hizo.
La funcionaria recibió el ’espaldarazo’ de Myrna Moncada Mahuem, presidenta del Instituto de Transparencia en Hidalgo. Pero la misma Moncada Mahuem llegó bajo un desacato judicial del Legislativo, pues había un proceso judicial que impedía la designación de los consejeros.
El cuestionamiento del presidente López Obrador desde su llegada a la Presidencia de la República a los organismos autónomos es persistente ante hechos como los anteriores, que se repiten a lo largo y ancho de todo el país.
Uno de los autónomos más criticados ha sido el INAI, al que ha acusado de opacidad en casos de corrupción del sexenio pasado.
Bajo ese argumento, López Obrador ha planteado hacer una "revisión" a los organismos autónomos, como el INAI y sus sucursales, ya que su presupuesto supera con mucho los mil millones de pesos al año. PEGA Y CORRE. - Los consejeros del INE se dieron cuenta demasiado tarde que estaban dando más facilidades para la votación de revocación de mandato que para la consulta sobre el juicio a exfuncionarios y anunciaron que solicitarán para 2022 una partida presupuestaria para organizar posibles consultas populares o revocación de mandato... Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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