Desconcierto. En este espacio, con motivo de acciones policíacas que han sido del dominio público, he comentado cómo elementos de las diversas corporaciones de seguridad (es un decir este último término) actúan de tal manera que muchas veces es difícil diferenciar su forma de actuar con la de la delincuencia organizada.

Un video nos mostró, por ejemplo, cómo el pasado 7 de abril fue “levantado” (secuestrado) de su negocio el candidato del PRD a la alcaldía de Tihuatlán, Gregorio “Goyo” Gómez Martínez, por elementos de la policía ministerial, imágenes grabadas por una cámara oculta que no pudieron detectar los émulos de sicarios, que se llevaron otros equipos para tratar de borrar cualquier testimonio de su proceder. El video salvó al también comerciante de que lo desaparecieran, aunque de todos modos trataron de imputarle hechos que lo comprometerían y que no impidió que lo ingresaran a prisión acusado de cualquier cosa y que le dictaran prisión preventiva.

Otro video, igual de una cámara oculta, mostró otro atropello, que evidenció el actuar de la policía ministerial en forma muy similar al de la delincuencia organizada, cuando el 19 de junio pasado realizaron un cateo en forma ilegal en una bodega propiedad del comerciante José Antonio May González, en Río Blanco, donde golpearon y torturaron a algunos de sus empleados, además de que se llevaron un millón y medio de pesos, así como otras pertenencias, según el denunciante.

Ninguno de los dos casos (para muestra basta un botón, dice un dicho muy popular) fue un invento. Las imágenes, que fueron del dominio público, existen y hasta la fecha no se sabe que se haya abierto una carpeta de investigación y que se haya procedido contra los policías involucrados; al contrario, los hicieron parecer unas blancas palomas al grado de que, en otro caso más, a uno lo hicieron víctima y llegaron a la desvergüenza de decir que había sufrido daños psicológicos y que requería de un tratamiento a base de terapias, que por poco y exigen que revivieran a Freud o a Jung para que lo atendiera.

¿Alguna diferencia con el actuar de los integrantes de los cárteles criminales? Ninguno. En plena transformación, según, en la cuarta.

Pero la cosa se extiende, preocupantemente.

Les reclaman Obras Públicas, Tesorería y Contraloría

Los mayores de edad (algunos adultos mayores, como en mi caso) no dejamos de extrañar aquellos tiempos en que el triunfo electoral de un candidato a presidente municipal era, en automático, sinónimo de años de prosperidad, de abundancia para él y su familia, de tranquilidad política si sabía hacer bien las cosas, ser un buen administrador, y de seguridad personal, con una sola condición: que fuera leal a su causa y que, siempre que fuera necesario, no solo diera su voto a su partido, el PRI, sino que también su “cuota”. Entre los políticos de entonces, llegados al poder, era muy famosa la frase: a mi partido, mi voto y mi cuota, para decir que no intentaban influir en algunas decisiones.

Luego de la caída del PRI y con las nuevas circunstancias que se han venido presentando en los últimos años con la irrupción y ahora el fortalecimiento de los carteles de la delincuencia organizada, al grado que se han convertido en nuevos factores de decisión y de poder político, las cosas cambiaron totalmente. Hoy en día los malosos imponen candidatos y nuevas autoridades municipales, o bien a los de los diversos partidos les imponen condiciones si quieren que no les pase nada, así como a sus familiares: que les concedan las posiciones más jugosas de los ayuntamientos.

Así, si quieren que los dejen “trabajar” en paz en las que consideran “sus plazas”, la delincuencia reclama la Inspección o Dirección de Policía Municipal, la Tesorería y la Dirección de Obras Públicas, porque en estas últimas está el negocio, el manejo de los recursos, el otorgamiento de contratos para obras y servicios que implican muchos ingresos, dinero en abundancia.

Pero en Veracruz el peligro para las autoridades municipales que entrarán en funciones el próximo 1 de enero es doble: son amenazados por la delincuencia organizada pero ahora también por otro cartel: el del palacio de gobierno o de la Secretaría de Finanzas y Planeación, o una combinación de ambos, que les está pidiendo que les entreguen la Dirección de Obras Públicas, la Tesorería y la Contraloría municipales, dependencias claves en el manejo y la validación del uso de los recursos públicos, para que desde Xalapa impongan como titulares a quienes les envíen.

¿Alguna diferencia entre unos malosos y otros? Ninguna. Buscan, quieren lo mismo: el billete

Confirman en el PRI que los quieren apretar

En este espacio comenté el jueves pasado que los alcaldes electos de los partidos de oposición estaban siendo sometidos a presiones para que se sujetaran a los intereses del gobierno cuitlahuista, ya fuera renunciando a sus institutos políticos y afiliándose a Morena o bien comprometiéndose a hacer lo que les ordenaran desde el palacio de gobierno o desde una oficina de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Dije que seguramente los dirigentes de los partidos opositores estaban dedicados a tratar de contener a sus alcaldes para que no doblaran las manos y no cedieran a las presiones. Ayer me confirmaron en fuentes del PRI estatal que son ciertas las presiones y que además desde Xalapa les están tratando de imponer a los titulares de Obras Públicas, al tesorero y al contralor, bajo la amenaza de que, si no, se las van a ver con el ORFIS.

Me confirmaron que el dirigente estatal, Marlon Ramírez Marín, ha estado reuniéndose con los 29 nuevos alcaldes tricolores, así como con los regidores, a quienes ha dejado claro que no es cierto que los morenos tengan el control total tanto en el Congreso federal como en el local, y que, por lo tanto, no los van a poder someter, pidiéndoles que no tengan miedo ni se dejen amedrentar.

Para el caso local, me aseguraron que, de acuerdo con las autoridades electorales, está confirmado que tendrán cuatro diputados locales: Marlon Ramírez Marín, Anilú Ingram Vallines, Arianna Ángeles Aguirre y Miguel Hermida Copado (postulado por la alianza PAN-PRI-PRD).

Me dijeron que, igual que como está pasando en el Congreso federal, donde la oposición unida (PAN-PRI-PRD-MC) bloqueó el intento de Morena de realizar un periodo extraordinario para discutir la ley secundaria sobre revocación de mandato y juicio político, en Veracruz las mismas fuerzas, más el diputado de Fuerza por México, Enrique Santos Mendoza, acordaron ya formar una alianza legislativa opositora que evitará que los morenos alcancen la mayoría calificada, por lo que sin ellos los morenos y sus aliados solo sumarán 32 votos, por lo que les faltarán dos.

“No les vamos a ceder ni Obras Públicas, ni las tesorerías municipales ni las contralorías”.

Que ya le pidieron la renuncia a Isabel Inés Romero Cruz

La versión que corre ahora en el edificio del Poder Judicial del Estado es que, una vez que utilizaron a la magistrada Isabel Inés Romero Cruz como presidenta del Tribunal Superior de Justicia, le habrían solicitado su renuncia al cargo. Supuestamente estaría enfilado para sucederla el magistrado Esteban Martínez Vázquez, quien apenas el pasado 21 de enero se integró al Consejo de la Judicatura. A él lo ligan al presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín.

El magistrado Martínez Vázquez convirtió en todo un acontecimiento haber ido a cerrar el juzgado de Uxpanapa y haber trasladado los expedientes a Coatzacoalcos, según promocionó en su cuenta de las redes sociales. También salió a dar conferencia de prensa para decir que a ellos nadie los había coaccionado para recortarse sus percepciones, en una clara muestra de querer agradar en palacio de gobierno.

El comentario generalizado es que quien realmente toma las decisiones en el Poder Judicial es la directora general de Administración, Joana Marlen Bautista Flores, excercana colaboradora del subsecretario de Finanzas, Eleazar Guerrero Pérez.