Llamó la atención la sorpresiva presencia de la secretaría de Energía, Rocío Nahle, en la sede del Poder Judicial del Estado, donde este martes 14 se reunió en privado con la magistrada presidenta Isabel Inés Romero Cruz.

Y es que, hasta donde se sabe, ni en el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) ni en el Consejo de la Judicatura existen yacimientos de petróleo o plantas productoras de energía eléctrica, aunque eso sí, en el feudo de Romero Cruz algunos magistrados, jueces y funcionarios judiciales siguen tirándose chapopote entre sí y haciendo corto circuito desde la crisis que estalló en noviembre de 2020 y que desembocó, cinco meses después, en la destitución e inhabilitación de la magistrada Sofía Martínez Huerta como presidenta de este Poder, en cuyo encumbramiento y caída fue implicado uno de los principales operadores políticos de Nahle en el Gobierno de Veracruz. 

Inclusive Martínez Huerta, ya defenestrada, lo acusó de haberla presionado para que no ventilara el expediente de las polémicas Ciudades Judiciales en las que presuntamente se malversaron miles de millones de pesos en la administración del magistrado Edel Álvarez Peña, al cual había sucedido en la presidencia del TSJE y del Consejo de la Judicatura en diciembre de 2019.

Desde entonces se acentuó la crisis financiera en el Poder Judicial, la cual obligó a principios de agosto pasado a la presidenta Romero Cruz a emitir un Plan de Eficiencia de Recursos y Austeridad que contemplaba reducir los salarios de los magistrados en un 30 por ciento, además de aplicarles ajustes a sus bonos mensuales y al aguinaldo que perciben por el trabajo que realizan.

Por la presión que ejercieron desde Palacio de Gobierno, 31 de 35 magistrados aceptaron la reducción de sus sueldos y bonos. Una que se negó y logró que no le descontaran un solo peso fue la magistrada  Beatriz Rivera Hernández, quien obtuvo la suspensión de la justicia federal a través del juicio de amparo 686/2021.

Para hacer eficientes los recursos, la presidenta del TSJE también determinó cerrar 29 juzgados en 15 distritos judiciales, decisión que tomó el Consejo de la Judicatura tras la comparación entre el gasto público que se erogaba y la poca carga laboral que había en los mismos. Pese a las protestas de colegios y asociaciones de abogados litigantes, Romero Cruz dijo que esta acción se derivó como parte de la austeridad republicana y “echando abajo los lujos y excesos en la impartición de justicia”, ya que estimó un ahorro de 22 millones de pesos, monto insuficiente ante el déficit presupuestario de 500 millones de pesos que, dijo, enfrentaba el Poder Judicial al cierre del presente ejercicio fiscal.

No obstante, la magistrada presidenta argumentó que la decisión de suprimir estos juzgados obedecía a estudios previos, tanto técnicos como financieros desarrollados a la par del proyecto de Reforma Laboral en el Estado, que debía ponerse en marcha por mandato expreso e ineludible de la Ley.

¿De qué habló entonces este martes con la secretaria de Energía, Rocío Nahle? Y es que en la fotografía que subió a su cuenta de Twitter, la magistrada Romero Cruz sólo reveló que dicha reunión fue “con la finalidad de refrendar el trabajo coordinado, avanzar en la construcción del Estado de Derecho y generar bienestar  a los veracruzanos”.

La presidenta del TSJE agradeció las “atenciones y apertura al diálogo” de la ex diputada federal de Coatzacoalcos, senadora con licencia y fuerte precandidata de Morena a la gubernatura de Veracruz en 2024.