En este mismo espacio fue consignado: Con el oficio número 505/2021, de fecha 15 de julio de 2021, la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz (Isabel Inés Romero Cruz) solicitó autorización al Congreso para “la modificación de los contratos de asociación público-privada para llevar a cabo el diseño y planeación de la construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de hasta 20 centros de impartición de justicia del Poder Judicial de Veracruz (Ciudades Judiciales) en diversos municipios del estado”.
Es evidente que la crisis financiera por la que atraviesa el Poder Judicial de Veracruz limitó su capacidad de pago y, por lo tanto, no está en condiciones de cumplir con los compromisos adquiridos con las empresas participantes en la construcción, equipamiento y mantenimiento de las Ciudades Judiciales.
La cantidad no es menor. Mientras el gobernador insiste en pelearles a los magistrados la reducción de sus percepciones, lo que representaría “ahorros” de unos cuantos cientos de miles de pesos por cada uno de ellos, nada ha dicho de la conveniencia de revisar los términos plasmados en los contratos para la construcción de las Ciudades Judiciales, que le representan al Poder Judicial del Estado erogaciones mensuales del orden de los 17 millones de pesos.
La petición al Congreso sonaba bastante lógica. Ese sí era un mecanismo sólido para reducir los gastos del Tribunal Superior de Justicia, y si a ello se agregaba una revisión a fondo de la legalidad de dichos contratos, de pronto el compromiso podría ser anulado.
Pero no era posible tanta belleza.
En el análisis realizado a la solicitud enviada por la magistrada presidenta, se explica que “dijo el Consejo de la Judicatura” -aunque no acredita que eso pasó, sólo copia un texto, es decir, no hay certeza jurídica-, que “derivado de la pandemia se supendieron labores jurisdiccionales y administrativas debiendo cada área (...) adoptar las medidas necesarias”.
Como consecuencia de ello, explica el oficio, “la ejecución de los proyectos que se encontraban en desarrollo, se vio significativamente afectada, resultando atrasos importantes, entre otras cosas, respecto al cumplimiento de condiciones suspensivas por parte del Poder Judicial... en la recepción de información y documentación integrada o producida por los contralistas”.
Aclara la magistrada Isabel Inés Romero que “las (empresas) contratistas y el Poder Judicial han realizado sus mejores esfuerzos para continuar con el desarrollo de tan encomiable proyecto, a pesar de los múltiples retrasos causados por las diversas acciones tomadas por los Gobiernos Federal y del Estado para atender la pandemia derivada de la propagación del virus SARS-CoV2 (Covid-19)”.
Pero reconoce que “las fechas de vencimiento pactadas en los Contratos lndividuales de APP no corresponden al plazo autorizado (…) para el debido cumplimiento de los derechos y obligaclones a cargo de las partes de los propios Contratos Individuales de APP, en particular, la obligación del Poder Judicial de cubrir las contraprestaciones en favor de las contratistas pactadas en dichos contratos...”.
Al revisar los términos de la petición enviada por la magistrada presidenta del Poder Judicial, se advirtió que dicho documento “no muestra una problemática especifica, como tampoco información administrativa, jurídica y financiera, respecto del estado que guarda la ejecución de cada uno de los diversos proyectos”.
Esto es que, desde la óptica de Isabel Inés Romero, bastaba sólo con argumentar que la pandemia de Covid-19 había limitado su desempeño, para que le autorizaran la modificación pretendida, que no era otra cosa que la aplicación de un “período de gracia” de las empresas contratistas para permitir que las finanzas del Poder Judicial se regularicen.
Suena raro que una especialista en derecho (como se supone debe ser la titular del Tribunal Superior de Justicia) pretenda modificar de manera unilateral una serie de contratos, sin una argumentación sólida.
Pero ya lo dijo alguien: “Hoy el Poder Judicial de Veracruz es una caricatura”.
Muy pronto habrá consecuencias jurídicas.
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Epílogo.
El gobernador Cuitláhuac García no podía dejar pasar una de sus conferencias de prensa para soltar una de sus tradicionales “perlas” verbales. *** En esta ocasión se atrevió a negar que la fractura en la carretera que comunica a Xalapa con Alto Lucero se haya debido a que la obra fuera de mala calidad. Les aclaró a los reporteros que la falla fue provocada “por las últimas lluvias que se han registrado en la entidad”. ¡Claro! ¡Nadie podía imaginar que fuera a llover en esa magnifica obra! *** Si hay dos cosas en la que los cubanos tienen prestigio, es en su desempeño deportivo, y en sus avances en la ciencia médica. Al margen de consideraciones de carácter político, estas dos virtudes son indiscutibles. *** Este lunes el senador veracruzano (y coordinador de la bancada panista en la Cámara Alta), Julen Rementería, denunció que el presidente López Obrador y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, contrataron médicos cubanos sin título para combatir la pandemia de la covid-19. *** El senador publicó una investigación a la que denominó “CubaGate” y en ella señala que López Obrador, Sheinbaum y el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canell, orquestaron un fraude superior a los 255 millones de pesos. *** Esa cantidad fue canalizada –explicó- por la Secretaría del Bienestar a la Ciudad de México, para la contratación de 585 “falsos médicos” cubanos que trataron a pacientes mexicanos con Covid-19. *** La falta de “timing” político impidió que esta noticia tuviera el impacto que pretendían los panistas. *** La guillotina finalmente cayó sobre Fidel Kuri Grajales, exdiputado federal priista y ex propietario de los Tiburones Rojos del Veracruz. La tarde de este lunes fue detenido en Toluca por agentes ministeriales, en atención a una demanda por fraude, que presentó TV Azteca. *** Ha trascendido que la televisora le reclama 120 millones de pesos que le fueron prestados a Fidel Kuri para que los Tiburones Rojos mantuvieran la categoría en la Liga MX tras descender deportivamente. *** El empresario fue trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya de Juárez y quedó a disposición de un Juez, que determinará su situación legal. *** La Secretaría de Salud reportó este lunes 3 mil 367 nuevos casos de Covid-19, la cifra más baja registrada desde julio pasado, cuando inició la tercera ola de contagios en México. El acumulado de casos confirmados ascendió a 3 millones 573 mil 044. *** Sin embargo, la propia Secretaría de Salud ha explicado que durante los fines de semana los centros de salud a nivel nacional tardan más en entregar sus reportes por lo que las cifras de casos y fallecimientos por el nuevo coronavirus suelen ser más bajos que en el resto de la semana cuando se actualiza la información. *** En el reporte técnico diario sobre el avance de la pandemia se detalló que el número de defunciones ascendió a 271 mil 765, luego de que se notificaron 262 decesos más respecto a los reportados ayer. *** El Gobierno federal reportó que se ha vacunado contra el nuevo coronavirus al 70% de la población mayor de 18 años en el país, con al menos una dosis. El domingo se aplicaron 362 mil 072 vacunas contra Covid-19, para sumar un total de 95 millones 638 mil 622 dosis suministradas a nivel nacional. *** De las 62 millones 254,786 personas inoculadas en México, 41 millones 918 mil 336 cuentan con esquema completo de una o dos dosis dependiendo el tipo de biológico aplicado, mientras que 20 millones 336 mil 450 personas aún esperan la segunda dosis.
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