Era julio del 2016, apenas unas semanas de que se conociera su triunfo n la elección para gobernador, cuando Miguel Ángel Yunes Linares anunció que había presentado dos denuncias penales, una contra el entonces secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, y la otra contra el que fungía como Secretario de Finanzas, Antonio Gómez Pelegrín.
Los acusaba de incurrir en abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y tráfico de influencias, así como violaciones al artículo 82 de la Ley de Disciplina Financiera.
El motivo de dichas denuncias -explicaba el que en ese momento era “gobernador electo”- era que ambos funcionarios habían incluido en una relación de acreedores del Gobierno del Estado a empresas y personas físicas “fachada”, con el fin de desviar recursos públicos (del orden de los 13 mil millones de pesos) “en beneficio de Javier Duarte y sus cómplices que se encuentran al frente del gobierno estatal”.
Ya para el mes de noviembre, luego de que Antonio Gómez Pelegrín había renunciado al cargo de secretario de Finanzas, el diputado –en ese entonces perredista- Sergio Rodríguez Cortés (hoy funcionario del gobierno estatal de Morena) anunciaba que presentaría otra denuncia contra Gómez Pelegrín, pero además contra su hija Ana Isabel Pelegrín Ochoa, por abuso de autoridad, peculado y enriquecimiento ilícito.
Sergio Rodríguez presentó a los medios de comunicación una grabación del ex funcionario estatal, en la que se le escuchaba admitir que existía un pasivo circulante de 45 mil millones de pesos lo que, desde su óptica, se encuadraba como delito de abuso de autoridad.
Sobre la hija del exsecretario mencionó que había registrado un “desproporcionado aumento de sus bienes”.
Transcurrió el tiempo entre el triunfo electoral de Yunes Linares y su toma de posesión; pasaron los dos años de su mini-gobierno y corrieron otros 14 meses más, en los que el “fiscal-carnal” de Yunes Linares, Jorge Winckler, se mantuvo al frente de ese organismo, y en todo ese tiempo no pudieron meter a la cárcel a Antonio Gómez Pelegrín.
Pero ¿para qué están los acuerdos?
Cuitláhuac García se ha cansado de cuestionar la mini-administración de Miguel Ángel Yunes. Lo acusa de haber obtenido un lucrativo negocio con su renegociación de la deuda, de fingir que recuperaba los bienes robados por Javier Duarte, para quedarse con ellos, y de aventarle a él ese “paquete” de pagarles a los acreedores del gobierno estatal.
En algún momento se dio a conocer que existían órdenes de aprehensión contra las dos personas que fungieron como secretarios de Finanzas en el bienio yunista: Clementina Guerrero y Guillermo Moreno Chazarini, y que a este último le habían negado un amparo.
Sin embargo, ninguno de los dos ha sido detenido.
De hecho este gobierno no ha presentado ni una sola denuncia directa contra Miguel Ángel Yunes Linares. Han presentado muchas (la mayoría se mantienen en el “congelador”) en contra de quienes fueron sus colaboradores, y salvo el caso de Rogelio Franco (contra quien, al parecer, hay “motivaciones personales”) todos los demás gozan de plena libertad, aun cuando existan mandamientos judiciales en su contra, como es el caso del exfiscal general Jorge Winckler, del exfiscal anticorrupción Marcos Even Torres Zamudio; el exfiscal especializado en personas desaparecidas, Luis Eduardo Coronel Gamboa; el exsecretario de Educación, Enrique Pérez; el exsecretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié, y el exsecretario de Turismo, Leopoldo Domínguez.
Contra ellos, nada. Mucho menos contra los “cachorros”, a pesar de que hay evidencias de que incurrieron en delitos electorales.
Cuitláhuac García insiste hasta el cansancio, que él no hizo ningún acuerdo con Javier Duarte.
Por supuesto que no. Ahora queda claro. Su acuerdo fue con Miguel Ángel Yunes Linares.
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Epílogo.
El comité estatal del PRI organizó un curso para las autoridades municipales electas bajo las siglas del tricolor denominado “Buenas prácticas para gobernar”, y no podía haber mejor sede para ello, que el municipio de Orizaba, ejemplo nacional de buen gobierno. *** Ponciano Vázquez Parissi, alcalde electo de Cosoleacaque, y secretario de Organización del CDE del PRI en Veracruz, dijo ante los ediles electos: “No hay recursos económicos que alcancen para resolver todas las necesidades de un municipio; sin embargo, independientemente del recurso con el que se cuente, y de la capacidad de hacer y resolver, lo más importante es la voluntad de llegar a servir y cambiar las cosas”. *** Juan Manuel Diez Francos, alcalde electo de Orizaba, dijo a los ediles: “a ustedes, quienes fueron elegidos por los ciudadanos, quienes decidieron que fueran sus guías, sus líderes, les pido que pongan todo su tiempo, que le pongan todas las ganas al trabajo en su administración, lo necesitan México, Veracruz y cada uno de los municipios”. *** En la clausura del curso estuvieron presentes Marlon Ramírez Marín, y Arianna Angeles Aguirre, presidente y secretaria general del comité estatal del PRI en Veracruz. *** El abogado Juan Alberto Alba Pérez recibió su nombramiento como juez de control en noviembre del año 2019, por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado justo a unos días de que el entonces Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel Álvarez Peña, entregara el cargo. *** Apenas la semana pasada, el 29 de septiembre, el abogado Alba Pérez fue notificado que debía dejar su cargo de juez, por no cumplir con lo que establece la Ley para dicho puesto. *** El mismo Consejo de la Judicatura que le dio el nombramiento, determinó que no cumplía con el requisito de tener al menos cinco años de haber obtenido su título abogado, como lo dispone el artículo 58 fracción III de la Constitución de Veracruz. *** Alba Pérez obtuvo su título en el año 2018 por la Universidad Técnica Superior de Xalapa, por lo que apenas había pasado un año cuando lo dieron el cargo de juez de control. ¿Y las consecuencias para quienes dejaron pasar esa irregularidad? *** Una más que se le cae al gobernador Cuitláhuac García, por esa “ligereza” al hablar y prometer. En esta ocasión tuvo que admitir que “será muy difícil” concretar el proyecto de Tren Ligero para Xalapa por falta de recursos económicos. *** Un requisito para que el presidente López Obrador le asignara recursos a ese proyecto, era que se contemplara su conclusión antes de que concluya el actual gobierno federal, lo que ya es financieramente inviable. *** La cifra de muertes por Covid-19 en México aumentó a 282 mil 086, luego de que este domingo la Secretaría de Salud notificó 128 nuevas defunciones a causa de esta enfermedad. *** En el reporte técnico diario sobre el avance de la pandemia del nuevo coronavirus en el país se registraron 2 mil 690 nuevos contagios, para acumular 3 millones 723 mil 235 casos confirmados. *** El 74% de la población mayor de 18 años de edad en el país cuenta con al menos una dosis de la vacuna contra Covid-19, reportó el Gobierno Federal. *** El sábado 9 de octubre, la Secretaría de Salud aplicó 423 mil 652 vacunas contra el coronavirus, para llegar a 107 millones 154 mil 354 dosis suministradas a nivel nacional desde que inició el Plan Nacional de Vacunación contra esta enfermedad a finales de diciembre de 2020. *** De las 66 millones 324 mil 955 personas vacunadas contra Covid-19 en el país, 48 millones 510 mil 493 cuentan con esquema completo de una o dos dosis dependiendo el biológico aplicado. *** Mientras tanto, 17 millones 814 mil 462 personas todavía esperan la aplicación de la segunda dosis de la vacuna.
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