Antes de este escándalo se dio también el caso del relleno sanitario que a principios de 2019 los gobiernos federal y del estado pretendían construir en el municipio de Chinameca en un terreno de 127 hectáreas propiedad de la familia de Quintanilla Hayek, dueña de la empresa Gravas del Sureste.
Nahle tuvo que admitir que “efectivamente él (Arturo Quintanilla) es mi compadre, pero no tengo ninguna injerencia en el asunto”, refiriéndose al megaproyecto del centro integral de tratamiento de residuos sólidos que favorecería principalmente a las ciudades de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque, el cual se tuvo que posponer ante el violento rechazo de los pobladores.
Gracias al compadrazgo con la titular de la Sener, Quintanilla y su familia han venido haciendo también grandes negocios no sólo con el Ayuntamiento de Coatzacoalcos, que desde enero de 2018 preside Víctor Manuel Carranza Rosaldo, un incondicional de Nahle y de su esposo José Luis Peña Peña, sino también con otras dependencias del gobierno federal.
El martes 23 de marzo de este año, por ejemplo, el Diario Oficial de la Federación publicó las sanciones que la Secretaría de la Función Pública (SFP), todavía encabezada por Irma Eréndira Sandoval, aplicó a dos empresas a las que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) les rescindió el contrato por incumplir la entrega de ventiladores para pacientes Covid-19.
Una de las proveedoras multadas y sancionadas con 3 años 9 meses de inhabilitación resultó ser Bidcom Energy S.A. de C.V., propiedad de los hermanos Josué y Jaime Quintanilla Ayache, sobrinos del compadre de Nahle.
En la denuncia interpuesta el 1 de junio de 2020 por la senadora Xóchitl Gálvez, la panista acusó que el IMSS adjudicó un contrato por 114 millones de pesos para adquirir ventiladores pese a que ofreció un precio superior al existente en el mercado y a que dicha empresa, de reciente creación, no tenía experiencia en el sector de insumos médicos.
Ante estos señalamientos, por esa misma fecha la diputada Verónica Juárez Piña, coordinadora de la bancada del PRD en la Cámara baja del Congreso de la Unión, exhortó a la Secretaría de la Función Pública a investigar a Nahle García por las reiteradas acusaciones de presunto conflicto de interés y tráfico de influencias en contratos que dependencias federales, entre ellas la Sener, han otorgado a empresarios cercanos a ella.
“No es la primera vez que Rocío Nahle se ve involucrada en un presunto acto de tráfico de influencias. Existe el antecedente de que supuestamente maniobró para que su esposo, José Luis Peña Peña, fuera jubilado por segunda ocasión de Pemex, donde trabajó como subjefe de Mantenimiento en el Complejo Petroquímico Pajaritos, en Coatzacoalcos, a fin de obtener una pensión que supera los 120 mil pesos mensuales, ya con bonos y prestaciones”, dijo la legisladora del partido del sol azteca, partido en el que militó la ingeniera química zacatecana hasta 2013.
La diputada Juárez Piña reiteró su exigencia de que la Secretaría de la Función Pública realizara una investigación para determinar si la titular de la Sener está involucrada o no en estos presuntos actos de corrupción de que se le acusa, pues puntualizó que aunque Nahle García niegue los hechos, ello no la eximía de responsabilidad.
¿Con todos estos antecedentes, de veras el presidente López Obrador la apoyaría para ser candidata de Morena a la gubernatura de Veracruz? Eso al menos supone ella, pues quienes se mueven en su entorno más cercano comentan que Nahle está tan segura que últimamente le han escuchado decir muy molesta: “¿qué no saben que Veracruz ya tiene dueña?”, en supuesta alusión al diputado federal oriundo de Minatitlán, Sergio Gutiérrez Luna, actual presidente de la mesa directiva de la LXV Legislatura y aspirante también a la misma candidatura, por lo que desde el mes pasado comenzó a reunirse con alcaldes, empresarios y medios de comunicación del sur, centro y norte de la entidad. |
