Pero qué significado tiene el hecho de que hayan sido aprobados los informes de las auditorías practicadas, por el Órgano de Fiscalización, mejor conocido como el Orfis, pues que es un paso más, del largo proceso que en la actualidad se tiene que seguir, para -se supone- tratar de justificar o enmendar los posibles desvíos que se han detectado en las dependencias estatales, municipios y entes fiscalizables.
Ahora que ya se corroboró que se tiene que proceder en contra de quienes no lograron justificar los posibles desvíos, el ORFIS debe de estar procediendo a elaborar las denuncias, que ahora nuevamente, se tendrán que presentar ante el Tribunal Administrativo, la Fiscalía General del Estado o la Contraloría Estatal, según sea el caso.
Hay que recordar, además, que los actuales funcionarios municipales, que ya se van y están a unos días de dejar el poder, no están exentos aún, ya que, dependiendo de las irregularidades encontradas en su administración, todavía pueden ser llamados a la justicia dentro de dos y hasta los siete años siguientes.
Así que no se van a poder ir tranquilamente a sus casas, sino que tienen que terminar la tarea de aclarar y justificar los malos manejos por un probable daño patrimonial por un monto superior a los mil 880 millones de pesos.
Prácticamente, en todos los 212 municipios en el Estado de Veracruz se detectaron irregularidades de presumen un daño patrimonial, pero la diferencia es que como diría aquel desvergonzado alcalde, si se llevaron, pero poquito.
Además, las cuentas públicas aprobadas por el Congreso del Estado, son las correspondientes al pasado año de 2020, falta todavía que se entregue el resultado de las auditorías practicadas en este último año de las administraciones municipales.
También sería interesante conocer, en que parte del proceso, van las aclaraciones o denuncias, que ya se deben de haber presentado, en contra de quienes no lograron justificar los desvíos detectados en la cuenta pública del 2019, que también recientemente fue presentada y aprobada en la Legislatura.
Por lo pronto, resulta un buen ejercicio, el ir analizando caso por caso, las cuentas públicas de algunos de los municipios que no justificaron su mala administración.
Y no solo son los municipios los que presentaron una mala administración, sino que, hasta la mismísima Universidad Veracruzana, registró un probable daño patrimonial por un monto de 995 mil 080 pesos, además de inconsistencias de carácter administrativo que dieron lugar a Recomendaciones.
En los 212 municipios de la entidad, derivado de las auditorías Financiera y Técnica a la Obra Pública, se detectaron irregularidades en la actuación de los servidores o ex servidores públicos, que hacen presumir la existencia de un presunto daño patrimonial por un monto de mil 671 millones 385 mil 720 pesos.
Así las cosas, con motivo de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020, se emitieron mil 994 observaciones de presunto daño patrimonial: 159 observaciones a Entes Estatales, mil 814 observaciones a Entes Municipales y 21 observaciones a Entidades Paramunicipales.
Pero como bien dice Pancho López, el filósofo ateniense xalapeño, “de todo hay en la viña del señor”, por ello es que bien vale la pena, el darle una espulgada a los reportes individuales de algunas de las instancias que son responsables de esas mil 994 observaciones que arrojaron también un daño patrimonial, que ascienden a un monto superior a mil 880 millones de pesos.
Que no son mil 880 cacahuates, sino mil 880 millones de pesos, de todos los veracruzanos, pero que ahora están en las carteras de unos cuantos.
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