Los gobiernos que no han mostrado capacidad para sacar adelante los problemas de sus entidades se han cobijado bajo un esquema judicial que nunca debió regresar al país; sin embargo, a los malos gobernantes les es de gran utilidad porque les sirve lo mismo para castigar contrincantes que para infundir miedo a la población y se reprima de denunciar las anomalías administrativas e incapacidades.

Así, desempolvaron una ley que fue cancelada por arbitraria llamada Ultrajes a la Autoridad que ha dejado mucho de qué hablar a lo largo y ancho del país. Tantas protestas desde los estados que afecta esta ley llegaron a la capital del país, llamando la atención del senador Ricardo Monreal, que es del mismo partido que los gobernadores que impusieron esa ley en detrimento de los derechos de los mexicanos, quien la calificó de anticonstitucional, desproporcionada y autoritaria.

La exigencia de libertad de Rogelio Franco Castán despertó las conciencias sobre esta ley extraída de los tiempos de la represión social y aplicarla, en el caso de Veracruz, a los tres días después de darle nueva vigencia, a grado tal que se le llamó Ley Franco desde ese momento, por las violaciones que acompañaron la detención del exlíder estatal del PRD y en ese entonces candidato a una diputación federal.

Por lo regular, esta ley se aplica actualmente a los contrincantes políticos para sacarlos de la jugada. En el caso de Rogelio Franco se le impidió tomar protesta personalmente como diputado por encontrarse preso, lo hizo a través de una carta, pero las traiciones dentro de su propio partido urgieron a que su curul fuera ocupada por su suplente, Jesús Alberto Velázquez Flores, quien había sido un parcial abogado defensor de Rogelio en esta querella, a pesar de que había sido su tutor político, y ahora ocupa su lugar en la Cámara de Diputados. Le jugó chueco.

Después vinieron otras aplicaciones de la Ley Franco igualmente arbitrarias que indignaron a las poblaciones donde la ley fue dada de alta, que recordaba la de Disolución Social, existente en 1968, durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, y que consistía en detener a grupos de dos o más personas que estuvieran en la calle.

Siguió Gregorio Gómez, candidato del PRD a la alcaldía de Tihuatlán, también aplicándole la Ley Franco, lo mismo que al panista Tito Delfín, recientemente. También la detención en septiembre de seis jóvenes que, sin haber cometido delito alguno, son consignados por la Ley Franco, también en Veracruz.

Ricardo Monreal ha mostrado interés en derogar esta ley, realizando una tarea que pocos funcionarios públicos toman en serio, que es la de defender a la población incluso ante sus propios correligionarios. Porque esa ley reapareció de los archivos empolvados de los regímenes represivos para tomar vigencia en la 4T.

El líder de la bancada de Morena en el Senado informó que envió una carta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitando que esta ley sea derogada por no cumplir con la legalidad y violentar los derechos elementales de los ciudadanos. Aseguró que no trata de perjudicar a nadie, sino de evitar que sigan cometiéndose abusos y violaciones a los derechos de los mexicanos, porque se presta a detenciones maquinadas y delitos amañados.

La Ley Franco debe desaparecer en nombre de la legalidad y, sobre todo, de la libertad. PEGA Y CORRE. - El sector salud prepara su plan de vacunación de tercera dosis contra Covid-19… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.

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