Para el ejercicio de sus funciones, los policías –no sólo los de Veracruz, sino los de todo el país y acaso de todo el mundo- son dotados de armamento con el que –se entiende- podrán defender a la sociedad y se podrán defender ellos mismos.
La dotación de esos implementos de trabajo está, en consecuencia, justificada.
Sin embargo, existe el riesgo de que algunos policías hagan mal uso de las armas con las que fueron dotados. Las pueden ocupar para cometer asaltos o cobrarse afrentas personales, sabedores (los policías) de que la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país carece de un arma para defenderse.
Para evitar que eso suceda (o al menos disminuir el riesgo) existen protocolos con los que se hace un seguimiento puntual de las armas y las municiones, de manera que cuando el policía no está en servicio, el arma debe estar resguardada en el arsenal de la corporación.
Hay otro escenario en el que se pueden presentar abusos de los policías, que es cuando acatan una instrucción de sus mandos. Ellos saben que lo que les ordenan es ilícito, pero están conscientes de que las consecuencias de incurrir en un desacato pueden ser muy graves.
Algo similar sucede con los tristemente célebres artículos 331 y 331-bis del Código Penal para el estado de Veracruz, que se refieren al delito de “ultrajes a la autoridad”, reformados –ambos- durante la actual administración estatal.
El secretario de Seguridad Pública Hugo Gutiérrez Maldonado (con antecedentes de haber cometido actos de corrupción y violatorios de los derechos humanos en los estados de Nuevo León y Coahuila) se congratula de que se hayan reformado dichos artículos pues, desde su óptica, “el policía también es humano, el policía también tiene familia, al policía también hay que protegerlo”.
Es la misma situación del arma de cargo. Ese ordenamiento pudo haber tenido, como función especial, la protección jurídica de los policías, pero sucede que hay quienes han encontrado un resquicio, una trampa en el Código Penal, para hacer mal uso del delito de “ultrajes a la autoridad”.
El tema no es nuevo. Hace más de un lustro llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en marzo del 2016 declaró inconstitucional ese mismo delito del Código Penal para la Ciudad de México, y que se sancionaba con penas de entre seis meses y 24 meses de prisión, así como con multas de hasta 100 días de salario.
Nueve ministros consideraron que ese precepto violaba el principio de exacta aplicación de la ley penal, en su vertiente de taxatividad (el término se refiere a la exigencia de que los textos en los que se recogen las normas describan con suficiente precisión qué actos o conductas están prohibidas y qué sanciones se impondrán a quienes incurran en ellas) ya que el tipo penal no era suficientemente claro al establecer las conductas prohibidas, y por tanto la sociedad no podría saber en qué momento podría o no estar incurriendo en ese delito.
La Corte aclaró que con esa determinación no pretendía validar las agresiones que pudiesen cometerse contra las autoridades con motivo o en ejercicio de sus funciones.
Lo acaba de reiterar el senador (por cierto, coordinador del grupo de Morena) Ricardo Monreal: “En las últimas semanas he insistido en que no debe de usarse el delito de ultrajes a la autoridad contra ciudadanos. Este delito es inconstitucional, desproporcionado y autoritario”.
Hizo un llamado al Congreso local para derogar esos artículos.
Lo lógico sería que los legisladores de su propio partido le tomaran la palabra, pero ante la cerrazón del gobernador veracruzano, se abre una extraordinaria oportunidad para que el grupo opositor se ponga al frente de esta cruzada contra los abusos de nuestros cuerpos policiacos.
¿Quién dice “yo”?
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Epílogo.
El jurista Tomás Mundo Arriasa advirtió que la vida del abogado Mario Santés Álvarez está en riesgo, a partir de la decisión de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Isabel Inés Romero, de despojarlo del cargo de defensor de oficio y retirarle los servicios médicos a los que tiene derecho y que necesita con urgencia por su delicado estado de salud. *** “La justicia en Veracruz es selectiva. @RicardoMonrealA. La @FGE_Veracruz le niega el derecho a la justicia a Mario Santés por proteger a la Presidenta del @TSJVer. Se niega a recibir pruebas científicas para probar el delito en contra de la presidenta. Hoy Mario está muy grave”, publicó en sus redes sociales Tomás Mundo. *** En las pasadas 24 horas se confirmaron 182 fallecimientos ocasionados por Covid-19, con lo que el registro nacional de la Secretaría de Salud (SSa) llegó a 294 mil 428. El reporte de esta tarde indica que los contagios siguen en aumento. En el periodo del 14 al 20 de diciembre, incrementó 8 por ciento la cantidad de personas con la infección. *** En cuanto al Plan Nacional de Vacunación, la Ssa informó que el martes se aplicaron 204 mil 091 dosis, para un acumulado de 132 millones 840 mil 902 aplicadas a nivel nacional. De las poco más de 77 millones de personas que tienen al menos una inyección de las vacunas, 85 por ciento ya tiene el esquema completo.
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